La concentración del sistema financiero, la falta de infraestructura pública de pagos y el atraso regulatorio están frenando el desarrollo financiero de Uruguay y dejando al país rezagado frente a la nueva ola tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y los agentes, dijo a la diaria Ximena Aleman, co-CEO de la empresa uruguaya Prometeo y socia de la Cámara Uruguay Fintech.
Según sus palabras, el principal obstáculo para el desarrollo financiero de Uruguay no es tecnológico, sino estructural. “Parte del problema que tiene Uruguay es que tiene una topografía financiera súper centralizada y concentrada en los bancos”, afirmó.
Aleman dijo que, si bien la concentración del sistema financiero es una característica común en América Latina, el caso uruguayo tiene un rasgo distintivo: “No sólo está concentrado, sino que está todo el sistema financiero centralizado, en el sentido de que los bancos son dueños de todos los otros participantes del ecosistema financiero. Hay muy pocos participantes por fuera que condimenten y que generen competencia. Eso lo que genera es inercia en el mercado”.
Esa estructura, sostuvo, impacta directamente en la capacidad del país para innovar y ampliar el acceso a servicios financieros con impacto real, como los pagos digitales y el crédito. En ese marco, Alemán cuestionó que Uruguay tenga un sistema de pagos digitales “privatizado” y consideró que ese diseño no es “deseable” para el país. “Hoy el dinero ya no circula a través del efectivo. Circula por rieles de transferencia, y esos rieles deberían ser públicos”, sostuvo.
Para Alemán, la discusión de fondo no es la innovación en sí misma, sino quién controla los rieles por los que circula el dinero y qué rol debe asumir el Estado en el sistema financiero del futuro.
“En Uruguay se resolvió que las transferencias digitales en puntos de venta se hagan a través del pos. ¿Por qué? Porque se utiliza la tarjeta de débito. ¿Quién se beneficia del uso de la tarjeta de débito en el punto de venta? El adquirente. ¿De quién es el adquirente? De los bancos”, sentenció.
Destacó que Uruguay “es un país que siempre ha defendido mucho las empresas públicas”. “El uruguayo entiende que hay recursos que los tiene que administrar el Estado. Eso es parte de la idiosincrasia del país. Hay recursos que tenemos que son tan estratégicos y hacen tanto a la soberanía que los tiene que administrar el Estado. El agua, la energía, la telefonía, las redes de internet. En el siglo XXII, eso se amplía. La vida no será solamente física, será digital. Estoy convencida de que los rieles de transferencias es una de las cosas que el Estado tiene que administrar”.
¿Qué es Prometeo y qué problema estructural del sistema financiero busca resolver?
Prometeo es una empresa de infraestructura financiera. Lo que hacemos es brindar un único punto de acceso a los bancos de la región para que empresas globales y locales puedan conectarse a esos bancos desde un único punto de acceso sin necesidad de hacer una integración por vez.
Hoy operamos en 11 países y estamos agregando más de 1.500 interfaces bancarias de 1.200 instituciones financieras. Eso nos convierte en la plataforma de banca abierta más grande de Latinoamérica en este momento. Siempre ha estado en nuestra visión poder, de alguna forma, zanjar las brechas de infraestructura bancaria entre lo que son los grandes mercados del continente –Brasil, México, Estados Unidos– con lo que son los más pequeños del resto de la región, como Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia. Nuestra visión fue siempre crear una única capa de estandarización que facilite el ingreso a estos mercados.
Actualmente estamos operando en Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana, Panamá. La empresa es uruguaya, pero ahora tiene una proyección a nivel regional.
¿Cómo se encuentra la situación actual de la región y de Uruguay?
En la región y en Uruguay, el tema se divide en infraestructura bancaria y desarrollo de banca abierta. Prometeo es una empresa de infraestructura y lo que desarrollamos son API (interfaces tecnológicas), y en ese sentido en general estamos contemplados dentro de la banca abierta u open banking (un modelo del sistema financiero que permite que los bancos compartan datos y servicios de los clientes con terceros a través de interfaces tecnológicas).
La verdad es que, en Latinoamérica, en los últimos diez años, esto ha crecido de forma impresionante. Podemos ver muy de cerca el desarrollo de la mejor infraestructura bancaria del mundo en este momento, que es Brasil.
En Uruguay también las transferencias instantáneas han tenido muchísima penetración en el último año. Eso ya genera unas dinámicas de velocidad y desarrollo de los pagos digitales que son muy buenas. Y sobre esa base tenés el desarrollo de todo lo que es fintech (empresas que usan tecnología para ofrecer servicios financieros), impulsando el acceso a servicios financieros en la región.
Lo que ha sucedido en los últimos diez años es un desarrollo de fintech en todo el mundo. En Latinoamérica, esta situación ha generado un reordenamiento de los servicios financieros y un entendimiento mucho más cabal de lo que es el sector.
¿Qué nuevos espacios de innovación se están abriendo en la región y en Uruguay?
Podemos hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial aplicada a los modelos de riesgo para otorgamiento de crédito a la base de la pirámide (sectores de menores ingresos). Hay ejemplos concretos de planes pilotos de eso. Es algo donde la inteligencia artificial es habilitante y ya está sucediendo, son los pagos agénticos. En Prometeo, desde el año pasado estamos trabajando para disponibilizar la infraestructura para que los agentes puedan realizar operaciones porque estamos convencidos de que el futuro del acceso a servicios financieros no sólo es de personas, sino también de agentes.
No obstante, en Latinoamérica todavía estamos peleando en las capas de desarrollo de eso. Todavía tenemos una deuda en lo que es regulación del fintech, en particular en Uruguay, cómo se generan garantías para el desarrollo de servicios financieros nuevos, cómo actuamos con los actuales participantes para generar interoperabilidad, cómo regulamos los activos digitales. Todavía hay un marco regulatorio que tiene que madurar para que podamos estar en esa frontera.
Hay un entendimiento que tiene que madurar sobre cuáles son las capacidades que se requieren para que ese futuro exista y sea viable. Y ahí hay una conversación que es muy interesante sobre infraestructura pública digital. Qué es lo que los uruguayos consideramos que necesitamos como infraestructura para acceder a los servicios digitales del futuro. El sistema de pago, por ejemplo, es parte de esa infraestructura digital que se necesita para acceder a servicios financieros. Todavía hay conversaciones que en Uruguay no se han zanjado, tampoco en Latinoamérica.
Cuando pensamos en el futuro siempre lo estamos viendo a través de los lentes de otros mercados. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con la inteligencia artificial, con los pagos agénticos, con Paypal, haciendo una alianza con OpenAI? Está bueno saber qué sucede, pero ¿cómo eso impacta en Uruguay y en Latinoamérica? ¿Qué de todo eso va a llegar? ¿Cómo lo vamos a poder adaptar? ¿Qué calidad de acceso a servicios financieros le vamos a dar a nuestra población? Hay una conversación anterior que se debe resolver domésticamente: necesitamos preguntarnos qué capacidades generamos y qué marcos queremos para que esas cosas que están en el futuro se aterricen en nuestro presente.
¿Y qué puede suceder si Uruguay y América Latina no resuelven esas preguntas?
Es un problema. Dejando de lado a Brasil, en América Latina los marcos regulatorios no han evolucionado con la madurez que deberían, no están al nivel de los mercados que tienen los servicios financieros desarrollados. La brecha se sigue manteniendo.
En los mercados de punta ya hay bienes de pago instantáneos desde hace varios años, donde hay un marco regulatorio maduro que han generado bases sólidas para el desarrollo de fintech, para promover la competencia en el sector financiero, para impulsar la transparencia y la apificación de los servicios financieros. Cuando hablo de apificación hablo de estándares que promuevan que los usuarios puedan acceder a sus datos financieros y compartirlos con otras empresas financieras, que básicamente esa es la génesis de open banking, a través de interfaces tecnológicas. En la medida en que eso no se garantizó en América Latina, hay un freno tecnológico para el desarrollo de servicios financieros. Ahora que vemos cómo se nos viene una nueva ola de impulso tecnológico, como la inteligencia artificial y los servicios financieros agénticos, ya estamos como diez pasos atrás. Hubo toda una actualización que no hicimos. Es como que volvemos a correr de atrás en la ola de innovación.
¿Y cómo impacta ese atraso en la gente?
El acceso a servicios financieros es desarrollo. No impulsar estos temas es un freno estructural que tenemos en el desarrollo de nuestros países. Supone acceso a servicios financieros, a crédito, a herramientas de ahorro y de inversión. En 2000, cuando empezó el debate sobre la inclusión financiera, se puso en el tapete que estaba ligada al desarrollo. Pero la inclusión financiera no es la apertura de una cuenta bancaria. Inclusión financiera es que yo pueda generar un track record (historial verificable de comportamiento) que me habilite a acceder a un crédito. Que con el dinero que yo tengo pueda ahorrar, que pueda hacer una inversión. Eso es algo que, en Latinoamérica, en general, está todavía muy en desarrollo. En Uruguay, en particular, está bastante trabado.
Y en el caso específico de Uruguay ¿hay algunas oportunidades o son muchos más los desafíos?
En el mundo startup, el desafío es igual a la oportunidad. Hay tantos desafíos como oportunidades. Yo soy socia fundadora de la Cámara de Fintech. Somos muy optimistas en el nivel de oportunidad que hay en Uruguay. Este sector ha crecido muchísimo en Uruguay. Por poner un ejemplo, cuando arrancamos, los socios en la Cámara de Fintech éramos 12; ahora somos casi 60 empresas. Es un sector que ha crecido muchísimo en Uruguay. También sentimos que, desde el lado de la regulación, hay un impulso hacia el cambio, el entendimiento y estamos tratando de dar vuelta un partido que en un momento pareció perdido.
Sentimos que desde el Banco Central se están dando pasos. La regulación, por ejemplo, de activos digitales es algo que nos parece muy buena cosa. Hemos tenido mucha apertura en el Legislativo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, para promover una ley fintech que de alguna forma pueda generar las certezas regulatorias para que las empresas puedan desarrollar servicios financieros para el país.
También en lo que se está trabajando mucho es el desarrollo de una cámara compensadora alternativa (infraestructura financiera que se encarga de ordenar y liquidar pagos entre distintas entidades como bancos, fintech, emisores de dinero). Porque creemos que, hoy por hoy, también es un cuello de botella que exista una única cámara compensadora, que es Urutec, que pertenece a los bancos. Creemos que va a nutrir al ecosistema que haya otro participante en el sistema de pagos.
En materia de regulación, ¿qué debería estar analizando Uruguay para no quedarse atrás?
Todo lo que se está regulando ahora, activos digitales y tokenización, es fundamental. También las finanzas abiertas son clave. Todo lo que es garantizarle al usuario el acceso a su información bancaria, la portabilidad de sus datos y que el sistema genere las capacidades tecnológicas para ser interoperable es fundamental. Las API son infraestructura financiera para el siglo XXI. Eso tendría que estar abierto y tendría que estar disponible porque genera competencia.
En un sistema competitivo, los que ganan son los usuarios. Parte del problema que tiene Uruguay es que tiene una topografía financiera súper centralizada y concentrada en los bancos. Las mayores instituciones financieras pertenecen a los bancos. Las empresas de crédito de consumo que fueron adquiridas por los bancos, Urutec, que es de los bancos, el adquirente, que es Visanet, que también es de los bancos. Y ahora las fintech más grandes del país también las adquieren los bancos. Es un sistema que está muy centralizado en los bancos.
¿Usted se refiere a que el sistema está concentrado por los bancos?
La concentración de los sistemas financieros en Latinoamérica pasa en todos los países. El 80% del market share (cuota de mercado) lo tienen cuatro bancos. Eso pasa en todos los países. Lo que es distintivo de Uruguay es que no sólo está concentrado, sino que está todo el sistema financiero centralizado en eso, en el sentido de que los bancos son dueños de todos los otros participantes del ecosistema financiero. Hay muy pocos participantes por fuera que condimenten y que generen competencia. Eso lo que genera es inercia en el mercado.
¿Y qué futuro se abre en Uruguay en caso de que no se realicen acciones en este sentido?
Tenemos un sistema de pago que está privatizado. Esta situación no me parece deseable porque creo que para el Uruguay del siglo XXII tiene que haber una infraestructura de pagos digitales que sea pública, que esté operada por el Estado. Eso es lo que está pasando en la mayoría de los países de Latinoamérica. Varios mercados lo que resolvieron es que los rieles de transferencias los opera el Estado, porque es infraestructura pública. Es cómo circula el valor económico, el dinero. Hay que entender que el dinero ya no circula a través del efectivo. Circula a través de los rieles de transferencias. Y por eso esos rieles tienen que ser públicos.
En la medida en que esos rieles están operados por un privado, el Estado no va a poder determinar la innovación que se puede desarrollar sobre ellos. Por eso desde la Cámara de Fintech estamos promoviendo la existencia de una cámara compensadora alternativa. Porque creemos que para que exista innovación es necesario generar competencias sobre esos rieles. Hoy por hoy Urutec no tiene una competencia. Y eso genera inercias en cómo se disponibilizan esos rieles.
¿Por qué no tenemos PICS (servicios de iniciación de pagos) hoy por hoy? ¿Por qué las transferencias peer-to-peer no explotan como lo hicieron en Brasil, en Colombia, en Perú? Porque la experiencia de distribución de la transferencia es mala. Esa experiencia la está resolviendo Urutec, que no tiene incentivos para desarrollar una experiencia mejor.
Urutec lanzó un producto de transferencias peer-to-peer. Nadie lo conoce, porque no lo distribuyeron, porque no tienen incentivos. En Uruguay se resolvió que las transferencias digitales en puntos de venta se hagan a través del pos. ¿Por qué? Porque se utiliza la tarjeta de débito. ¿Quién se beneficia del uso de la tarjeta de débito en el punto de venta? El adquirente. ¿De quién es el adquirente? De los bancos.
Cuando hablamos de infraestructura bancaria hay algo que es súper importante entender. Que la infraestructura bancaria uno no la ve, pero existe y es condicionante de las interacciones financieras. Y lo otro es que es un diseño. Fue diseñado con un propósito, con incentivos. Obliga al usuario a actuar de una forma, porque de esa manera hay alguien que se beneficia. Es muy importante que en Uruguay se dé la discusión de qué infraestructura financiera queremos para beneficio de quién. ¿Cuál es la infraestructura financiera que queremos en el siglo XXII para Uruguay?
Uruguay es un país que siempre ha defendido mucho las empresas públicas. El uruguayo entiende que hay recursos que los tiene que administrar el Estado. Eso es parte de la idiosincrasia del país. Hay recursos que tenemos que son tan estratégicos y hacen tanto a la soberanía que los tiene que administrar el Estado. El agua, la energía, la telefonía, las redes de internet. En el siglo XXI, eso se amplía. ¿Cuáles son los recursos clave que tiene que administrar el Estado para la vida de los uruguayos en el futuro?
La vida no será solamente física, será digital. Estoy convencida de que los rieles de transferencias es una de las cosas que el Estado tiene que administrar. La identidad digital es otra que el Estado tiene que administrar, porque son bienes públicos digitales.
Me parece muy clave el rol del Banco Central. No sólo en el diseño de regulación apropiada para el mundo que viene, sino también en las capacidades tecnológicas que tiene que desarrollar para ese mundo del futuro.