Diez militares, policías y civiles que cumplen pena de privación de libertad en la cárcel Domingo Arena por delitos de violación a los derechos humanos cometidos en la dictadura enviaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en la que reclaman medidas alternativas a la prisión por el coronavirus, según informó este lunes El Observador.
Los firmantes, todos mayores de 65 años, basan su pedido en recomendaciones de organismos nacionales e internacionales vinculados a los derechos humanos, “con relación a la situación de los adultos mayores privados de libertad, en esta crisis sanitaria”, y advierten por el “incumplimiento de las mismas por los correspondientes organismos del Estado”, según consignó el medio citado. La nota está firmada por Jorge Pajarito Silveira, Miguel Sofía, Jorge Charleta Gundelzoph, Ernesto Soca, Leonardo Vidal, José Sande, Hugo Garciacelay, Enrique Ribeiro y José Lemos.
Asimismo, los privados de libertad adjuntaron un documento del 15 de abril del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en que se refiere, en forma genérica, a los riesgos de la prisión en contexto de pandemia para la población de adultos mayores, y recomienda a los operadores del sistema de justicia tomar acción para “detectar, promover, recibir, tramitar y analizar” aquellos casos de vulnerabilidad en el sistema penitenciario y la posibilidad de aplicar para estos casos la prisión domiciliaria u otras medidas alternativas.
Consultado por la diaria, Petit aclaró que la solicitud de medidas alternativas la tiene que hacer cada privado de libertad al juez competente, quien deberá evaluar “cada situación de la persona” concreta, como la edad y las enfermedades que tiene, las condiciones de alojamiento en que se encuentra y el riesgo de contagio en ese lugar concreto. Asimismo, destacó que el informe citado en la misiva no se hizo para este caso puntual, y señaló que su rol es hacer recomendaciones y observaciones “en términos generales sobre el manejo de la situación penitenciaria”.
Aunque señaló que en Domingo Arena las condiciones de reclusión “son muy buenas” y “no hay hacinamiento”, como en otros centros penitenciarios, Petit consideró que estos internos “están en su derecho de utilizarlo [el informe] y cada juez valorará”. “Es un informe que puede usar cualquier privado de libertad como un elemento para presentar ante el juez. Ya lo han utilizado algunas personas, sobre todo al comienzo de la pandemia, pero en general no ha tenido andamiento, los jueces no lo han aplicado”, agregó.
El senador Jorge Gandini, miembro de la comisión especial, dijo a El Observador que va a pedir que se trate este asunto una vez que se levante el receso parlamentario y que propondrá convocar a Petit a la comisión. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario manifestó que su oficina trabaja “con todos los internos, más allá de cuál fue el delito que cometieron” y señaló que “con mucho gusto” irá al Parlamento para informar sobre las condiciones de reclusión en esta unidad, que irá a visitar cuando regrese de la licencia.
Por su parte, Gandini dijo a la diaria que solicitará la comparecencia de Petit porque el Parlamento debe “considerar” lo denunciado por este grupo de presos. “Si lo que está sucediendo allí es una violación a los derechos humanos de personas privadas de libertad y llega a la comisión una carta de denuncia, creo que debemos considerarlo. Si hubiera llegado de presos del Comcar deberíamos hacerlo también”, apuntó. El senador nacionalista consideró que “los derechos humanos requieren una sola condición: ser humanos” por lo que “el Parlamento no puede mirar para el costado” ante este pedido.
No obstante, el legislador aclaró que no es competencia del Parlamento “tomar definiciones sobre estos casos”, pero sí puede “tomar acciones de tipo parlamentario o hacer algún planteo, gestión o informe” sobre el asunto.