La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) envió una carta al fiscal de Corte, Juan Gómez, expresando su preocupación por la situación generada con el fiscal especializado en Delitos Sexuales de 4° turno, Raúl Iglesias, investigado por archivar unas 300 causas en poco más de una semana.
“Vemos con preocupación que determinadas acciones adoptadas por distintas organizaciones, grupos de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica consagrada en el artículo 5 de la Ley 19.483”, sostiene la carta firmada por el presidente de la AAPU, Juan Fagúndez, y la secretaria general, Laura Robatto.
En la carta los abogados señalan que la independencia técnica “consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución, ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en cada caso concreto”, y cuestionaron que se haya dispuesto una investigación para saber los motivos por los que fueron archivadas las causas, cuando “constantemente se están archivando denuncias en las distintas fiscalías de todo el país”.
En esa línea, plantearon que cualquier víctima o denunciante que quiera cuestionar el trabajo de un fiscal para su caso concreto puede hacerlo a través de lo estipulado en el artículo 98.2 del nuevo Código del Proceso que habilita a pedir una revisión por un fiscal subrogante.
Para la asociación, “se ha generado una campaña de desprestigio por determinados sectores que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente sólo ha manifestado su voluntad de interpretar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales entre los que se destacan el de igualdad y del debido proceso”.
AAPU señaló que los abogados que la integran “defienden tanto a víctimas como a imputados”, y que “sólo pretende que el sistema de justicia opere de acuerdo a esos principios”.
“Estaremos siempre en contra de acciones como las que se están ejerciendo contra el Dr. Iglesias y otros operadores del sistema, que pretenden imponer una determinada ideología por fuera de lo que marca la Constitución y la ley, atentando contra esos principios de igualdad y debido proceso que han caracterizado siempre a nuestro sistema de justicia”, concluye la misiva.