El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó el jueves ante la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario del Parlamento el “Plan de combate de la reincidencia y en favor de la rehabilitación”, que propone lineamientos para una política pública “que haga realidad el derecho al tratamiento previsto en la Constitución” y en las normas internacionales y a su vez permita al país tener “un sistema de ejecución penal acorde con su nivel de desarrollo”.
Petit señaló que el plan se basa en cuatro pilares: el fortalecimiento de las medidas alternativas a la prisión y de la Oficina de Libertad Asistida (OSLA), el pasaje de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para mejorar su capacidad de gestión, una reestructura en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y su fortalecimiento técnico, y la presencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en todas las unidades penitenciarias.
El documento, al que accedió la diaria, fue elaborado con base en la información relevada para el informe 2020 del Comisionado Parlamentario y plantea que el sistema carcelario “tiene una situación deficitaria, fruto de décadas de poca acumulación científica, inversión y desarrollo programático”, aunque reconoce que desde hace algunos años se intenta implementar un sistema de rehabilitación eficiente.
El comisionado destaca el rol de la articulación entre los diferentes poderes y organismos del Estado para abordar la transformación del sistema penitenciario, tanto en la fase de privación de libertad como en las medidas alternativas o sustitutivas.
“La situación del sistema carcelario es crítica y requiere de nuevas políticas públicas para que el mismo sea un factor de seguridad y rehabilitación”, señala el documento que destaca el papel que pueden tener en la ejecución del plan la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento y el nuevo Consejo de Política Criminal, así como el INR y el Ministerio del Interior.
En cuanto al fortalecimiento de las medidas alternativas a la prisión y el fortalecimiento de la OSLA, el comisionado indica que existe “amplísima experiencia en el mundo” que muestra que las medidas alternativas tienen mejores resultados para evitar la reincidencia que la prisión, siempre que impliquen rehabilitación, tratamiento de las adicciones, asistencia social y capacitación laboral.
“El sistema actual es totalmente ineficiente, no por inacción de sus actores, que con esfuerzo realizan la tarea, sino por pobrísima dotación de recursos”, señala el plan, que indica la necesidad de ampliar la red de convenios para el tratamiento y trabajo y crear espacios físicos donde las personas sujetas a medidas alternativas puedan referirse, reportarse y acceder a la rehabilitación.
Sobre el segundo pilar, el fortalecimiento de la intervención técnica y la gestión de la Dinali, el comisionado propone que la dirección pase a funcionar en la órbita del Mides para que mejores sus resultados y cobertura, a través de una conexión más sólida con la red de servicios sociales y los programas existentes en otros ámbitos estatales. Además, señala que actualmente la Dinali no llega a todo el país, lo que constituye una “seria desigualdad”.
Otro de los pilares del plan es el fortalecimiento técnico y una reestructura del INR, donde el comisionado señala “carencias dramáticas de recursos humanos, técnicos, de seguridad, administrativos y de gestión”.
“El combate al delito sólo es posible con una intervención técnica que cauterice, filtre o disminuya los procesos de violencia y transgresión de quienes están sujetos a ejecución penal”, expresa el documento, que plantea que es imprescindible contar con operadores, técnicos y personal de seguridad que permitan a la persona privada de libertad alcanzar “un nuevo lugar social”.
“La falta de intervención técnica, debida a la falta de recursos técnicos en las unidades, impide la rehabilitación, genera procesos inadecuados de las personas encarceladas y las deja en la puerta de nuevos delitos por no haberse cumplido el derecho al tratamiento”, señala el comisionado.
Por otra parte, la sobrepoblación requiere un proceso de desinstitucionalización y la necesidad de revisar las carpetas jurídicas de cada persona privada de libertad. En el último año la población penitenciaria creció a un ritmo de 12,5% anual y el comisionado estima que se requieren 4.000 nuevas plazas para evitar el hacinamiento.
El comisionado expresó su preocupación por el crecimiento de la población carcelaria, que si bien en los últimos tres meses bajó a un 6% anual, genera una sobrepoblación que “amerita una profunda reflexión por su magnitud y su impacto en futuras reincidencias”. Entre las consecuencias de la sobrepoblación de las personas privadas de libertad, el documento señala el colapso de los servicios educativos y sociales, el aumento de la violencia por las malas condiciones de convivencia, la falta de espacios personales, y el desgaste del personal, que descree del sentido de su tarea.
“Muestra la experiencia de muchos países que la sobrepoblación penal, fruto de la potencia y eficacia de mecanismos fiscales, policiales y normas con penas largas y pocas alternativas liberatorias, si bien tiene un efecto de inhabilitación inicial de nuevos delitos, en el mediano y largo plazo ese sobreencarcelamiento aumenta la delincuencia, al disparar la reincidencia y generar crimen organizado y nuevas modalidades delictivas dentro de las mismas cárceles superpobladas”, indica el documento, que pone como ejemplo el surgimiento de las maras en Centroamérica y Estados Unidos, el reclutamiento islámico radical en cárceles europeas y los escuadrones de sicarios en las cárceles de Brasil.
En cuanto a la reestructura del INR, para Petit es necesaria una mayor sintonía entre el personal técnico, administrativo y de seguridad, además de generar mandos medios y promover la carrera penitenciaria. También advierte deficiencias en el cuidado de la salud laboral de los funcionarios y en la apertura al ingreso de participantes externos al sistema.
El cuarto pilar del plan presentado por el comisionado refiere a la necesidad de ampliar el servicio de ASSE a todas las personas privadas de libertad, dado que hoy llega solo a 65% y el resto es atendido por la sanidad policial.
“Son muy graves las carencias que existen para la detección, atención y seguimiento de las personas con afectación de su salud mental y con adicciones a las drogas”, señala el documento, que advierte que esas carencias son una causa de violencia. “Buena parte de los delitos cotidianos son cometidos por personas que no recibieron tratamiento en la cárcel y que al volver a la libertad reeditan su comportamiento”, sostiene.
En Uruguay hay 13.880 personas privadas de libertad, lo que marca el mayor índice de prisionización de América del Sur y Europa, con 390 personas cada 100.000 habitantes. Uruguay es uno de los países que más encarcela a su población en el mundo, ubicándose por encima de Brasil, que tiene 381, y de Rusia, con 327 cada 100.000 habitantes.