En poco días se someterá a pre referéndum la Ley Integral para Personas Trans (Nº 19.684). Desde hace semanas circulan en la redes sociales distintas publicaciones que hablan sobre la ley.
verificado.uy, la coalición periodística integrada por la diaria, analizó un posteo de Facebook, publicado el sábado 13 de julio, y concluyó que algunos de los argumentos contra la ley son falsos.
Ayer, la diaria accedió a un video que habla sobre por qué votar en contra de la ley, en el que se repiten algunos de los conceptos de la publicación analizada.
En uno de los pasajes del video se afirma que “es una ley que habilita el cambio de nombre y de sexo en documentos de identidad a menores de edad, sin el consentimiento de los padres, lo que es legalizar mentiras”. Esa afirmación, según verificado.uy, es inexacta.
Lo que el artículo precisa es que en el caso de que los menores de edad no cuenten con el aval de sus representantes legales, se debe recurrir a los artículos 110 del Código Civil, al 404 del Código General del Proceso y a los artículos 8 y 11 bis de la ley 17.823. En ellos se detalla el procedimiento que debe transitar el interesado para que un juez sea quien defina los pasos a seguir. La Justicia es, en última instancia, la encargada de aprobar o denegar el cambio de sexo y/o nombre.
En cuanto al cambio de sexo el video dice: “Es una ley que habilita tratamientos de hormonización y mutilaciones sexuales a personas sanas, con miembros sanos, para adecuar su cuerpo a su autopercibida identidad de género, sin el consentimiento paterno, todo esto gratuitamente, a costa del bolsillo de los contribuyentes”.
verificado.uy había concluido que el artículo nunca establece la gratuidad de esos procesos, sino que se afirma que “toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género”, conforme a los postulados que se determinan en el artículo 45 de la ley que dio creación al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), en 2007.
Ana Laur, una de las personas que está trabajando para la derogación de la ley, dijo a la diaria que “no hay una organización que coordine tal o cual video”. “Por ejemplo, no pertenezco ni a su grupo político, ni a una organización religiosa en lo particular”, aseguró.