Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La oposición está de acuerdo con el oficialismo acerca de la conveniencia para el país de crear una Universidad de la Educación, pero mantiene su rechazo histórico a que ese organismo tenga un cogobierno como el de la Universidad de la República (Udelar). La discrepancia es profunda e histórica en el área educativa. Desde la salida de la dictadura se reclama, sin éxito, una institución universitaria, pero la oposición al cogobierno con el modelo de la Udelar se impuso cuando fue creado en 2010 el Consejo de Formación en Educación (CFE). La misma posición contraria prevaleció para la Universidad Tecnológica (UTEC), creada en 2012.
El CFE tiene cinco integrantes, y la designación de tres le corresponde al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, en el que a su vez hay una mayoría de tres en cinco designada por el presidente de la República con venia del Senado. En el Codicen están en minoría las dos personas elegidas por el cuerpo docente para representarlo; en el CFE también son minoría las dos que representan, respectivamente, a docentes y estudiantes. La ley de creación de la UTEC estableció un sistema de cogobierno que se postergó hasta que fue eliminado en 2022 mediante una decisión parlamentaria de discutida constitucionalidad.
El modelo de la Udelar tomó los principios de autonomía y cogobierno conquistados en la reforma universitaria cordobesa de 1918, sobre la base de un sistema previo en el que el estudiantado votaba para elegir rectores y decanos desde 1849. Una larga tradición histórica concibe la coparticipación en el gobierno como una característica esencial de la institución universitaria pública, reforzada porque la Udelar no tuvo competencia privada hasta que a fines de la dictadura se autorizó la creación de la Universidad Católica.
El rechazo a este modelo se debe, obviamente, a la convicción de que los gremios se apoderan de la representación de los órdenes y ejercen la conducción con criterios políticos izquierdistas. Esto a veces se dice con todas las letras y en otras ocasiones se alega que el sistema resulta excesivamente burocrático y lento, pero el argumento de la politización siempre está presente, potenciado en los últimos tiempos por la concepción derechista de la “batalla cultural”.
Sin embargo, y en forma paradójica, el remedio propuesto para la politización es que el gobierno de las instituciones sea designado por la mayoría oficialista de turno en el gobierno nacional, con el argumento de que sólo así se asegura una conducción representativa de “la voluntad ciudadana” expresada en las urnas.
La autonomía y el cogobierno no significan, por supuesto, que todas las decisiones sean correctas y oportunas, pero garantizan requisitos esenciales de la educación superior. Por un lado, la participación democrática y el debate crítico, cuya esencia política es inevitable; por otro, que las decisiones académicas sean adoptadas con respeto por las opiniones de quienes cuentan con formación especializada y objetivos que trasciendan los vaivenes en el gobierno nacional. Sin estas características, resulta muy discutible que una institución sea cabalmente universitaria.
Hasta mañana.