Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Winston Churchill afirmó hace casi 75 años que la democracia era la peor forma de gobierno, con la excepción de todas las demás que se habían intentado. También se puede decir que los organismos internacionales tienen numerosos problemas, pero que mucho peor sería su inexistencia. Esto es especialmente cierto para países como Uruguay, que no pueden hacerse valer por su poderío propio, y mantienen históricamente una política de apoyo y respeto al sistema de acuerdos, normas, tribunales y foros en escala internacional.
Esto implica garantías que nos protegen, pero también obligaciones. Muchos reaccionarios critican, en el plano nacional, el avance de la “agenda de derechos”, alegando que no jerarquiza los deberes, pero adoptan en las relaciones con el mundo un discurso de rebeldía nacionalista cuando a Uruguay se le reclama que cumpla con sus compromisos, sin expresar la menor incomodidad cuando los compromisos de otros países nos reportan beneficios.
Los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país son muy numerosos y abarcan áreas de una gran diversidad. Del mismo modo en que las personas se vinculan cada vez más con el mundo mediante celulares, los estados están cada vez más integrados en una trama planetaria. En ambos niveles, sin duda, hay riesgos importantes, pero no es menos indudable que las tendencias se mantienen.
El uruguayo Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia uruguaya de 2012 a 2017 y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala en esta edición que ese organismo, creado en 1979, ha ganado desde entonces legitimidad e influencia, y que se ocupa de cada vez más áreas temáticas.
Pérez Manrique no puede hablar de los casos que involucran a nuestro país, pero una de las actividades previstas por la corte en Uruguay, del 10 al 21 de este mes, es una audiencia de supervisión del cumplimiento de sentencia en el caso Gelman, que obliga al Estado uruguayo a diversas tareas de investigación y reparación por el terrorismo de Estado, en las que, como sabemos, queda mucho por hacer. Poco importa, a los efectos de esas obligaciones, que despotriquen quienes quieren presentar a los represores como víctimas e insisten sobre los presuntos beneficios del olvido.
Sylvia Mesa, uruguaya residente en Costa Rica, integra como representante de ese país el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Organización de los Estados Americanos. Desde esa posición institucional, señala que Uruguay puede verse en problemas internacionales si se aprueba el proyecto de ley sobre tenencia compartida, que trata en estos días la Cámara de Representantes.
Mesa no sólo menciona la posibilidad de que perdamos prestigio en el mundo y se nos retacee cooperación. También advierte que “las mujeres que se vean perjudicadas por esta iniciativa, agotada la vía interna”, pueden recurrir a la corte presidida por Pérez Manrique, “que tiene una sólida jurisprudencia” en la materia. No somos una isla ni vivimos aislados.
Hasta mañana.