Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
A comienzos de 1974, ya en dictadura, los militares tomaron conocimiento de un intento de reorganización del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y lo reprimieron. En ese marco, un grupo del Ejército fuertemente armado irrumpió de madrugada, sin orden judicial, en una vivienda del barrio Brazo Oriental, buscando a una persona que no estaba allí, y mató a tres jóvenes tupamaras, las “muchachas de abril”. Sus nombres eran Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, quien estaba embarazada. La primera tenía 22 años; las otras dos, 19.
La versión oficial de aquel momento sostuvo que se produjo un enfrentamiento en el que las muchachas hirieron gravemente al oficial Julio César Gutiérrez, quien falleció semanas después, pero los médicos militares que lo atendieron registraron que tenía impactos de ametralladora, y según el Ejército las tupamaras contaban sólo con un par de pistolas, de modo que sólo cabe pensar que a Gutiérrez lo mataron sin intención sus propios compañeros. También recibió una herida, de menor entidad, el oficial Juan Modesto Rebollo, quien luego llegó a ser, en democracia, comandante en jefe del Ejército.
Maidanik, Raggio y Reyes no fueron “ejecutadas”. Se ejecuta, en los países en que hay pena de muerte, una sentencia judicial. A ellas las mataron, según la investigación de Fiscalía, cuando ya no podían defenderse, y eso se llama asesinato.
La ausencia de esclarecimiento de estos asesinatos motivó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2021 condenó al Estado uruguayo (como en el caso Gelman) a reconocer públicamente sus responsabilidades, adoptar medidas reparatorias, y cumplir de una vez con los procedimientos judiciales correspondientes (al año siguiente fue procesado Rebollo). La sentencia indica que el reconocimiento debe ser realizado con participación de “las más altas jerarquías de los tres poderes” del Estado, pero el gobierno nacional informó que en vez del presidente Luis Lacalle Pou asistirá la vicepresidenta Beatriz Argimón.
A esto se suma que varios dirigentes políticos oficialistas intentan refutar el fallo de la Corte IDH con afirmaciones inaceptables.
El fallo no justifica ni homenajea la lucha guerrillera, que en este caso se intentaba contra una dictadura. Señala que la violencia política ejercida contra Maidanik, Raggio y Reyes, desde un poder del Estado usurpado, fue un acto criminal de lesa humanidad, con uso desmedido e injustificado de la fuerza, seguido por varias décadas de omisión y obstrucción de la Justicia.
Quizá Lacalle Pou obre por convicción ideológica y quizá no tenga tal convicción, pero quiera ganar apoyo político y electoral entre personas que sí la tienen. Sea como fuere, que no dé la cara implicaría una profunda incomprensión del fallo, y también el egocentrismo injustificable de poner sus convicciones o conveniencias por encima de sus responsabilidades.
Hasta el martes.