La construcción de una planta potabilizadora de agua en Arazatí está generando polémicas debido a su impacto ambiental, el riesgo que representa para los sitios arqueológicos de la zona y también porque algunos señalan que sería una privatización de la gestión del agua, algo prohibido por la Constitución. De todas maneras, desde el gobierno aclaran que los inversores se encargarán solamente de la fase inicial del proyecto. “Ellos van a hacer el diseño, los estudios, la construcción y nada más. Ni bien se termine la construcción, los privados se van y no los volvemos a ver, como suele ocurrir en este tipo de negocios”, indicaron desde el Poder Ejecutivo. Si bien el mantenimiento de la planta estará a cargo de la empresa responsable del proyecto, esto es “una formalidad”, ya que “si llega a haber algún problema vamos a tener que reclamarle a alguna empresa que comparte su sede con otras 200 empresas en un monoambiente de una isla caribeña. Así que las personas que tienen miedo de que esto sea una privatización en realidad no tienen de qué preocuparse. Los privados solamente van a cobrar”.
La frase: “Este proyecto va a ser tan beneficioso para Uruguay como la privatización del agua de Maldonado que, según me dijo mi padre, funcionó bárbaro”. Luis Alberto Lacalle II.
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