(Es 4 de junio. Faltan 26 días para las elecciones internas y 145 para las nacionales)
Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.
El sentido común instalado entre políticos y politólogos recomienda moderar las propuestas y el discurso, a fin de atraer a los indecisos que definen el resultado de las elecciones. Sin embargo, esto no se aplica tanto a las internas. En ellas, votar no es obligatorio, y quienes lo hacen están por lo general más politizados que el promedio de la ciudadanía. Además, los precandidatos que no aparecen primeros en las encuestas se vuelven menos prudentes a medida que se acerca el 30 de junio.
Quienes eligen la cuestión de la seguridad pública como un eje de su campaña no tienen forma de tratarla con moderación y centrismo: sólo tiene convocatoria electoral entre las personas que se sienten amenazadas y piensan que hay soluciones drásticas viables. Esas personas son muchas, y el tema es tentador para quienes tienen urgencia por sumar votos.
Ayer, el nacionalista Juan Sartori anunció que ensobrará en octubre, con sus listas, las papeletas por el Sí a la reforma constitucional lanzada por Jorge Larrañaga, que implica entre otras cosas la creación de una Guardia Nacional formada por militares. Así, Sartori se vuelve más atractivo para los votantes que le disputa a Larrañaga, y busca acortar la distancia que lo separa del puntero Luis Lacalle Pou.
El empresario transmitió, por medio del comisario mayor retirado Washington Cruz -un cambio, ya que hasta ahora había dado poca participación a sus asesores en la campaña- 15 medidas para mejorar la seguridad. Según Cruz, se pueden implementar en un plazo de tres a seis meses, y Sartori aseguró que no aumentarán el gasto público. Varias de ellas son poco claras, pero quizá buscan sobre todo generar la sensación de que el precandidato también puede ofrecer en esta materia soluciones eficientes.
A Guido Manini Ríos no le hace falta detallar mucho sus propuestas sobre seguridad: le basta con ser quien es y asegurar que pondrá “orden” en el “caos hoy imperante”.
Cuando el precandidato colorado Ernesto Talvi lanzó su postulación, no tenía rivales de gran peso a la vista y presentó un perfil relativamente centrista, poco apegado a las tradiciones de su partido y apto para atraer a nuevos votantes. Luego, la vuelta al ruedo de Julio María Sanguinetti le complicó la campaña, no sólo porque el ex presidente lo supera en las encuestas, sino también porque lo obliga a combinar los mensajes que había elegido inicialmente con otros que le permitan dar pelea en la interna. Quizá por eso, Talvi también lanzó ayer una serie de propuestas sobre seguridad, con un diagnóstico un poco tremendista sobre la situación actual e ideas como la de “permitir los registros personales preventivos a sospechosos”, que parecen orientadas a los votantes más conservadores.
Por otra parte, comienzan a expresar sus puntos de vista sobre el rumbo que debería tomar el país algunas organizaciones sociales, tanto empresariales como sindicales, que no presentan listas propias ni están especialmente interesadas en caerle bien a la mayor cantidad posible de votantes.
El 27 de mayo, la Confederación de Cámaras Empresariales había dado a conocer medidas que considera necesario aplicar en forma urgente: entre ellas, reducir el gasto público, los impuestos y el propio Estado, aumentar el precio del dólar, acotar el margen de acción de los sindicatos en conflicto, flexibilizar las normas laborales y desmonopolizar la venta de combustibles. Ayer, como en una caricatura que enfrentara a patronales privadas con empleados públicos, le salió al cruce la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que rechazó “tajantemente” aquellas propuestas. COFE sostuvo que los empresarios quieren aumentar su lucro “a costa de la pérdida de poder adquisitivo y derechos de trabajadores y pasivos”, y criticó en especial el reclamo de que durante el próximo período de gobierno no se cubran vacantes de funcionarios públicos. Aseguró que la necesidad de que estos aumenten “en varias reparticiones del Estado [...] es tan grande que pone en peligro funciones básicas”, incluso -volvemos al tema anterior- para “la seguridad de la población”.
Hasta mañana.