Representantes de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay comparecieron el miércoles pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para profundizar en las denuncias sobre falta de garantías en los procesos de detención que hicieron en una carta que enviaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en el mes de julio. El presidente del gremio, Joaquín Gamba, y la vicepresidenta, Victoria Muraña, cuestionaron además la falta de recursos humanos para “brindar un servicio acorde con los parámetros que el Estado está obligado” a tener, a la vez que destacaron que 90% de las causas penales en el país son asistidas por defensores públicos.
“Hoy estamos en una situación muy complicada, diría caótica, desde el punto de vista de los recursos humanos”, aseguró Gamba, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. A modo de ejemplo, señaló que hay departamentos que en materia penal tienen dos abogados defensores y 12 fiscales, lo cual representa una “gran desventaja” desde el punto de vista de los recursos humanos y técnicos, “cuando supuestamente este nuevo Código [del Proceso Penal] se basa en la igualdad de las partes”. En ese sentido, indicó que el gremio está solicitando a la SCJ la creación de 110 cargos de defensores “como mínimo”.
Falta de garantías
Al abordar los puntos contenidos en la carta que enviaron en julio a la SCJ, Gamba reafirmó que dicha misiva no tuvo “intencionalidad de incidir en el referéndum contra la LUC [ley de urgente consideración]” y como prueba de ello señaló que el reporte estaba pronto desde mayo, pero se decidió esperar al término del plazo de recolección de firmas para presentarlo. Esta aclaración parte de que en la carta se hace mención expresa al papel que desempeñó la LUC –según la opinión del gremio– en el aumento de los casos de abuso policial. Dicho esto, Gamba recordó que la asociación está “en contra” de la LUC, y que así lo manifestó cuando se comenzó a discutir la norma.
El abogado aseguró que desde el momento en que empezó a regir la Ley 19.889 comenzaron a advertir “que se estaba llevando a cabo un cambio en el accionar policial”, específicamente en “algunas cuestiones como los controles de identidad”, e indicó que con la nueva regulación “el control de identidad se puede hacer de forma discrecional, es decir, no tiene que haber un elemento de sospecha de que el ciudadano está cometiendo un delito para que sea sometido a control de identidad”. “¿Y cómo se llevan a cabo? Con una gran violencia y muchas veces con provocaciones por parte de la autoridad policial”, añadió.
Por otro lado, Gamba se refirió a las preocupaciones vinculadas a los allanamientos, que, como habían indicado en la carta a la SCJ, en algunos casos se realizan “sin orden judicial, disfrazando la autorización voluntaria del jefe del hogar bajo la amenaza de que debe firmar o bajo el engaño de que debe firmar porque es una orden de allanamiento”. “Lo que vemos es que cuando hablamos con los imputados nos dicen que les hicieron firmar esa supuesta autorización bajo la premisa de que era la orden de allanamiento, o que les dijeron directamente que debían firmarla porque de lo contrario entraban y rompían todo”, apuntó, y agregó que también se ha observado que los allanamientos con órdenes judiciales “se vienen realizando con una violencia inusitada”, incluso en hogares con presencia de niños y mujeres.
Otro de los problemas detectados refiere a la falta de garantías en las detenciones en las seccionales policiales, donde, afirman los defensores, se producen “coacciones psicológicas” para que los detenidos admitan los hechos, e incluso agresiones físicas, lo cual se ata a otro punto, que es el incumplimiento de las revisiones médicas. Gamba aseguró que “muchos médicos hacen el certificado sin siquiera levantarles la ropa o examinarlos [a los detenidos], porque muchas veces se acercan a los patrulleros, los alumbran con una linterna y los certifican sin lesiones”. “Esto es ilegal, es un disparate, y es una falta de garantías para todas las partes”, aseveró.
Cámaras prendidas
Los representantes del gremio hicieron hincapié en la necesidad de que los procedimientos policiales sean filmados, como forma de brindar garantías a todos los involucrados. “Está lleno de cámaras por todos lados para bajar la delincuencia, pero llamativamente la Policía, en todos los procedimientos, prácticamente no usa las filmaciones desde el inicio”, apuntó Gamba. En la misma línea, Muraña consideró que un policía “no puede argumentar” que se “olvidó” de prender la cámara porque “una persona que hace allanamientos como mínimo una vez por semana y tiene experiencia de años lo sabe”. “¿Por qué aparecen videos por la mitad cuando la otra persona reacciona? ¿Por qué no están desde el inicio? Yo no puedo tomar como válido ese video en que se increpa a una persona y a la otra no”, sostuvo.
Para la asociación, “la única solución” para frenar las situaciones de abuso policial “es que se empiecen a filmar todos los procedimientos policiales desde un inicio”, apuntó Gamba. También consideran una buena medida que las seccionales policiales cuenten con cartelería con información explicativa sobre los derechos que tienen los imputados y, además, que se les dé una copia con esta información. Muraña señaló que las afirmaciones vertidas en esa carta se basan en casi 100 casos relevados, y afirmó que lo que se logró con el informe fue “sacar a la luz una realidad que existe y no se ve”.