La cantidad de tierras destinada a la plantación de eucaliptos en el departamento de Colonia para la producción de celulosa prácticamente se ha quintuplicado en la última década. En la actualidad, hay más de 11.000 hectáreas forestadas, mientras que hace diez años eran poco más de 2.000, según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Además, la tendencia indica que ese crecimiento se mantendría en los próximos años, debido a la cantidad de pedidos para forestar campos que llegan a la Intendencia de Colonia mediante la vía de la excepción.
Esa situación es vista con preocupación por sectores políticos, sociales y también por la academia, que coinciden en que el modelo forestal pone en riesgo a los sistemas productivos preexistentes en tierras colonienses basados en la producción familiar.
Las directrices de ordenamiento territorial vigentes en el departamento de Colonia establecen que la Junta Departamental debe aprobar los pedidos de forestación de predios menores a las 100 hectáreas, siempre que el área de bosques no afecte a más de 8% de los suelos de la unidad productiva cuyo índice Coneat resulte mayor a 88, de modo que no compita con otras actividades productivas como la agricultura o la lechería.
Mediante el camino de la excepción y con la presentación de informes técnicos, los propietarios de tierra pueden solicitar autorización para forestar en otro tipo de predios, también menores a 100 hectáreas porque cuando supera esa extensión se debe requerir permisos al gobierno nacional.
La reglamentación establece que a la hora de autorizar los pedidos de excepción, el ejecutivo y la Junta Departamental de Colonia deben evaluar la concreción de ciertas “finalidades”, como “la integración con otros rubros productivos, que permitan un mejor resultado económico para dicha unidad, diversificar, permitir un desarrollo de sistemas silvopastoriles, diseños de cortinas de abrigo y sombra, generar sistemas que mitiguen los procesos de erosión del recurso suelo”.
Sin embargo, ediles de lista frenteamplista 343 consideran que las finalidades que deberían asegurar esa excepciones no se están cumpliendo, sino que únicamente se prioriza el interés económico de los solicitantes, según indicaron en un proyecto de decreto que apunta a anular el camino de las excepciones previstas en las directrices de ordenamiento territorial vigentes.
“Ese numeral no contempla la dimensión ambiental ni la sostenibilidad, al decir que se evaluará algunas de esas finalidades, sino que da a entender que con sólo una finalidad -la económica, en el caso de quienes la solicitan- es suficiente para aprobar la excepción”, explicó el edil Ismael Perrachón a la diaria.
Perrachón comentó que los proyectos forestales terminan sembrando árboles “con una densidad alta” que no permite la convivencia con la ganadería; además, esa densidad genera la interceptación del agua por parte del follaje de los árboles, “impidiendo que un 20% del agua llegue al suelo”.
Con la presentación de este proyecto, la lista 343 apunta a “colocar este tema en la agenda” en una coyuntura marcada por el inicio del análisis de otro pedido de excepción, presentado por la firma Barbieri, en la Junta Departamental, comentó el edil. Ese nuevo proyecto forestal apunta a sembrar eucaliptos en una superficie mayor a 8% “de un predio que tiene un buen suelo, con índice Coneat cercano a 100”, advirtió el edil.