La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) instó hoy al gobierno uruguayo a modificar la Ley de Negociación Colectiva para antes del 1 de noviembre, en consulta previa con trabajadores y empresarios, de forma de atender las recomendaciones que este organismo le había hecho al país.
Además, la OIT le pidió al gobierno uruguayo “preparar, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, una memoria para presentarla a la Comisión de Expertos antes del 1° de septiembre de 2019, informando detalladamente sobre las medidas adoptadas para realizar progresos en la plena del Convenio en la legislación y la práctica”.
En 2010, la OIT observó la Ley en varios aspectos. La norma señala que si en la empresa no existe sindicato, la negociación debe hacerse de forma colectiva con el sindicato de rama, pero según observó el Comité de Libertad Sindical de la OIT, esa negociación solo podría realizarse cuando la empresa cuente con representación sindical. En caso contrario, debe reconocerse el derecho de negociación a través de la elección de representantes parte de los trabajadores. Por otra parte, la norma establece como regla la ultractividad de los convenios colectivos (es decir, que queda vigente tras su vencimiento), mientras que según el Comité de Libertad Sindical de la OIT esto debería surgir del propio acuerdo entre las partes y no de la ley. Por último, el Comité de la OIT estableció que las ocupaciones no deben afectar la libertad de trabajo de los no huelguistas.
Tras conocerse el mensaje de la OIT, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi aseguró que ya existen dos proyectos en el Parlamento que a su juicio contienen las soluciones para que Uruguay sea retirado de la llamada “lista negra” de ese organismo, uno presentado por él mismo y otro por sus colegas de bancada Pablo Abdala y Gerardo Amarilla. Según dijo, el gobierno no puede ignorar ni posponer más modificación de la legislación.
En tanto, la delegación del PIT-CNT emitió un comunicado desde Ginebra donde asegura que “ha naufragado la tentativa de colocar a Uruguay como un país que no acata las decisiones de los Órganos de Contralor de la OIT”. Allí, se sostiene que la posición de Uruguay fue defendida por las delegaciones de trabajadores y que ningún delegado de los gobiernos apoyó la queja empresarial. “Queda en evidencia que la inclusión de Uruguay en la denominada lista chica obedeció a motivos puramente políticos”, señala el comunicado.