A través de un comunicado público emitido ayer, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) cuestionó a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por anunciar que otorgará aumentos salariales individuales.
Según publicó El País el pasado 31 de mayo, De León resolvió aprobar una partida de hasta 20 millones de pesos para aumentos salariales a funcionarios de su cartera. En esa oportunidad, la jerarca dijo que ella misma iba a decidir los aumentos “con nombre y apellido”. “A los que tuvieran una actitud perfecta. O sea que los que cumplen con su trabajo por encima de lo que les corresponde, posiblemente tengan un aumento. Y lo voy a decidir yo con nombre y apellido”, dijo, según declaraciones recogidas por el citado diario. El objetivo de la partida, según un decreto aprobado por el gobierno, era “asegurar que la remuneración de los profesionales y técnicos del Ministerio (de Vivienda)” sea “competitiva con el mercado laboral y evite la pérdida de recursos humanos especializados” en la administración pública.
La declaración de COFE repudia el anuncio de De León, sosteniendo que tiene “un componente de discriminación negativa, sienta un precedente muy peligroso, genera una situación de problema mayor al que presuntamente se pretende solucionar y es claramente oportunista por el marco de circunstancias que rodean a esta situación”.
Según COFE, el hecho de que la ministra sea quien decida los aumentos salariales “nos retrotrae a prácticas propias de épocas oscuras para la democracia de nuestro país, donde había funcionarios clase A, B y C”.