La “credibilidad” de las víctimas de delitos sexuales y de género es una de las cuestiones que se pusieron en consideración en estas semanas a partir de la divulgación de contenido íntimo, de orden sexual, sin el consentimiento de [una mujer que denunció una violación grupal, hecho que generó una investigación penal ordenada de oficio por Juan Gómez, fiscal de Corte, que fue asignada a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º Turno, a cargo de la fiscal Mariana Alfaro.
El relato de las víctimas suele ser interpelado, tanto en el ámbito público como en el privado. Es un delito en el que muchas veces se invierte la carga de la responsabilidad y produce a nivel social un discurso que, a través de la estigmatización y revictimización de las víctimas, atenúa la responsabilidad de los victimarios.
La mayor parte de los casos que encara la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT) de Fiscalía se asocian a delitos sexuales y de género. Para cada víctima se desarrolla un plan de acompañamiento, que atiende especialmente los requerimientos del proceso penal, de acuerdo a la estrategia del equipo fiscal.
Mariela Solari, directora de la UVyT explicó a la diaria que “la violencia sexual es una de las formas más extremas de la violencia de género y exige una mirada diferencial por cómo suceden los hechos y los efectos que generan en las víctimas, en los ofensores, en el entorno inmediato y en la sociedad”.
Desde la UVyT, “se ambienta emocionalmente” a la víctima para que preste declaración bajo la modalidad de “prueba anticipada”, que se establece especialmente para casos de violencia sexual, violencia doméstica y violencia basada en género. La “prueba anticipada” es una declaración que se toma una sola vez y se usa en todas las instancias judiciales penales sin necesidad de que la víctima tenga que volver a contar lo que le pasó.
Parte de la función de la UVyT es “minimizar la revictimización en el proceso penal”. Para esto, “la víctima debe estar preparada emocionalmente, porque el relato de lo sufrido en su intimidad -en el caso de los delitos sexuales- en un contexto judicial, rodeada de personas extrañas, le lleva a revivir momentos que fueron traumatizantes y esto puede ser avergonzante y revivir sentimientos de culpa que lleven a la retractación”, indicó Solari.
Consultada sobre el “lugar” que tiene la UVyT dentro del proceso de investigación, fue enfática: “Ninguno”. Señaló que “si bien los funcionarios de la UVyT pertenecen a la Fiscalía, no se constituyen como parte ya que no tienen potestad para ejercer la acción penal”. La UVyT no toma declaración de los hechos ni realiza interrogatorios, tarea que corresponde al equipo fiscal. “Es un rol estrictamente técnico de acompañamiento psicosocial, que brinda a las víctimas seguridad, confianza y sostén para transitar el proceso penal”, acotó.
Sobre el cuestionamiento a las víctimas de delitos sexuales y de género, planteó que “en la sociedad se tiende a ubicar a estas víctimas como víctimas de ‘problemas familiares’ o ‘cosas de mujeres’, desestimando o minimizando la gravedad de los hechos, o la necesidad de intervención por parte de terceros”.
Al ser un tema tabú, abordar los delitos sexuales es complejo: “Tratar estas temáticas genera incomodidad, deja expuestas fragilidades de la intimidad de las personas y marca claramente los modelos de relación entre varones y mujeres, y en especial del ejercicio de la sexualidad”. “El silencio es uno de los principales factores de riesgo porque cuando el asunto sale a la luz se traslada la culpa al mensajero; a quien devela y no al responsable de los hechos”, indicó Solari.
Para la directora de la UVyT esto “no sucede en otros delitos”: “A una víctima de una rapiña se le toma la denuncia y se da curso; se investiga, se busca evidencia que confirme o no sus dichos y se desestima, se archiva o se condena”. Pero, en los delitos sexuales, “desde que la víctima denuncia hay un cuestionamiento que la ubica en el lugar de la responsabilidad de lo sucedido: por su ropa, por estar en el lugar equivocado, por no pedir ayuda, por no gritar, por mil razones más que se le preguntan cuando se intenta develar lo que pasó”.
“Esos cuestionamientos sociales a las víctimas de delitos sexuales, que se dan en la familia y en los círculos más cercanos –lugar que se supone debe proteger– permea en los sistemas de atención en salud, en la educación y también en los sistemas de justicia”, lamentó. A esto se suma que “históricamente los delitos sexuales en el sistema de justicia contaron con la etiqueta de ‘difíciles o imposibles de probar’”.
“El cuestionamiento existe en todas las víctimas”, dijo Solari. “Se cuestiona el relato y su veracidad, y se pretende encontrar una forma de encontrar si es mentira”, agregó.
Los cuestionamientos varían según el contexto en que se da el delito. En el contexto doméstico se generan “situaciones de culpa y lealtad a la hora de develar lo sucedido”, porque suelen ser personas “cercanas y queridas por todo el núcleo de convivencia”. En el contexto educativo, deportivo o religioso, “puede tratarse de adultos respetados, que tienen un claro vínculo de autoridad con las víctimas y el entorno”. Por otra parte, en los contextos de recreación, diversión y disfrute (bailes, fiestas, encuentros) sucede que “las personas sienten no poder denunciar un hecho violento que sufrieron por temor a ser juzgadas por estar en un contexto festivo”.
Otra complejidad es que “la regla en estos delitos es que no existen testigos” porque son hechos que “se dan en intimidad, soledad y silencio”. “Esto impacta directamente en la dificultad para investigar y en que la víctima pueda pedir ayuda”, resaltó Solari.
Son casos “complejos” porque “exigen otra forma de investigar, de tratar a la víctima y su entorno; a la vez de asumir la demanda social y la exposición pública”, la que definió como uno de los desafíos “más relevantes”.
Desde su punto de vista, los cambios en el CPP y el pasaje al sistema acusatorio “exigen otra manera de litigar estos delitos, donde afloran los mismos prejuicios sociales que sostienen las formas abusivas de relacionarse”. En este sentido, aseguró que “se exige mayor rigurosidad a la hora de valorar pruebas, de admitir informes y pericias”, a la vez que “se eleva el estándar técnico en la elaboración de los informes y pericias, y de admisibilidad de las evidencias que debe tener la Fiscalía y la defensa”. Solari acotó que los delitos sexuales y de violencia doméstica y de género implican “muchas veces basarse en evidencia compleja y complementaria”, y “no en una prueba”.
Para la directora de la UVyT, el cambio al sistema acusatorio ha generado un proceso “más transparente y garantista para todas las partes”. Y, en particular, para las víctimas ha ofrecido “condiciones primarias necesarias, nunca suficientes, para que el tema esté en la agenda pública y de las instituciones”.
Este “carácter público” ha dado a los medios de comunicación “un lugar privilegiado”, lo que debería representar “también un llamado a la responsabilidad y la ética profesional ya que, como vimos en los últimos casos de clara notoriedad pública, parte de la litigación se produce también en la opinión pública”. “Esto debe de ser un llamado de atención para los responsables de los medios de comunicación en dar un tratamiento respetuoso y digno a estas noticias, tanto para la víctima como para las personas acusadas”.
El acompañamiento es un derecho para las víctimas
Proteger y atender a las víctimas y testigos de delitos está dentro de las competencias de la Fiscalía. La UVyT, integrada por profesionales de la psicología y el trabajo social, son quienes cumplen con esta función.
Las víctimas y testigos de delitos tienen derechos, entre otros: a recibir un trato digno y respetuoso; a recibir asistencia; al acceso a información sobre la investigación; a la participación en el proceso penal como tercero coadyuvante con la Fiscalía; a la protección; a ser oídas en los tribunales; a proponer pruebas; y a conocer sobre eventuales indemnizaciones que les correspondan.
Según Solari, “estas acciones apuntan a que las personas afectadas por un delito se fortalezcan en su rol de sujeto de derecho y logren acceder al sistema de administración de justicia”. En este sentido, explicó que “se busca trascender la mirada meramente asistencial, delimitando la intervención de la UVyT, para lograr acciones de atención y protección para que la víctima y los testigos puedan ejercer sus derechos en el proceso penal”.
El trabajo de las y los técnicos de la UVyT se da en estrecha coordinación con el equipo fiscal a cargo de la investigación y se enfoca en “evaluar permanentemente el grado de afectación de las víctimas y activando los recursos necesarios según los requerimientos”.
Las primeras acciones que despliega la UVyT dan respuesta al estado de afectación de la víctima. Solari desarrolló este punto: “Se realizan primeros auxilios psicológicos, a la víctima y su entorno. Se brinda información sobre los pasos a seguir en la investigación del delito denunciado, los tiempos, los roles de quienes participan en este proceso para que le brinde seguridad en las decisiones a tomar y le permita contar con las oportunidades para acceder a la justicia”.
Se desarrolla un plan de acompañamiento para cada víctima que analiza cada situación y establece estrategias psicosociales para desarrollar en cada caso. Se analiza el grado de afectación, el riesgo, las necesidades, las vulnerabilidades previas y las que se desencadenan a partir del delito, también los factores de protección a encarar. Estas acciones de acompañamiento, a su vez, atienden especialmente los requerimientos del proceso penal según la estrategia del equipo fiscal que lleva adelante el caso en investigación.
Se acompaña a la víctima y a su entorno. El acompañamiento se realiza en las sedes de Fiscalía, en domicilio o en instituciones donde la víctima se encuentre al momento de recibir la asistencia.
“Para las víctimas especialmente vulnerables, como son las niñas, niños y adolescentes; las víctimas de delitos sexuales; las víctimas de femicidio; y las personas con discapacidad, se han realizado programas y propuestas diferenciales atendiendo a las características especiales que adquiere la afectación de los hechos vividos, a las propias de las víctimas y al tipo de delitos”, afirmó Solari.