“Niego terminantemente que haya una Justicia para pobres y otra para ricos. Eso es agraviante para la Justicia. La Justicia es igual para todos; podrá marchar mejor o peor, pero es igual para todos”, sostuvo el 16 de marzo el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez. De este modo respondía al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien refiriéndose a las investigaciones sobre abuso policial denunciadas por los defensores de oficio dijo que “la única razón por la que no se profundizan” es porque afectan a “hijos de pobres”.
Si bien hay actores judiciales que entienden que existe una suerte de empatía sociocultural con los niveles medios y altos que termina influyendo en las decisiones y en los tiempos de los procesos, diferentes operadores judiciales consultados por la diaria coinciden en que los jueces no fallan en función de la situación socioeconómica de los investigados o víctimas, aunque reconocen la existencia de múltiples barreras que exacerban las diferencias entre pobres y ricos a la hora de defenderse de una imputación o de tratar de llevar adelante una denuncia.
El propio Pérez advertía ese tipo de dificultades en una entrevista realizada con la diaria el 9 de febrero: “Este año quiero recorrer todo el país, hay cosas fácilmente solucionables sólo con ir y mirar. El otro día fui a Ciudad del Plata [...] habría que pensar en poner un juzgado de Familia ahí. Ahí el juzgado que corresponde es Libertad, y me decían que fijaban audiencia de denuncias de violencia y la gente no va porque no tiene plata para el ómnibus. Averigüé que sale 100 pesos, eso no es accesible”.
Además de las dificultades materiales y socioculturales, las personas con menos recursos enfrentan obstáculos que influyen directamente en el proceso y en los elementos que pueden llevar al juzgado para defender su posición. Por ejemplo, pueden contar con pocas posibilidades de realizar pericias para defenderse, en el caso de los indagados, o no poder acceder a una defensoría gratuita si se supera un primer escalón de ingresos, en el caso de las víctimas.
Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, habló con la diaria sobre los desafíos que tiene el sistema de justicia para tratar estas desventajas.
“Los estados están obligados a remover las barreras que no permiten a las personas más vulnerables acceder a la Justicia. La pobreza es una de esas barreras, y todo lo que hace a la información es clave, [es fundamental] que la persona pueda entender. Cuando hay un nivel socioeconómico, cultural y educativo descendido, esto hace que el pensamiento y la capacidad de comprender lo que se le está explicando sea mucho más complejo. Además, imaginemos la situación de conmoción emocional, lo que implica poder explicarle a una persona en ese estado qué es lo que va a pasar: de la manera en que está armado el lenguaje encriptado jurídico, puede llegar a irse sin entender. Si mataron a mi hijo, y me empiezan a hablar del artículo tanto, de la formalización, de la audiencia, de los plazos, a la segunda palabra que no te entendí, ya te dejé de escuchar”, señaló Solari.
Una de las claves de la unidad de víctimas es el acompañamiento de psicólogos y trabajadores sociales. “Parte del trabajo de la unidad de víctimas tiene que ver con esto de ser un puente desde el ritual y lo más formal y encriptado del lenguaje jurídico, hasta del lugar, de llegar y no saber quién te va a atender”.
Solari sostiene que existe de hecho una expulsión institucional, en la que la revictimización puede hacer a la persona desistir del proceso. “No por la intencionalidad de los operadores sino porque lo formal hace que vos te sientas muy ajeno en un momento de alta conmoción si no está preparado algo que lo haga amigable y te permita tener cierta confianza”, añadió.
“Si me mataron a mi hijo y me empiezan a hablar del artículo tanto, de la formalización, de la audiencia, de los plazos, a la segunda palabra que no te entendí, ya te dejé de escuchar”. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación
“Deben existir estrategias de compensación inicial que permitan que yo, que vivo en Nuevo París, me quedé sin trabajo e hice sexto de escuela, pueda acceder de la misma manera si me mataron a mi hijo, o me rapiñaron, o me coparon en mi casa o me enteré de que a mi hija la abusaron, que una persona que tenga un trabajo estable, un nivel socioeconómico medio y viva en el centro”, agregó.
Otra de las barreras mencionadas por Solari tiene que ver con las desventajas materiales, desde las dificultades para moverse hasta las posibilidades de acceder a una defensa gratuita. La SCJ estableció un monto máximo de ingresos para que las víctimas accedan a la defensoría, que va de tres bases de prestaciones y contribuciones (15.492 pesos) a siete (36.148 pesos), dependiendo de si se tiene menores a cargo o si se paga alquiler.
“Ganás un poquito más o sos propietario porque te dejaron una casa, y no accedés a la defensa pública. Encima de que te enteraste de que abusaron de tu hijo y que sí querés participar del proceso penal. Si no tenés plata para pagar un abogado, no tenés patrocinio. Avanzamos con los derechos de las víctimas, pero no todo lo que sería necesario. Estas cosas muestran dónde hay que fortalecer más y el tema de la defensa es muy importante”, afirmó.
Solari señaló que las dificultades que tienen tanto víctimas como indagados para comprender lo que está pasando “no tienen que ver sólo con el nivel de pobreza”, sino con la capacidad de “desarrollar un pensamiento más simbólico” o de “tener un hilo narrativo de lo que te sucedió”. “Nos tiene que llamar la atención como sociedad, porque esto tiene que ver con personas que egresaron de un sistema educativo con habilidades muy básicas que por desuso pudieron haber dejado de ser funcionales”, agregó.
El docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Juan Ceretta coincidió con el presidente de la SCJ. “No creo que haya un juez en Uruguay que dicte una resolución en virtud de la situación socioeconómica de las partes. Ahora, lo que sí está claro y es indiscutible es que no es lo mismo acceder al sistema de justicia para una persona con determinado nivel sociocultural o socioeconómico. Una vez que vos llegaste, es verdad que en cierta medida hay un emparejamiento en cuanto a que la decisión del juez no va a tomar en cuenta si sos pobre para darte o no darte la razón, pero todo el camino que tuviste que recorrer para llegar ahí es bastante distinto”, sostuvo Ceretta en diálogo con la diaria.
Además de las dificultades a la hora de enfrentarse a las instituciones del sistema de justicia, Ceretta hizo hincapié en todos los conflictos que no llegan a plantearse.
“En el consultorio recibo un montón de gente que no podría pagar un abogado porque tiene una jubilación o una pensión de 15.000 pesos. Ahora, cuando voy a recorrer un asentamiento, las personas a las que veo no tienen para el abogado ni tampoco para el boleto para ir a la facultad, o no saben que existe alguien que los puede asesorar gratuitamente. Ahí entrás en otra porción de la ciudadanía que ni siquiera sabe que tiene derechos, ni remotamente puede llegar al consultorio o a la defensa pública porque no se le pasa por la cabeza. Hay un montón de situaciones que no están siendo atendidas por ninguno de los escalones de acceso a la Justicia; ahí hay una falla del Estado, que no está asegurando un acceso a la Justicia igualitario”, comentó.
Uno de los puntos mencionados por Ceretta es la necesidad de una defensoría que no dependa del Poder Judicial. “Para mí la defensoría pública debería ser por lo menos lo mismo que la Fiscalía hoy, un ente autónomo que no dependa del mismo sistema de justicia. Ahí tenemos una cuestión de diseño institucional que está pendiente. Así como la Fiscalía se independizó del Ministerio de Educación y Cultura, estaría bueno que la defensa pública se independice del Poder Judicial con presupuesto propio, que sean abogados públicos para darle patrocinio a quien no pueda pagarlo, pero que no dependan del mismo Poder Judicial que va a decidir sus asuntos”.
El artículo 260 del Código de Proceso Penal establece que la responsable de administrar las pericias es la Fiscalía, que es la parte denunciante en el proceso, por lo que la defensa del imputado, si no tiene recursos para pagar una pericia privada, debe pedírsela a la contraparte y si la Fiscalía se la niega puede reclamarle al juez.
“Hay una notoria diferencia en el ámbito penal entre las herramientas con las que cuenta un fiscal y con las que cuenta un defensor público; [estos últimos] van con un escarbadientes [...] Los defensores públicos son defensores prácticamente de la regularidad del proceso, no tienen un equipo que diga ‘voy a investigar sobre el caso y voy a tener mi teoría del caso y proponer pruebas distintas’, eso es imposible. Hay una clara diferencia con el defensor privado que puede pagar una pericia. Si el cliente tiene recursos, el defensor privado le va a decir: ‘necesitamos una pericia de esto o aquello’ y va a quedar por lo menos en un plano de igualdad con la Fiscalía. La calidad de la defensa depende mucho de eso”, sostuvo.
A diferencia de otros actores del sistema, como el fiscal de Corte Juan Gómez o el presidente de la SCJ, John Pérez, Ceretta cree en la incidencia de los medios de comunicación como parte de la estrategia en algún tipo de casos, lo que hace que la visibilidad en los medios sea otro de los puntos a considerar a la hora de medir condiciones de igualdad en los procesos.
“Cuando nosotros abordamos un caso desde la Clínica de Litigio Estratégico ‘utilizamos’ a los medios de comunicación como parte de la estrategia, diseñamos un plan con los estudiantes que va a incluir cómo comunicar el caso, cómo incidir por fuera del expediente en las resoluciones que se van a tomar; no quiere decir que siempre salga como uno lo planifica. Son casos que se abordan desde una metodología distinta y refieren a cuestiones estructurales y no puntuales. El caso de un trabajador al que lo echaron y no le pagaron el despido no tengo manera de abordarlo desde ese lugar”, señaló.
Consultado sobre las posibilidades de que la defensoría pública utilice esas estrategias, respondió: “Tiene que ver con el lugar institucional que ocupe la defensa pública. En Argentina, la defensa pública dependía de lo que hoy es el Poder Judicial y pasaba lo mismo que pasa ahora en Uruguay. Sin embargo, cuando se independizó pasó a abordar casos de litigio estratégico que hoy son paradigmáticos. Los defensores son buenos técnicamente, lo que pasa es que necesitan recursos, el sistema no está previsto para que aborden esas cosas, apenas pueden cumplir con la cantidad de asuntos que les son asignados”.
“Si vos mirás como un éxito la cantidad de tipos presos, cuanto menos se puedan defender, más gente presa vas a meter. Eso no es calidad del Estado. La calidad del Estado es que los que están presos sean los que tienen que estarlo”. Juan Ceretta, docente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
Ceretta habló sobre el vínculo entre una defensa pública débil y una concepción punitiva de la justicia: “Lo que les cuesta entender a los gobiernos de todos los signos es que una defensa pública fuerte es una mejor calidad del sistema democrático. Si vos mirás como un éxito la cantidad de tipos presos, cuanto menos se puedan defender, más gente presa vas a meter. Eso no es calidad del Estado. La calidad del Estado es que los que están presos sean los que tienen que estarlo”.
El fiscal de Flagrancia de 13er turno, Rodrigo Morosoli, se refirió a la forma de diligenciar las pericias. “Supongamos que estamos trabajando una rapiña al borde del amanecer y hay una discusión sobre si se verifica el agravante de nocturnidad o se descarta. La defensa me dice: ‘quiero que la fiscalía oficie a la Armada cuál es el tiempo del crepúsculo’. Es una prueba que es conducente porque hace o no al agravante en la pena del imputado. Yo se la diligencio y después la Armada me lo manda a mí, y en realidad tiene que ir directamente a la defensoría. Aprendí a dar las órdenes a la Policía en el sistema diciendo que la información tiene que ser remitida directamente a la defensoría. Son cambios culturales que a los fiscales nos cuestan, a los jueces y a la Policía también les cuestan”, señaló.
Morosoli explicó que si la defensa tiene una línea de investigación oculta a la fiscalía puede diligenciarla directamente al juez, hasta el momento en que ofrece la prueba para contestar la acusación. “Puesto ya en camino de un juicio, cada uno juega las cartas, en el marco del derecho y la deontología profesional, en la forma que más le conviene”.
“Si yo quiero generar en la opinión pública determinado estado de ánimo colectivo que influya en el proceso, creo que voy a ir por lana y salir trasquilado”. Rodrigo Morosoli, fiscal de Flagrancia
Para el fiscal es un error partir de la base de que se puede influir en la decisión de los jueces o mejorar la situación procesal a través de los medios de comunicación, por lo que no supone una desventaja no tener condiciones para salir. “Yo creo que los juicios se ganan en la cancha; vos podés cacarear en cuanto medio haya, pero después tu evidencia es pobre o la presentás mal o el testigo estrella no va… Si uno da cuenta a través de la prensa del resultado de su trabajo es una cosa, desde ese lugar creo que tenemos que comunicar. Ahora, que yo salga a adelantar cosas o decir que yo en el juicio voy a demostrar esto y que después eso influya al juez, creo que no. Conozco a los jueces uruguayos y los veo bien plantados; si yo quiero generar en la opinión pública determinado estado de ánimo colectivo que influya en el proceso, creo que voy a ir por lana y salir trasquilado”, opinó.
Para Morosoli, la defensoría pública tiene la ventaja de la práctica. “Eso hace que tenga la habilidad de llevar casos, sobre todo en flagrancia, con un ojo clínico que le permite detectar ya en los primeros momentos cuál es la situación en la que está envuelta una persona, cómo viene la investigación de la Fiscalía y la Policía, qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene, y asesorar debidamente a una persona. Como debilidad, tienen una enorme cantidad de casos, que hace que no puedan dedicarle todo el tiempo que se merecen”.
“La defensa pública en Uruguay tendría que tener una posición institucional similar a la que tienen otras defensas públicas del continente, como órgano extra poder, con independencia técnica, con independencia presupuestal y con un equipo de investigadores que colabore con el trabajo de la defensa”, señaló.
Morosoli hizo hincapié en la necesidad de descentralizar el servicio de Justicia para lograr un acceso efectivo. “Que hay dificultades fácticas de acceso a la Justicia creo que es evidente, pero no por la composición o la calidad de las personas que prestan el servicio, sino por aspectos más estructurales, como la distancia de los lugares de toma de decisión que implica un escollo para quien no tiene ingresos que le permitan pagarse un boleto de ida y vuelta, es simple como eso. Habría que pensar –presupuesto mediante– si no correspondería una descentralización como pasa en Chile, que tienen en Santiago cuatro regiones en la región metropolitana con sus diferentes servicios jurídicos”, planteó.
El fiscal destacó el trabajo de los jueces de garantía de Montevideo a la hora de explicar la situación procesal. “Ellos se toman el trabajo de que la gente entienda en un lenguaje llano y accesible qué situación está atravesando y cuáles son sus posibilidades. Me parece súper interesante cómo los jueces han modificado su proceder en las audiencias en atención al imputado y a la víctima”.
“La independencia va de la mano de muchas cosas, entre ellas no tener que andar rogando ayuda o buscando la posibilidad de que alguien se compadezca y te ayude a hacer una pericia”. Gabriela Machado, defensora pública
La defensora pública Gabriela Machado habló sobre los efectos que la independencia de la defensoría pública –que atiende 83% de los casos– podría tener sobre la calidad de la defensa. “La independencia va de la mano de muchas cosas, entre ellas no tener que andar rogando ayuda o buscando la posibilidad de que alguien se compadezca y te ayude a hacer una pericia, que creo que en ese aspecto es muy importante. No puede ser que una parte le tenga que pedir a la otra parte que le facilite prueba. Pero además, también tiene que ver con el no sometimiento a ningún poder”. La defensora señaló que mientras que la Fiscalía se fortaleció y se especializó, la defensoría continuó con la misma estructura que con el viejo Código de Proceso Penal.
Machado señaló que en muchos casos a personas “que apenas terminaron primaria y tienen muy poco conocimiento de las leyes” les imponen medidas limitativas de la libertad ambulatoria o tobilleras sin haber visto a un abogado y no saben las implicancias de no respetarlas. “No conocen la palabra ‘desacato’, es como si les hablaras en chino. Dicen que ellos saben que no se pueden acercar, pero no conocen las consecuencias de su accionar. ¿Lo vio un profesional y le dijo ‘mire que si usted va a su casa ahora a despedirse de sus hijos y llevarse sus cosas sin que el juez lo habilite a hacerlo va preso por desacato’? Nadie se lo dice. Ha pasado que el ómnibus pasa a dos cuadras de esa casa e ingresa en el perímetro, y eso se convierte en desacato y el tipo ya quedó formalizado”, sostuvo.
La defensora planteó que tampoco hay suficiente atención para los niños o adolescentes, que muchas veces son víctimas de violencias sostenidas en el tiempo y no hay suficiente cantidad de defensores para que sean tratados como sujetos de derecho.
Machado dijo que las condiciones en las que se atiende a las víctimas viola lo establecido en las reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia o la Convención de Belém do Pará, ratificadas por el Estado uruguayo. “El aparato judicial tiene que tratar a la víctima sin perjudicar aún más su estado. No puede ser que el defensor de Familia especializado le tenga que decir ‘espéreme un poquito que ya vengo’ y atienda entre audiencia y audiencia”.