Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La dura política contra el tabaquismo que llevó adelante Tabaré Vázquez en sus dos períodos como presidente de la República es valorada dentro y fuera de Uruguay por encima de los alineamientos partidarios. Cambió muchos aspectos de la vida cotidiana que estaban naturalizados, y hoy a la gente más joven le cuesta creer que en este país, no hace tantos años, la exposición al humo de tabaco en lugares cerrados y durante horas era cosa de todos los días.
Las nuevas normas establecidas desde el primer mandato de Vázquez son, por supuesto, discutibles, sobre todo porque en el fondo las fundamentaba, claramente, el deseo de combatir no sólo los perjuicios causados por las personas que fuman a las que no lo hacen, sino también la decisión libre de quienes eligen afectar su propia salud. De todos modos, pocas dudas caben de que el balance global de los resultados es positivo.
De la boca para afuera el elenco partidario reconoce esto, y aplaudió el triunfo del Estado uruguayo contra la demanda presentada por la empresa multinacional Philip Morris. De la boca para adentro, en la dirección que recorre el humo del tabaco con su carga de sustancias tóxicas, pesan otras consideraciones. Esto quedó demostrado con un decreto del presidente Luis Lacalle Pou que le puso marcha atrás a las políticas de Vázquez.
En esa norma, firmada el viernes de la semana pasada, se volvió a habilitar la venta de cigarrillos en envases de papel y con las identificaciones gráficas tradicionales de cada marca. La fundamentación de estas medidas dice muchísimo sobre el cambio de criterios.
Se alega que la cajilla blanda “ha sido tradicionalmente la de mayor venta en el mercado”, y que las que ingresan a Uruguay de contrabando, con otras marcas o falsificando las comercializadas legalmente aquí, tienen esa característica. Sobre esa base, se sostiene que el cambio de la norma es necesario para que las empresas que venden cigarrillos en forma legal puedan “competir más efectivamente”, y se agrega que estas empresas son las que pagan impuestos al Estado, de modo que la competencia desleal de los contrabandistas afecta la recaudación.
El decreto no indica qué tienen que ver estas justificaciones con el regreso de las imágenes de marca en los envases (y también en los propios cigarrillos), pero está claro que se quiere defender el negocio de las tabacaleras. Es importante tener en cuenta que Vázquez sabía perfectamente bien que ese negocio se veía perjudicado por sus medidas, y que los perjuicios se extendían a trabajadores involucrados en la producción, la distribución y la comercialización. Lo que sucede es que, al estimar costos y beneficios sociales, tenía convicciones muy firmes acerca de cuál era su deber.
La marcha atrás del Poder Ejecutivo merece un debate a fondo, aun si sus únicas motivaciones son las expuestas en el decreto. Mucho más grave sería que también hubieran pesado en esta decisión los aportes de algunas empresas tabacaleras a campañas electorales, pero el Estado no dispone de recursos efectivos para controlar el financiamiento privado a los partidos, y esto queda, lamentablemente, en el terreno de las dudas bochornosas.
Hasta mañana.