Entre fines de enero y principios de febrero de 2017, 13 personas vinculadas al sistema de justicia, la investigación y la defensa de los derechos humanos recibieron un correo con amenazas de muerte, firmado por el “Comando Barneix”. En el correo los firmantes advirtieron que vengarían la muerte del general Pedro Barneix, quien se suicidó antes de ser detenido por la Policía como responsable del asesinato del simpatizante frenteamplista Aldo Perrini, ocurrido en febrero de 1974.
“No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más mataremos a tres elegidos azarosamente”, señalaba la misiva. En la lista estaba el fiscal de Corte Jorge Díaz; el entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez; la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; los abogados vinculados a causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea, Pablo Chargoñia; el activista brasileño Jair Krischke; el magistrado francés Louis Joinet, y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Las víctimas de la amenaza presentaron la denuncia y la Fiscalía comenzó la investigación, pero casi no hubo resultados. En cuatro años, sólo se convocó a tres audiencias, contando una que fue motivada por un error en la lectura del expediente.
El abogado denunciante Leonardo Di Césare explicó a la diaria que la causa puede archivarse en función de lo estipulado por el artículo 117 del Código Penal, que establece los tiempos de prescripción de los delitos en función de su pena, y el artículo 100 del Código del Proceso Penal, que habilita al fiscal a no iniciar o archivar una causa “si hubieren transcurrido cuatro años de la comisión del hecho y se presuma que no haya de resultar pena de penitenciaría”.
En el caso del delito de amenaza, al tratarse de una tipificación que puede castigarse con una sanción económica, prescribe a los cuatro años, por lo que, si el fiscal decidiera continuar con la investigación, el eventual autor de la amenaza eludirá su responsabilidad penal en función del tiempo transcurrido.
El caso fue designado a la fiscalía penal de 4º Turno, en su momento a cargo de la fiscal Silvia Porteiro. A principios de 2020 esa Fiscalía se eliminó y las causas que quedaron con una resolución pendiente pasaron a la Fiscalía de 2º Turno, siempre dentro del viejo código procesal.
“No tenemos ninguna persona individualizada en la investigación. Tenemos algunas diligencias de prueba, informes, pero nadie a quien imputar el delito”, señaló Di Césare.
En estos cuatro años, las víctimas de la amenaza fueron convocadas al juzgado en tres oportunidades. La primera fue a principios de 2018, cuando fueron citadas todas las víctimas, en la que se dio cuenta de los avances de la investigación. Se había hecho una pericia al texto del mensaje con el objetivo de establecer el perfil del autor. Se llegó a la conclusión de que por la forma en que estaba redactado el mensaje y por cómo había sido enviado, era de una persona mayor con cierto conocimiento del ámbito militar y también de tecnología.
“Después de eso, el expediente estuvo en la Fiscalía. Hubo algunos oficios solicitando información, pero estuvo casi un año parado”, lamentó Di Césare. Entre los oficios que se diligenciaron hubo uno a Interpol para que colaborara en la trazabilidad del correo. La respuesta que se obtuvo fue que el mensaje había surgido desde un lago canadiense, algo que ya estaba previsto por los remitentes que protegieron el origen del correo utilizando el navegador Tor.
La segunda audiencia fue en 2019, y en ella participaron técnicos que presentaron los lineamientos de investigación, aunque, según señaló el abogado, había discrepancias con los criterios a seguir entre los equipos técnicos. Para unos era pertinente realizar una búsqueda de los datos abiertos de las redes, mientras que para otros esa pericia sería improductiva.
“Las dos instancias que tuvimos fueron totalmente infructuosas para las víctimas, porque estábamos ante un planteo que no era para nada claro”, señaló el abogado.
Los correos electrónicos fueron enviados utilizando una dirección con el dominio guerrilleros.com, y ese sitio tenía entre sus políticas de privacidad brindar la información sobre sus cuentas cuando se tratara de una investigación penal. “Siempre planteamos la posibilidad de enviar un exhorto internacional solicitando esa información, porque lo veíamos como el camino más rápido para poder llegar a algo, pero eso nunca sucedió”, comentó Di Césare.
La última audiencia de la causa fue convocada a mediados de 2020, para ratificar una denuncia, que en realidad había sido separada y derivada a otra causa. Como el expediente había cambiado de juzgado y la última hoja era la denuncia, la sede citó para ratificar sin advertir que ya se había dilucidado el tema.
En diálogo con la diaria, el activista Jair Krischke calificó como “muy triste la situación”, más considerando la historia de amistad entre Uruguay y Brasil con relación a la defensa de los derechos humanos, a partir del golpe de 1964.
“Nunca me imaginé esto. Para mí es incomprensible y es incompatible con el Estado de derecho. Amenazaron al ministro de Defensa, al fiscal general y no pasó nada. En un gobierno que se decía de izquierda, no hubo ninguna investigación”, lamentó.
Por su parte, la investigadora Francesca Lessa dijo a la diaria que nunca hubo demasiada disponibilidad para investigar el caso. “En el primer año de la causa escribimos una carta al presidente [Tabaré] Vázquez pidiendo que se investigara, y después de eso tuvimos una audiencia, pero no pasó más nada, no podemos decir que sabemos algo más de lo que sabíamos hace cuatro años”, señaló.
A raíz de la amenaza, Lessa perdió la posibilidad de seguir investigando sobre violaciones a los derechos humanos en Uruguay, porque la Universidad de Oxford, que le había otorgado la beca, le prohibió permanecer en el país por razones de seguridad. Continuó trabajando unos meses desde Buenos Aires y finalmente regresó a Reino Unido.
La petición ante la CIDH
En febrero de 2019, ante la falta de avances en la investigación, los amenazados, junto al Observatorio Luz Ibarburu, presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado uruguayo, reclamando que se garantice su acceso a la Justicia.
En la petición, los firmantes recordaron que cuando ocurrió la amenaza, la CIDH emitió un comunicado condenando el hecho e instó al Estado uruguayo a adoptar medidas urgentes a fin de proteger la seguridad de las personas amenazadas, en particular considerando la relevancia de ellas sobre el sistema de justicia y la necesidad de proteger su trabajo en defensa de los derechos humanos y el esclarecimiento de las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.
Los denunciantes advirtieron que transcurridos dos años no se había tomado en cuenta ninguna de las consideraciones realizadas por el organismo, y al mismo tiempo el Estado uruguayo estaba violando su obligación de respetar el derecho a la libertad y la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La otra causa contra el Comando Barneix
En noviembre de 2019, a tres días del balotaje, circuló otro mensaje firmado por el Comando Barneix, en el que llamaban a votar a Luis Lacalle Pou “con el apoyo del general Guido Manini Ríos”. “Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tu familia para salvar a la patria, es una orden. Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos cómo tratar a los traidores”, decía el mensaje enviado por Whatsapp.
Ante eso las víctimas de la amenaza se presentaron ante la Justicia para ampliar la denuncia con los nuevos elementos. Sin embargo, la Fiscalía entendió que el hecho debía ser investigado en el marco del nuevo código de proceso y lo derivó al fiscal de Flagrancia de 6º Turno, Pablo Rivas.