(Faltan 110 días para las elecciones nacionales)
Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.
Estamos en un momento de aclaraciones, y la de mayor importancia es la que le pedirá el Partido Colorado a la Corte Electoral, nada menos que para saber si Robert Silva, elegido por Ernesto Talvi para completar la fórmula con el beneplácito de los demás sectores, puede postularse a la vicepresidencia o está inhabilitado para ello. Más allá del debate sobre derecho constitucional, la situación indica que los colorados no han perdido sólo votantes, sino también cierto profesionalismo político que los caracterizaba en tiempos mejores. Tener pendiente por este motivo la definición de la fórmula empaña un poco la imagen de solvencia y eficacia que viene proyectando Talvi.
En el Frente Amplio también hay aclaraciones relacionadas con la candidatura a la vicepresidencia. Graciela Villar, elegida como compañera de fórmula por Daniel Martínez, hizo cursos en el Taller de Análisis Institucional y Grupo Operativo (TAIGO), que funcionó desde fines de los años 80 hasta mediados de los 90. TAIGO trabajaba en el marco de la psicología social desarrollada en Argentina por Enrique Pichon Rivière, a quien nunca le interesó convertir su escuela en una carrera universitaria formal (como sucede también, por ejemplo, con la formación que brinda la Asociación Psicoanalítica del Uruguay). En ese contexto, Villar se identificaba como “psicóloga social”, algo bastante común, que hasta hace poco no creaba confusión con ningún título universitario, porque no lo había. De todos modos, cuando aceptó postularse redactó con más precisión su perfil en redes sociales, indicando que tiene “formación en socioanálisis”, probablemente para que no la quisieran equiparar con Raúl Sendic, pero igual la quisieron equiparar.
Pide aclaraciones la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, acerca de lo ocurrido en el portal de noticias Ecos, propiedad de Juan Sartori. La semana pasada se denunció que la patronal había decidido transformarlo en una herramienta política sectorial, y que pretendía que los periodistas que no quisieran trabajar en esa línea renunciaran. Tras el revuelo, parece claro que Sartori resolvió arreglar el problema (que ahora se atribuye a una desubicación de su lugarteniente Óscar Costa) y pagar los despidos que correspondan, pero no menos claro parece que el diputado Pablo Abdala quiere ventilar cuanto sea posible el caso. Su sector, que es el de Jorge Larrañaga, no quedó en relaciones amistosas con Sartori.
Mientras dirigentes nacionalistas y colorados discuten si estarían dispuestos a formar una coalición de gobierno con Cabildo Abierto, el partido que postula a Guido Manini Ríos, el ex comandante en jefe del Ejército salió también a aclarar: dice que, aunque lo invitaran, él no aceptaría. Un problema menos para la actual oposición.
No tiene nada que aclarar el intendente frenteamplista de Salto, Andrés Lima. En las internas, varios sectores descontentos con su gestión y su estilo (desde el Movimiento de Participación Popular y Casa Grande hasta Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano) se aliaron en un sublema, pero Lima les ganó.
Hasta mañana.
Aclaraciones sobre la formación de la APU
La Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU) envió a la diaria un mensaje en el que sostiene que este artículo “alude incorrectamente a la formación que brinda” esa asociación. La APU señala que es “una institución científica fundada en 1955”, y que “su instituto de formación, con más de 60 años de historia, fue acreditado por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay [MEC] con el nivel de instituto universitario de postgrado en psicoanálisis [...] en julio de 2003, e imparte el postgrado universitario de máster en psicoanálisis”.
La precisión corresponde, pero requiere un complemento. Según surge del propio mensaje, la formación en psicoanálisis que brinda la APU, con “más de 60 años de historia”, sólo desde 2003 está acreditada por el MEC como posgrado universitario. Antes de eso, y durante varias décadas, personas de muy justificado prestigio en Uruguay se identificaron como psicoanalistas sin que nadie discutiera que lo eran, pese a que su formación y título habilitante provenían de una institución privada que no estaba oficialmente acreditada. Por eso se planteó la comparación con la psicología social desarrollada por Enrique Pichon Rivière (un destacado pionero del psicoanálisis en Argentina), a quien, como decía el artículo publicado, “nunca le interesó convertir su escuela en una carrera universitaria formal”.
Tampoco está de más señalar que lo que hizo la APU, en el marco de un proceso de legislación orientado a ordenar las titulaciones y el ejercicio profesional en el “campo psi”, no fue incorporar su transmisión de saber a la Universidad de la República, sino legitimar una práctica formativa que ha seguido realizando por su cuenta.