Esta semana se conoció el fallo de la Justicia panameña sobre el caso Odebrecht, por el que fueron enviadas a juicio 36 personas, entre ellas, los expresidentes de Panamá Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli. La jueza liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, también definió el sobreseimiento provisional de 11 de los imputados y un sobreseimiento definitivo. La Fiscalía tiene hasta el viernes para anunciar sus recursos contra los sobreseimientos. El juicio oral se llevará a cabo entre el 1° y el 18 de agosto de 2023.
En el documento, al que accedió la diaria, la jueza Marquínez sostiene que la investigación preliminar logró probar que el Grupo Odebrecht utilizaba el soborno frente a diferentes gobiernos como forma de asegurarse ser contratada para la realización de obras públicas y ofrecía coimas a funcionarios públicos para asegurarse de cobrar las obras, “realizadas o no”. La investigación probó que Odebrecht creó un área llamada Departamento de Operaciones Estructuradas para pagar esos sobornos y coimas a través de sociedades offshore con las que beneficiaba a los funcionarios y a sus testaferros.
Marquínez concluye que tiene evidencia sobre la existencia de la llamada “Caja 2”, por la que se canalizaban los pagos que quedaban por fuera del balance de la empresa. El mecanismo de pago integraba una “diversidad de entidades bancarias” a través de las cuales reingresaban el dinero al sistema financiero panameño “ocasionando un menoscabo a la economía nacional”.
En cuanto a la participación de los uruguayos imputados en la causa, la jueza Marquínez definió el sobreseimiento provisional de Maya Cikurel y llamó a juicio a Andrés Betingo Sanguinetti y a Juan Francisco Mutio.
La magistrada no dio lugar al pedido del abogado de Maya Cikurel, el exministro de la Suprema Corte de Justicia panameña Jerónimo Mejía, quien había pedido el sobreseimiento definitivo de la contadora, lo que produce excepción de “cosa juzgada”. La jueza otorgó un sobreseimiento provisional, que mantiene a Cikurel susceptible de ser convocada por la Justicia panameña en la medida en que aparezcan nuevas evidencias en su contra.
Para otorgar el sobreseimiento provisional -que podría ser apelado por la fiscalía-, Marquínez se basó en que en esta etapa del proceso “se hace necesario la existencia de indicios graves que permitan establecer la vinculación [de Cikurel] frente a los hechos investigados”, y sostiene que, pese al pedido de llevarla a juicio por parte de la Fiscalía por el delito de blanqueo de capitales, “no se ha demostrado la participación de Maya Cikurel [...] no consta que recibió, transfirió o encubrió dineros que hayan sido depositados en Panamá”. Además, no figura como la última beneficiaria de las cuentas utilizadas por el mecanismo de blanqueo generado por Odebrecht.
En cuanto a la situación de Juan Mutio, Marquínez fundamentó su decisión de llevarlo a juicio por delito de blanqueo de capitales porque figura como director, presidente y representante legal de Sherkson International (controlada por Odebrecht) y firmó un contrato con Active Capital Holdings para prestar servicios de asesoría financiera por 488.000 dólares.
Entre las evidencias recabadas para el juicio, se encuentra una copia del contrato celebrado entre las empresas utilizadas en el mecanismo de lavado, un documento con la transferencia entre ambas, un documento emitido por la embajada de Panamá en Uruguay, que corrobora que Mutio figura como firmante y representante de Sherkson International, y un informe de la investigación suiza en la que se corrobora que el poder de firma para operar en la cuenta del PKB PrivatBank, a nombre de la sociedad Sherkson International, lo tenía Mutio.
La jueza también se basó en declaraciones de Vinicius Vega, quien señaló a Mutio como uno de los autorizados a firmar a nombre de Sherkson. La magistrada sostiene que si bien Mutio no era el beneficiario real del dinero depositado en las cuentas de Sherkson International, tenía “pleno conocimiento de lo actuado”.
En relación con la participación de Betingo Sanguinetti en el esquema de blanqueo de capitales, el documento de la Justicia panameña dice que el uruguayo participó junto a otros imputados vinculados a la Banca Privada de Andorra (BPA) en la creación de la estructura financiera que permitió ocultar los orígenes ilícitos de las transferencias efectuadas desde cuentas controladas por Odebrecht “para el pago de supuestos sobornos o coimas a funcionarios panameños desde la BPA”.
Asimismo, agrega que dos de los colaboradores de la causa identificaron a Sanguinetti como uno de los que lo auxiliaron en la apertura de cuentas en la BPA y que un informe policial provisto por la autoridad judicial del principado de Andorra identifica como uno de los gestores de la BPA que intervienen en operaciones relacionadas con el Grupo Odebrecht a Andrés Betingo Sanguinetti, entre otros.