La Operación Apolo comenzó en agosto con intenciones de desarticular el funcionamiento de un apartamento del barrio Bella Vista, en Montevideo, donde se presumía que se cometían delitos de trata de personas con fines de explotación sexual a mujeres. Dos hombres resultaron imputados en el caso, que fue llevado adelante por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º Turno, a cargo de la fiscal Alicia Ghione. La investigación contó con el apoyo del Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol del Ministerio del Interior.
Uno de los dos hombres imputados administraba una “conocida” página web en la que se ofrecía trabajo sexual, lo cual es “absolutamente legal”, según información que compartió la Fiscalía.
Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es que varias publicaciones compartían un mismo número de celular de contacto, “cosa poca habitual en la actualidad, dado la facilidad que hay para adquirir un equipo de esta naturaleza, siendo esto un claro indicador de que posiblemente estas mujeres que compartían un mismo número de contacto estuviesen siendo regenteadas por terceras personas”, plantea el documento.
Se logró establecer que “efectivamente la intuición” de los policías era acertada y se confirmó que las mujeres eran explotadas en un “prostíbulo clandestino”.
Además de obtener un beneficio económico del trabajo sexual de las mujeres, los hombres imputados les imponían sanciones económicas por diversos motivos.
El modus operandi incluía “la fidelización de la trabajadora sexual con el local mediante la utilización de vínculos afectivos, ya que se comprobó que uno de ellos mantuvo relación de ‘noviazgo’ con por lo menos tres de las víctimas, pero quedó de manifiesto que esto sólo era una forma más de control, puesto que independientemente de la relación sentimental que adujeron tener, estos eran implacables a la hora de mantener la prosperidad de su negocio, controlando la actividad de las mujeres mediante temporizadores, a fin de que estas no excedieran los tiempos de atención con los clientes, obligándolas a concurrir a trabajar aun con su período menstrual”.
Otra de las estrategias de los hombres imputados fue “manipular a una de las trabajadoras para que esta fuese la cara visible del negocio” y así ellos podían mantenerse al margen.
Cinco víctimas fueron ubicadas y la investigación continúa para lograr identificar el total de mujeres que han sido explotadas por estas personas durante el tiempo que funcionó este local. Se estima que podrían ser más de 20 mujeres.
En el allanamiento se incautaron dos revólveres, municiones, un vehículo, dinero, tres celulares, dos computadoras, un disco duro, dos cámaras de fotos, un cuaderno con anotaciones, los temporizadores antes mencionados y lencería.
Entre los materiales incautados hay “enorme cantidad de imágenes de mujeres que a lo largo del tiempo han pasado por el local de estas personas, siendo aún objeto de la investigación si alguna de estas pudiese ser menor, sabiendo sí, por testimonios de algunas víctimas que ellos solían utilizar imágenes de mujeres independientemente de que estas hubiesen dado o no el consentimiento para ello”.
La jueza penal de primer turno, Adriana Chamsarian, hizo lugar a los pedidos de la Fiscalía. Fernando Mendoza Luna fue imputado por reiterados delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. También se le imputó un delito de tráfico interno de armas y municiones y un delito de receptación, todos en reiteración real. Daniel Sosa Cruzado también fue imputado por reiterados delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y por un delito de tráfico interno de armas y municiones, ambos en reiteración real. Se dispuso la prisión preventiva de ambos por 150 días mientras continúa la investigación.