El comisionado parlamentario penitenciario hizo una serie de investigaciones tendientes al análisis de las medidas alternativas a la privación de libertad. Una de ellas fue un mapeo de medidas alternativas y estuvo a cargo de la exdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación Ana Juanche.
“Maternidad, cárceles y medidas alternativas” fue otra de las investigaciones que se desarrollaron en este marco. La responsable fue Ana Vigna, docente e investigadora que integra el Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
La investigación se llevó adelante entre octubre de 2021 y febrero de 2022. El objetivo fue generar información para avanzar en la implementación de medidas alternativas para mujeres privadas de libertad.
Vigna señaló que la literatura especializada muestra que el incremento de las penas y la privación de libertad “no sólo no es útil, sino que genera mayores niveles de reincidencia”.
Desde una “perspectiva economicista”, planteó que “se ha demostrado que la cárcel es una manera muy cara de empeorar las cosas”. “Las medidas alternativas son más eficientes para encarar a gran parte de la población privada de libertad”, afirmó.
Vigna advirtió que “las medidas alternativas no pueden ser para ampliar el sistema”. “El riesgo es ensanchar el sistema judicializando a personas que no deberían estar en el sistema”, acotó al respecto.
Las mujeres tienen trayectorias delictivas muy distintas de las que tienen los varones. “Los patrones que imaginamos son los de varones”, aclaró Vigna. “Las mujeres están sobrerrepresentadas en delitos leves, con fines económicos, con fuerte relacionamiento con su vínculo con los varones y sus historias de vida previas de victimización”, explicó.
Resaltó que “hay mucha literatura que explica las especificidades del encarcelamiento” pero, “al ser pocas, no hay un diseño específico”. Agregó que incluso en las cárceles del interior del país las mujeres están presas en unidades de varones. “Esto va en contra de la progresividad [el avance a cárceles con mayores niveles de convivencia], porque no hay muchas opciones”, según Vigna.
Las mujeres atraviesan distintas vulnerabilidades: “Son las que visitan y son abandonadas cuando caen” y “tienen mayores restricciones en el acceso a la salud”, en particular en lo que refiere a la atención ginecológica y en salud mental.
A su vez, esta población tiene desafíos específicos: el parto, el posparto y el ejercicio de la maternidad. Esto tiene directa incidencia sobre las implicancias de la privación de libertad, ya que el sistema tiene que hacerse cargo de “personas no judicializadas”, es decir, las hijas e hijos de mujeres que están presas y que cohabitan en el encierro.
Justamente, en este sentido, Vigna afirmó que “el encierro tiene consecuencias perversas para ellas y sus hijos”. Manifestó que, a la hora de resolver una medida de privación de libertad para las mujeres, “debemos tener en cuenta la gravedad del delito, la ausencia de antecedentes y las responsabilidades de cuidado”. Recordó que “las reglas de Bangkok dicen que se debe evitar la cárcel cuando se trata de delitos leves y no violentos, y cuando la mujer está embarazada o tiene hijos a cargo”. Enfatizó en la necesidad de “tener en cuenta el interés superior del niño”.
Obstáculos
Para que las mujeres accedan a medidas alternativas a la cárcel existen obstáculos estructurales. Uno de ellos es la resistencia del sistema de Justicia, donde hay una “percepción de impunidad” y pesa la prohibición de aplicarlas a ciertos delitos. Otro de los obstáculos fundamentales que destaca Vigna es la opinión pública, “que descree de las medidas alternativas”, algo que atribuye a que “faltan experiencias”. A esto se suma la “ausencia de políticas destinadas a generar condiciones para que estas medidas puedan ser cumplidas”. También hay obstáculos institucionales: la escasez de recursos para implementarlas y monitorearlas.
Existen “barreras de género” para analizar y crear políticas para la criminalidad de las mujeres, en gran medida por los “estereotipos que permean” y por la “doble traición” de las mujeres que cometen delitos: a la ley y al género.
Vigna sostiene que cabe preguntarse por qué es relevante dar este debate en Uruguay. Surgen varias respuestas: por los altos niveles de punitividad y, en particular, por el mayor avance punitivo sobre las mujeres; porque las medidas alternativas están subutilizadas; y porque hay una falta de ajuste entre los perfiles criminales y los tipos de castigo: suelen ser primarias, con delitos no violentos y con bajo riesgo de reincidencia.
Particularidades de las mujeres que están presas
Para la investigación se utilizó una metodología mixta: combinó estadísticas con información cualitativa que surge de organismos públicos involucrados, de entrevistas a informantes clave y de testimonios de mujeres privadas de libertad.
Parte del estudio se basó en analizar los datos de las imputaciones entre agosto de 2019 y julio de 2021. Las mujeres son una minoría: 11% de las personas imputadas fueron mujeres. El incremento de la población privada de libertad es sostenido, pero el crecimiento es mucho mayor en mujeres: de 2018 a 2022 se duplicó esta población.
El involucramiento delictivo es más tardío en las mujeres que en los varones. En líneas generales, el delito que concentra más imputaciones es el hurto. En el caso de las mujeres, los delitos vinculados con drogas son los que están más representados: casi la mitad de las mujeres que están presas fueron condenadas por este tipo de delitos.
Entre el hurto y los delitos de drogas se concentra 75% de las imputaciones que prevén penas de cumplimiento efectivo, es decir, que se deben pagar en su totalidad en la cárcel. “Son delitos motivados económicamente y que no implican violencia”, acotó Vigna.
Además del impacto que tuvieron los cambios normativos en lo que respecta a las penas para los delitos relacionados con drogas, la ley de urgente consideración (LUC) trajo un cambio determinante que no estuvo en discusión en el referéndum que intentó derogarla: la eliminación de la suspensión condicional del proceso. “Las mujeres tenían más posibilidades de acceder a una suspensión condicional del proceso [por ser primarias y por el tipo de delito que cometen], pero fue eliminada por la LUC”, afirmó Vigna.
La investigadora destacó que la privación de libertad de las mujeres no afecta solamente a las niñas y niños que viven en la cárcel. Hay 1.289 hijas e hijos de mujeres privadas de libertad que tienen entre cero y 18 años y viven extramuros, es decir, fuera de la cárcel; 48% tienen hasta ocho años.
Hay una feminización de las jefaturas de hogar: dos de cada diez niños están con sus padres, mientras que los ocho restantes están a cargo de otros familiares o institucionalizados. “Suponemos que la mayoría están con sus abuelas”, indicó Vigna, que subrayó que “tenemos que ver en qué condiciones estamos dejando a estos niños, que se ven privados de su referente de crianza”.
Efectos perversos
7% de las personas privadas de libertad son mujeres, mientras que en el caso de las personas sobre las que recae una medida alternativa la cantidad de mujeres se duplica y asciende a 14%. Según Vigna, las mujeres “están sobrerrepresentadas” en la aplicación de medidas alternativas. También lo estaban en la suspensión condicional del proceso, que fue derogada.
La investigadora afirmó que “las mujeres tienen mayores niveles de cumplimiento” de las medidas alternativas. “Las aprovechan más y las cumplen de forma más eficiente”, afirmó.
Para Vigna, “surge claramente un reconocimiento de la etiología diferencial del delito cometido por mujeres: pesan más los factores de riesgo ambiental que el individual en las mujeres”. También es visible la situación de particular vulneración cuando sus parejas están presas. “Prima una organización tradicional en la que el hombre genera ingresos y la mujer realiza trabajo no pago”, explicó, y agregó que “se ve mayor vulnerabilidad en el involucramiento delictivo”.
El encierro en las mujeres tiene “efectos perversos”: provoca la ruptura de vínculos positivos y tiene mayor efecto sobre terceros. Hay un impacto determinante en niñas y niños que terminan institucionalizados tras la privación de libertad de sus madres.
Vigna indicó que la perspectiva de género es “incipiente” en el sistema de Justicia y que hay una “falta de estrategia conjunta” y “dificultades de comunicación interinstitucional”. “Las prestaciones sociales deberían trabajar en la coordinación”, sentenció.
Olvidadas
Las condiciones de reclusión en las cárceles son deficitarias: hay hacinamiento y dificultades en la clasificación. A esto se suma la pérdida de espacios comunes, como comedores y patios, que pasan a ser lugares de alojamiento.
En lo que respecta al Instituto Nacional de Rehabilitación, afirmó que el Departamento de Género y el Programa de Atención a Mujeres con Hijos “prioriza a las mujeres que están presas y no aborda a las que cumplen medidas alternativas”.
Trayectorias vitales
De las entrevistas a mujeres privadas de libertad surge que tienen trayectorias vitales con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica en sus hogares de origen y que atraviesan situaciones de violencia desde la niñez. Hay un abandono temprano del sistema educativo y los trabajos se caracterizan por ser poco calificados. Sus parejas suelen tener antecedentes penales o están presas. La cárcel es parte de sus trayectorias vitales.
Estas mujeres suelen tener maternidades tempranas y están muy asociadas a las tareas de cuidado: plantean la preocupación constante por el bienestar de sus hijas e hijos, y es de relevancia la preocupación por la dimensión habitacional. “Tener un lugar físico donde desarrollar la vida es algo fundamental sin lo que nada de lo otro puede ocurrir”, resaltó Vigna.
Trayectorias delictivas
La mayoría de las mujeres son primarias, es decir, no tienen antecedentes y es la primera vez que están en la cárcel. El rol de sus parejas es clave para el involucramiento delictivo y suele haber una fuerte motivación económica.
Prima la falta de comprensión sobre el funcionamiento del sistema de Justicia y tienen una percepción de “castigo desproporcionado”. Se repite la idea de que “tienen penas muy altas por poca carga delictiva, mientras que otros personajes tienen menos penas por delitos más graves”.
En sus discursos surge la complejidad de la vida en la cárcel y los efectos en la salud física y mental. También el impacto sobre los niños: sus hijos incorporan “hábitos carcelarios” y “están sometidos a formas de relacionamiento violentas propias de la cárcel”. La preocupación respecto de los hijos que están afuera es constante.
En lo que tiene que ver con la prisión domiciliaria, hay una “falta de información sobre sus derechos y sobre cuánto va a durar su pena y cómo la van a pagar”. Surge la necesidad de contar con el apoyo de terceros para cumplir la medida: “La prisión domiciliaria establece que no se puede salir. Para empezar, precisan un techo donde cumplirla y apoyos que les garanticen la vida y los cuidados. Algo que escapa a sus posibilidades en este escenario. Hay dificultades para los traslados, la generación de ingresos y los cuidados”.
Recomendaciones
De la investigación surge una serie de recomendaciones. Entre ellas, profundizar la perspectiva de género y considerar las especificidades de las mujeres, las responsabilidades en los cuidados y los efectos del encierro sobre terceros, con énfasis en la atención en los delitos relacionados con drogas.
A nivel de la cultura organizacional, se planteó que es fundamental jerarquizar los informes técnicos en la fase anterior a la sentencia, subrayando la importancia de relevar las responsabilidades de cuidado y las trayectorias previas de victimización. Además, se subraya la capacitación para los operadores de Justicia en perspectiva de género como un elemento clave.
Se debe fomentar la respuesta ante el incumplimiento de las medidas alternativas y las condiciones en que estas personas pasan estos procesos, teniendo en cuenta el carácter resocializador que estas medidas tienen que tener. Para el diseño e implementación de las medidas es crucial generar soluciones habitacionales para que estas mujeres puedan aspirar a una alternativa a la prisión. En este sentido, las políticas deben considerar otras cuestiones, como el empleo, la salud y los cuidados, para que se puedan generar condiciones para el efectivo cumplimiento de estas medidas. En esta línea, se propone considerar el uso de la prisión domiciliaria nocturna, que permite compatibilizar una rutina que habilita a cumplir con las actividades laborales y las responsabilidades de cuidado.
Para favorecer todas estas cosas es necesario fortalecer los vínculos interinstitucionales, así como la calidad y el acceso a la información. Para mejorar la información se sugiere incorporar indicadores asociados al género y a la tenencia de personas dependientes a cargo.
Finalmente, se promueve la idea de realizar estudios de estimación de costos y resultados de las medidas penales. También la posibilidad de generar campañas de información dirigidas a mujeres privadas de libertad para que conozcan sus derechos, a fin de que “exijan lo que tengan derecho a exigir”.
Las “víctimas invisibles”
La investigación fue presentada en el seminario “Claves para la implementación de medidas alternativas a la cárcel”, organizado por el comisionado parlamentario hace un par de semanas. Contó con comentaristas. Una de ellas fue Lucía Vernazza, oficial de protección de la niñez de Unicef, quien destacó que “el impacto de las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad está asociado a los roles de género porque los cuidados recaen sobre las mujeres”.
Vernazza puso en el foco la prisionización de los varones: “Preocupa el alto nivel de prisión de los varones, que muestra modelos de masculinidad para los niños”. Resaltó que “están demostrados los impactos de todo tipo que tiene tener a un referente preso”. “El más obvio es el económico, en familias que ya tienen vulnerabilidad. Pero también hay un impacto afectivo”, explicó.
A las niñas y niños se los considera “víctimas invisibles del encarcelamiento adulto por todo el daño que reciben”. El encierro “tiene un impacto sobre terceras personas”, subrayó.
La representante de Unicef planteó que si bien “el crecimiento de las personas privadas de libertad no es nuevo, la novedad es que crece más entre las mujeres, que son quienes se hacen cargo de las niñas y los niños”.
Por eso “es necesario mirar a la política criminal en su integralidad”. “No alcanza con penas y cárceles, ya que hay impacto en terceros, en la vulnerabilidad. Estamos acostumbrados a escuchar que las cárceles fabrican delincuentes, pero las cárceles lo que provocan es mayor vulnerabilidad en las familias”, aportó Vernazza.
“El fortalecimiento de las medidas no privativas de libertad es fundamental”, indicó, y agregó que “para que una medida no privativa sea bien ejecutada y no sea sólo para el reproche sino para resocializar, debe tener un plan individual, articular con otras instituciones y tener cubiertos los recursos básicos” para que pueda ser implementada.
Luis González también fue invitado a comentar la investigación en representación de la Junta Nacional de Drogas. El representante del gobierno planteó que “no tenemos tiempo para parar a pensar” porque “corremos atrás de solucionar problemas, incendios que hay que solucionar ya”.