Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Corresponde preocuparse cuando hay fuentes de trabajo perdidas o amenazadas, como ha ocurrido en los últimos meses con la retirada de Uruguay de la autopartista Yazaki, el cierre de la cooperativa láctea Calcar, la situación incierta de la cadena de panaderías La Vienesa o los despidos en Paycueros. Lo que no corresponde es poner en circulación relatos políticos disparatados que atribuyen estos hechos a la percepción empresarial de riesgos con el nuevo gobierno del Frente Amplio. Los cuatro casos mencionados son muy distintos, y ninguno de ellos tiene que ver con algo que las nuevas autoridades nacionales hayan hecho o se propongan hacer.
Sí hay una serie de problemas que afectan el desarrollo económico y humano de Uruguay, independientes de que Luis Lacalle Pou le haya entregado la banda presidencial a Yamandú Orsi hace poco más de un mes y medio. Hacerles frente es una tarea urgente, pero no va a ser posible que se resuelvan en el corto plazo. Por eso mismo, es fundamental que haya orientaciones estratégicas claras y sostenidas, que en términos ideales deberían surgir de acuerdos sociales y políticos amplios.
Esos problemas se vinculan, entre otros factores locales, con una población escasa, decreciente y envejecida, un mercado interno de poca magnitud, una notoria desigualdad social que le resta calificación y productividad a buena parte de la fuerza de trabajo, un apoyo insuficiente al desarrollo científico y una matriz productiva muy dependiente de la demanda externa de productos primarios.
A su vez, la coyuntura internacional actual hace prever el agravamiento de otras dificultades, como las de acceso a mercados, inversiones y crédito. Todo lo antedicho contribuye a que sea más difícil lograr mayores niveles de crecimiento económico, necesarios para el desarrollo de mejores políticas públicas.
Varios de nuestros problemas son compartidos por el resto de la región, como queda de manifiesto en un informe de la Organización Mundial del Trabajo sobre “Trabajo, empleo, protección laboral y social en América Latina y el Caribe, 1994-2024”, publicado ayer.
Los autores, Fabio Bertranou y Sonia Gontero, señalan que si bien la calidad del empleo, la inclusión laboral y la protección social “han registrado importantes avances desde mediados de los años 90”, las transformaciones estructurales “siguen siendo insuficientes para generar empleos de calidad que la creciente oferta laboral de la región necesita, mejorar la productividad para distribuir mejor los frutos del crecimiento y asegurar trayectorias laborales más justas y sostenibles para todos”.
La lista de asuntos pendientes incluye los niveles de informalidad laboral, que limitan “el crecimiento económico, la protección social y la productividad”; las brechas de acceso a buenos empleos que perjudican a mujeres y jóvenes; la desigualdad de género en el reparto de trabajo no remunerado; la regulación de cambios tecnológicos que están cambiando profundamente las relaciones laborales, y el desarrollo de sistemas de protección social más inclusivos y sustentables.
Lo peor que puede ocurrir ante los problemas compartidos es el “sálvese quien pueda”, desintegrador y especialmente dañino para los más débiles; lo mejor es que sean aprovechados como oportunidades para la cooperación y los acuerdos integradores. Se trata de comprender esto en escala nacional, en la región y en las relaciones con el resto del mundo.
Hasta el lunes.