Luego de consolidar una de las matrices eléctricas más renovables del mundo, Uruguay enfrenta un desafío distinto al de la última década: lograr que ese sistema funcione de manera “segura, confiable y eficiente” todos los días.
En ese nuevo escenario, el rol de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) es acompañar la transformación tecnológica sin poner en riesgo la calidad del servicio ni la protección de los usuarios, dijo a la diaria el presidente del organismo, Andrés Cardozo.
“El desafío ya no pasa sólo por generar electricidad con fuentes renovables no convencionales. Uruguay ya transitó ese camino y lo hizo con éxito; la nueva etapa exige poner foco en sistemas eléctricos cada vez más complejos y dinámicos”, expresó.
Para lograrlo, el desafío será “repensar cómo se integra, gestiona y utiliza la energía de forma más eficiente” y acompañar técnicamente esa “creciente complejidad”, añadió.
En ese contexto, la estabilidad regulatoria aparece como un factor clave. “Generar reglas claras y previsibles, basadas en evidencia técnica, que den buenas señales para la inversión y para una operación eficiente del sistema”, puntualizó el jerarca, y consideró que, sin ese marco, “resultará difícil sostener en el tiempo el buen desempeño del sistema eléctrico”.
La electromovilidad, el hidrógeno verde y el avance de las redes inteligentes son algunos de los ejes donde esa tensión entre innovación y regulación se vuelve más visible.
¿Qué decisiones regulatorias pueden ayudar a que el país mantenga su liderazgo internacional en energía limpia?
Uruguay es reconocido internacionalmente por su matriz eléctrica renovable, y eso es el resultado de una transformación profunda, sostenida en el tiempo y basada en decisiones de política pública de largo plazo. Esas definiciones corresponden al Poder Ejecutivo, en particular al MIEM [Ministerio de Industria, Energía y Minería], y además han requerido acuerdos políticos amplios que le dieron estabilidad al proceso.
Desde la Ursea, una vez que ese rumbo está definido, el foco está en asegurar que esa matriz renovable se traduzca, todos los días, en un servicio eléctrico seguro, confiable, eficiente y de buena calidad para los usuarios.
Para eso, la regulación tiene varios desafíos. Uno de ellos es acompañar técnicamente la creciente complejidad del sistema eléctrico, que hoy tiene una alta participación de generación variable en el corto plazo que desafía los sistemas de despacho tradicionales. Eso implica contar con marcos normativos claros y actualizados, en un contexto de cambio constante, y prestar especial atención a aspectos como la calidad de la tensión, la continuidad del servicio y la correcta operación de las redes.
Otro punto clave es generar reglas claras y previsibles, basadas en evidencia técnica, que den buenas señales para la inversión y para una operación eficiente del sistema. La estabilidad regulatoria es fundamental para que el sistema funcione bien y pueda sostener su desempeño a lo largo del tiempo.
Finalmente, hay un rol muy importante en el monitoreo y la fiscalización. Contar con estándares técnicos robustos y con información de calidad permite detectar problemas a tiempo, corregirlos y proteger a los usuarios. Mantener el liderazgo no es sólo seguir incorporando [energías] renovables, sino lograr que el sistema eléctrico funcione correctamente todos los días. En ese equilibrio entre innovación y confiabilidad, la regulación cumple un papel central. No es una tarea fácil, no sólo es un desafío para Uruguay, lo es también para el mundo.
Usted ha señalado que la fase actual va más allá de simplemente generar electricidad. ¿Cómo se piensa integrar nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia energética?
Es cierto que hoy el desafío no pasa sólo por generar electricidad con fuentes renovables no convencionales, Uruguay ya transitó ese camino y lo hizo con éxito. Es posible hacer más, pero ya conocemos el camino, los desafíos, hay expertise técnica y regulatoria suficiente. El principal desafío hoy es que los sistemas eléctricos son cada vez más complejos y dinámicos, y eso obliga a pensar en cómo se integra, se gestiona y se usa la energía de forma más eficiente, pensando en seguir incorporando más energía renovable no convencional.
En la práctica, esto implica adaptar marcos técnicos y regulatorios para sistemas más flexibles, con mayor digitalización, nuevas formas de consumo y de generación distribuida, y una operación de las redes más exigente. Todo eso requiere reglas claras, estándares técnicos adecuados y una supervisión acorde a esa nueva realidad.
En cuanto a la eficiencia energética, desde la regulación es clave que existan señales correctas: que los costos sean visibles, que la calidad del servicio esté bien medida y que la información sea confiable. La eficiencia no se logra sólo con tecnología, sino también con buenas reglas, con información de calidad y con usuarios protegidos y bien informados.
En definitiva, esta nueva etapa exige que el sistema funcione de forma más inteligente y más eficiente, y en eso la regulación tiene un rol silencioso pero fundamental: crear las condiciones para que los cambios tecnológicos que se adoptan como parte de una política energética se traduzcan en mejoras reales para nuestra sociedad.
¿Qué implica para la Ursea regular esta segunda transición energética? ¿Qué ajustes normativos considera imprescindibles?
Pienso que no vivimos una segunda transición energética, sino la profundización de una transición energética hacia la descarbonización, en la que Uruguay madrugó en el mundo. El desafío de la Ursea es acompañar ese proceso desde la regulación, anticipándose a los nuevos riesgos y necesidades que trae un sistema energético cada vez más diverso y complejo.
Para el regulador, esta etapa implica ampliar la mirada más allá del sistema eléctrico tradicional, considerando incorporar nuevas tecnologías y vectores energéticos, como el hidrógeno, que abren oportunidades relevantes para el país. Pero también plantea desafíos técnicos, de seguridad, de impacto global en el sector y de necesaria coordinación institucional. En ese sentido, la Ursea ya ha avanzado en la regulación vinculada a la seguridad de las instalaciones asociadas al hidrógeno, que hoy es el principal ámbito de competencia directa del regulador en esta materia.
Hacia adelante, será necesario seguir ajustando marcos normativos para asegurar que el desarrollo de estas nuevas actividades se dé bajo estándares claros, previsibles y alineados con las mejores prácticas internacionales, cuidando siempre la seguridad de las personas, las instalaciones, el entorno y el trabajo de los actores existentes en el sector.
¿La electromovilidad es una de las prioridades de la Ursea para la próxima década?
Todo indica que la electromovilidad es uno de los ejes relevantes en el sector energético para los próximos años, y la definición de sus objetivos y su velocidad de despliegue forman parte de la política energética que fija el Ejecutivo. Nuestro rol es acompañar desde la regulación el rumbo que se fije en materia de política energética, cuidando que la transición sea segura, ordenada y centrada en los usuarios.
La Ursea ya tiene competencias directas en este proceso. Por un lado, hemos avanzado en la regulación técnica de los sistemas de alimentación de vehículos eléctricos [SAVE] al establecer condiciones técnicas y de seguridad para su instalación y operación, algo fundamental para generar confianza en los usuarios y en los operadores.
Por otro lado, no hay que perder de vista que la Ursea también regula los combustibles líquidos que son el energético de los autos convencionales con motor a explosión. Esto implica que la transición hacia la electromovilidad no puede pensarse, a mi juicio, como un cambio abrupto y no coordinado, sino como un proceso gradual, en el que convivirán distintas tecnologías, cuidando no sólo el desarrollo de lo que se viene, sino de lo que ya está funcionando, que forma parte de la economía y la vida diaria de muchas personas.
La electromovilidad no es sólo un cambio tecnológico: trae aparejado un cambio operativo, de reacomodo de infraestructura existente y de desarrollo de nueva infraestructura, y en eso el rol del regulador es clave para que el proceso sea realizable y sostenible en el tiempo.
¿Cuáles son las principales barreras regulatorias que hoy frenan el despliegue masivo de vehículos eléctricos en Uruguay?
Prefiero hablar de desafíos, no de barreras. No hay algo explícito tan relevante que impida el desarrollo de la electromovilidad, pero sí cuestiones que requieren atención y de las que es necesario ocuparse. Como desafíos, no aparecen tantos vacíos normativos puntuales –aunque siempre los hay–, sino la necesidad de coordinar adecuadamente a los distintos actores involucrados y de adaptar marcos existentes a una realidad tecnológica distinta. La infraestructura de carga, la interacción con las redes eléctricas, los estándares técnicos y la convivencia con los sistemas tradicionales de combustibles líquidos son aspectos que requieren reglas claras y previsibles.
Asimismo, la electromovilidad introduce nuevos modelos de operación, mantenimiento y servicio posventa, que implican cambios relevantes respecto de los esquemas tradicionales del sector del transporte y los combustibles. En ese sentido, es importante que la regulación contemple no sólo la dimensión técnica y económica, sino también los impactos en la organización de los mercados y en el empleo, promoviendo una transición que sea gradual y ordenada.
Mi opinión como técnico y como conocedor del sector energético es que el mundo no va hacia una única tecnología de movilidad, sino hacia un objetivo común de descarbonización. La electromovilidad usando baterías es central, pero convivirá con otras soluciones, como el gas natural, el hidrógeno, los combustibles alternativos y también los combustibles fósiles, según el tipo de transporte y la realidad de cada país, siguiendo gradualmente el objetivo de la descarbonización. También en lo personal, cómo técnico, creo que este tipo de procesos en los que conviven tecnologías maduras con nuevas, modelos de negocio existentes con emergentes, en escenarios de incertidumbre, se construyen mejor con diálogo, coordinación institucional y una mirada integral que permita remover barreras sin generar distorsiones y cuidando el interés general. La regulación no debe ser un obstáculo, pero tampoco se puede perder de vista la necesidad de dar certezas a los actores y proteger a los usuarios en un escenario de cambios profundos.
¿Qué vacíos regulatorios identifica la Ursea que deben resolverse para que Uruguay pueda posicionarse globalmente en hidrógeno verde?
Más que hablar de vacíos regulatorios, yo diría que en Uruguay hoy existe un marco jurídico y regulatorio general que permite empezar a trabajar, incluso frente a tecnologías novedosas para el país como el hidrógeno verde.
Desde el punto de vista de la Ursea, hasta ahora el foco ha estado puesto en los aspectos relacionados con la seguridad, en particular en lo que se refiere a instalaciones y equipos vinculados al hidrógeno, que es en lo que tenemos competencias claras como regulador. Eso es un punto de partida relevante, pero naturalmente no agota todos los desafíos que puede traer un eventual desarrollo a mayor escala. En la medida en que se van concretando proyectos, seguramente será necesario ir ajustando y complementando el marco normativo, por ejemplo, en temas de transporte, almacenamiento, interfaces con otros sectores energéticos o esquemas de habilitación específicos. En ese proceso, el rol de la Ursea será acompañar desde lo técnico y lo regulatorio, cuidando siempre la seguridad, la transparencia. la eficiencia y el interés general.
En definitiva, no se trata tanto de que hoy falte regulación, sino de ir adaptándola de manera gradual y coherente, a medida que la tecnología y los proyectos concretos lo vayan requiriendo.
Usted suele hablar de la necesidad de mantener la neutralidad tecnológica. ¿Qué tecnologías emergentes podrían requerir normativas nuevas en los próximos cinco años?
Cuando hablo de neutralidad tecnológica no me refiero a indiferencia, sino a la necesidad de que la regulación no anticipe ganadores en carreras tecnológicas, de que se establezcan reglas claras, seguras y equitativas para distintas soluciones tecnológicas que puedan convivir y competir para disponer del mejor combo para nuestro país.
En los próximos cinco años es esperable que varias tecnologías emergentes requieran ajustes normativos o nuevos marcos regulatorios. Entre ellas, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura para electromovilidad, tanto en lo relativo a la seguridad y operación de los sistemas de carga como a su integración con las redes eléctricas y armonización con la distribución de combustibles líquidos o gaseosos. También el avance de nuevos vectores energéticos, como el hidrógeno en distintas aplicaciones, plantea desafíos regulatorios relevantes, especialmente en materia de seguridad y transporte, estándares técnicos y responsabilidades.
Asimismo, la mayor digitalización del sector energético, con redes más inteligentes, sistemas de medición avanzada y mayor intercambio de datos, va a requerir marcos normativos que contemplen no sólo aspectos técnicos, sino también temas de interoperabilidad, calidad de la información y protección de los usuarios.
En todos los casos, el desafío para el regulador es acompañar la innovación sin frenarla.
¿Cómo se asegura la Ursea de regular sin frenar la innovación?
Regular sin frenar la innovación implica entender que la regulación no puede ir siempre por delante de la tecnología, pero tampoco puede llegar demasiado tarde. El desafío para la Ursea es encontrar ese punto de equilibrio, un desafío que no es sólo de la Ursea, sino de todos los reguladores del mundo.
Desde nuestro rol, esto se podría abordar de varias maneras. Por un lado, evitando regulaciones excesivamente prescriptivas, tecnológicamente cerradas, y priorizando, en cambio, enfoques basados en objetivos, desempeño y seguridad. Esto permite que distintas tecnologías puedan desarrollarse y competir, siempre que cumplan con estándares mínimos claros.
Por otro lado, es clave incorporar mecanismos de flexibilidad regulatoria, como los regulatory sandboxes, que permiten probar nuevas soluciones en entornos controlados que facilitan el aprendizaje institucional y generan evidencia real para diseñar regulaciones más adecuadas en el futuro.
¿Cuál es el mayor riesgo de no avanzar rápido en esta etapa de la transición?
No creo que el mayor riesgo esté necesariamente en no avanzar rápido. La velocidad, por sí sola, no es un objetivo. Lo relevante es avanzar con claridad sobre el qué, el para qué y con qué impactos, sobre todo en un escenario en el que, a nivel mundial, prima la incertidumbre sobre un rumbo tecnológico claro, evidente, en la profundización de cambios hacia la descarbonización.
Desde el punto de vista regulatorio, uno de los principales riesgos es el de avanzar sin los marcos técnicos y normativos adecuados, lo que puede derivar en problemas de seguridad, de calidad del servicio, de sostenibilidad económica o de aceptación social. La transición energética incorpora tecnologías nuevas, modelos de negocio distintos y mayor complejidad operativa, y eso exige una regulación bien diseñada, basada en evidencia y con capacidad de adaptación a lo existente. Implica orden y creatividad a la vez.
Otro riesgo consiste en perder coherencia sistémica: introducir soluciones que funcionan bien a nivel puntual, pero que generan tensiones en el sistema en su conjunto. En definitiva, el desafío no es avanzar rápido, sino hacerlo de forma consistente y responsable, asegurando que cada paso contribuya efectivamente a un sistema energético seguro, eficiente y confiable. En ese equilibrio entre innovación y estabilidad es donde la regulación tiene un rol central.