El rapero uruguayo Federico González, conocido como Kung Fú OmBijam, presentó un recurso de revocación y anulación contra la decisión del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) de sacarlo de la lista de los talleristas seleccionados por concurso para prestar servicios en la institución.
Para fundamentar su decisión, el directorio señaló los antecedentes penales de González por hurto especialmente agravado, porte y tenencia de armas, copamiento y rapiña; y expresó que corresponde al Inisa “preservar la seguridad” de los jóvenes en el sistema e “intentar rodearlos de las personas más capacitadas y adecuadas para lograr el efectivo éxito de las medidas socioeducativas”.
Pese a haber aceptado su trabajo como voluntario durante varios meses y de que el rapero ganó el llamado, el directorio del Inisa consideró que su trabajo como tallerista contratado podría “comprometer los fines y objetivos” del instituto.
Además de los antecedentes, la resolución del Inisa menciona las declaraciones de González en redes sociales sobre la directora Rosario Lourdes Pérez Perdomo, quien en 2008 fue procesada con prisión por un delito de frustración de pago de cheques y luego fue sobreseída por la Justicia.
“Se está en conocimiento de los comentarios vertidos en redes sociales por parte del Sr. González sobre una de las señoras directoras”, señala el directorio, que sostiene que las expresiones “sobrepasan los límites del respeto y la ética que se pueden esperar de una persona que pretende integrar los cuadros funcionales de nuestra institución”.
La resolución deja constancia de la posición de la directora en representación del Frente Amplio, Andrea Venosa, quien discrepó con la decisión por considerarla “ilegal”, en línea con un informe de Jurídica de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que fue expresamente consultada a pedido del área de Recursos Humanos del Inisa.
Venosa señaló que, durante 2021, González dio talleres en la institución como voluntario “contando con gran aprobación y participación de los adolescentes”, y destaca que también fueron bien valorados por los funcionarios del Inisa.
“El tallerista se presentó al llamado al concurso realizado y fue seleccionado por el tribunal de acuerdo a los criterios fijados, por lo que no se encuentran elementos que sustenten la decisión de no contratación”, expresó Venosa.
En diálogo con la diaria, la directora del Frente Amplio calificó la resolución de “un acto discriminatorio” por parte de la presidenta del Inisa, Rosana de Olivera, con alguien que ya cumplió condena y tiene una trayectoria como artista. Además, señaló que la norma obliga al instituto a hacer concursos cada dos años y que González fue el único que no fue contratado de todos los que quedaron en la lista.
González emitió un comunicado en el que rechaza la decisión de la institución y el señalamiento de sus antecedentes penales, que no son una novedad. “A partir de mi experiencia de vida me han surgido múltiples oportunidades para compartir herramientas que para mí fueron valiosas para alejarme del delito”, sostiene.
Además, planteó que en las bases del llamado no se especifica que tener antecedentes sea una limitante, por lo que calificó como “agraviante” e “incoherente” que el Inisa considere que sus antecedentes ponen en riesgo a los adolescentes, “porque no les parecía un riesgo que trabajara gratis en contacto directo con estos adolescentes” cuando fue voluntario.
En cuanto al fundamento de las publicaciones en redes sociales contra Perdomo, González considera “preocupante” que desde el gobierno se monitoreen las redes sociales de las personas y ratificó sus dichos sobre el procesamiento de Perdomo porque “es un hecho de la realidad” que “no configura un acto difamatorio”.
“Mientras ella ocupa uno de los máximos cargos de gestión del sistema penal adolescente, se rechaza mi contratación como tallerista por tener antecedentes penales y por subrayar que la directora de Inisa, al igual que yo, pasó por la cárcel”, lamentó.
Ahora el Poder Ejecutivo deberá analizar el recurso presentado por González y si en 120 días no se expide el caso, puede ser presentado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.