Los defensores de oficio de Maldonado elevaron una petición a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ante una reestructura en los espacios del Centro de Justicia de Maldonado, que implica la división del servicio de Defensoría y la disposición de lugares que, según los defensores, no son aptos para trabajar con víctimas e imputados.
En diálogo con la diaria, la defensora Marie Clare Millán señaló que se enteraron informalmente del traslado de tres juzgados de paz al mismo piso donde funciona la defensoría, lo que implica una reestructura que, de concretarse, implicaría que haya tres oficinas para 16 personas y cuatro boxes, de 2,6 por 1,3 metros, para atender a sus defendidos, donde no se dan las condiciones mínimas de trabajo, dado que no hay privacidad para tratar los casos, ni herramientas para avanzar en las diligencias de las causas.
La defensora cuestionó que la decisión pase por jerarcas de los servicios administrativos que desconocen la realidad y las necesidades del día a día en el servicio de justicia y particularmente de la Defensoría. “El único objetivo que tienen es el ahorro de los alquileres, no tienen idea cómo funciona el Poder Judicial”, lamentó la defensora, quien calificó como “un atropello” la decisión tomada.
“Se está afectando fundamentalmente a los cientos y cientos de personas que concurren a la defensoría pública por múltiples temáticas”, señaló Millán, quien recordó que la defensoría atiende en causas de los juzgados de Familia, Penal, de Faltas y Civil.
Millán dijo que las condiciones de trabajo en las que quedará la defensoría de Maldonado son “totalmente indignas”. “Por un lado, hay una exaltación de la importancia de la defensa pública del acceso a la Justicia para el funcionamiento del sistema democrático y, por otro lado, se toman decisiones como esta”, agregó la defensora.
“Una redistribución como la que se pretende nos obliga a atender a usuarios, consultantes y patrocinados que concurren a la defensoría en condiciones de hacinamiento, lo que violenta no solo el ejercicio de nuestra función, sino derechos elementales como lo es la privacidad de sus consultas, en tanto las mismas siempre atañen a derechos fundamentales lesionados”, sostienen en el documento entregado a la SCJ.
El documento señala que la decisión “no sólo es ilegítima en tanto atenta contra las normas internacionales ratificadas por nuestro país y contra el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional”, sino que también causan “sumo agravio” a los defensores, por las condiciones en las que deberán atender a quienes acceden al servicio.
Entre las normas mencionadas en el petitorio, se encuentra el Convenio Internacional de Trabajo 148 sobre medioambiente de trabajo, en el que se dan las dimensiones mínimas de espacios laborales y condiciones edilicias y de ventilación. Además, sostiene que de la Constitución y de varias normas legales se desprende “el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores” y la prevención de riesgos laborales en las empresas. Por otra parte, marcaron la obligación del empleador que abarca tanto el plano contractual como legal.
“Quienes diseñaron esta reforma desconocen absolutamente cómo se trabaja en la Defensoría de Maldonado y las necesidades edilicias y de espacio que se requieren, tanto para los profesionales, las funcionarias, y los justiciables o lo que es peor, no les importa”, plantea el documento en el que reclaman la suspensión de la reestructura.