Desde la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), reunidos en asamblea, resolvieron declararse en conflicto porque aún no se cubrieron los 18 cargos para la Defensoría Pública que fueron aprobados en la última Rendición de Cuentas. Rechazaron que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “no haya cumplido con la asignación de cargos” hasta el momento, y que el presupuesto otorgado para estos cargos no haya sido destinado. “La SCJ no garantiza el acceso a la Justicia de los más vulnerables. ¿Dónde están los cargos? Independencia ya”, manifestaron.
Criticaron que “la SCJ no crea los 18 cargos de defensores otorgados por Rendición de Cuentas 2022 (Ley 20.075, artículo 365), pese al serio problema de falta de recursos humanos, generando sobrecarga de trabajo y deficiencia en la atención”. Y agregaron que “no se cubren vacantes de defensores públicos, ni de procuradores, ni de administrativos” cuando existe una demora en el concurso de defensores públicos, el cual está pendiente desde el año 2021”.
Desde Adepu denunciaron también la “sobrecarga de trabajo: asistimos más de 200.000 consultas por año”, y aseguran que “a través de diferentes normas se nos han atribuido más tareas, las cuales no es posible cumplir, afectando la calidad de la defensa”.
Afirmaron que “no existen cargos de defensores suplentes, por lo que en caso de certificaciones o licencias se debe distribuir el trabajo con el equipo de Defensoría -que ya se encuentra sobrecargado-”. También que “en varias defensorías se denuncian problemas edilicios, escaso espacio para trabajar en forma privada -atentando el secreto profesional y derecho de los usuarios- e incluso falta de baños adecuados”.
Por otra parte, señalaron que el “Juzgado de género en San Carlos ‘modelo’ no sólo no cuenta con suficientes defensores públicos, ediliciamente están ubicados en un subsuelo, sin oficinas independientes, y con espacios reducidos”, y que esto “contribuye a la revictimización, no cumpliendo estándares mínimos de atención”.
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Desde Adepu pidieron la “equiparación salarial”. Plantearon que “por ley se estableció que la remuneración de los defensores públicos de tiempo completo debe ser igual a la de los jueces letrados de primera instancia, lo cual no se cumple en la actualidad, existiendo una diferencia de más de 50.000 pesos mensuales”.
Finalmente, afirmaron que la “SCJ no prioriza la defensa pública como un derecho humano fundamental, sobre todo de los más desprotegidos”, y cuestionaron: “¿Justicia igual para todos/as?”. Concluyeron exigiendo: “Independencia de la Defensa Pública ya. Sin defensa no hay justicia ni derechos”.
Yamila Cabrera, presidenta de Adepu, habló con la diaria sobre la medida tomada en la asamblea, de la que destacó que “participaron muchísimos defensores”. Cabrera afirmó que fue una medida “tomada prácticamente por unanimidad”.
Por su parte, María Noel Rodríguez, abogada que forma parte de Adepu, indicó que “los cargos no son suficientes siquiera para cubrir lo mínimo que el servicio requiere”. “Basta de tratarnos como funcionarios de segunda. No se olviden nunca de que sin defensa no hay justicia”, sentenció Rodríguez.