Tiene 60 años como activista en derechos humanos y teme que las regresiones que ocurren puedan hacer desaparecer logros en el acceso a derechos alcanzados en las últimas décadas. Esto depende de la voluntad de las personas que hacen política en cumplir con los compromisos y tratados internacionales aprobados, acota Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). En entrevista con la diaria en ocasión de su reciente visita a Uruguay, opinó que la recolección y sistematización de datos es un debe importante del país para poder llegar con políticas y acciones a las poblaciones cuyos derechos están siendo violentados.
Como integrante de la Corte interamericana de Derechos Humanos, en 2009 participó en la redacción de la sentencia del caso conocido como Campo Algodonero, referida a la desaparición y asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, en México, la primera de ese organismo en utilizar la expresión “homicidio de mujer por razones de género” y que se considera un hito en el acceso de las mujeres a la Justicia en el continente. ¿Qué avances y retrocesos observa en esto en América?
Lamentablemente, el tema de la violencia contra las mujeres y el acceso a la Justicia siguen siendo un desafío, y lamento decir que probablemente lo siga siendo después de que yo muera. Pero ha habido progresos; la Corte Interamericana logró un gran progreso con el caso Campo Algodonero y no sólo en términos de la capacitación al personal policial, sino también a la comunidad, para que en todas las zonas empiecen a entender que no se puede tomar la vida, que la vida es un bien precioso, sobre todo si hablamos de la violencia contra las mujeres. La Corte ha trabajado para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres y contra los feminicidios, tenemos gente muy buena que trabaja en este tema en la CIDH, en la Corte y en el ambiente de los derechos humanos. Pero trabajo en derechos humanos desde hace más de 60 años –tengo 80 años ahora– y a veces me pregunto por qué cosas que logramos parece que fueran a desaparecer. Me digo: “Hicimos esto, esto y esto y los estados se comprometieron a tal y tal cosa, entonces, ¿por qué de repente comenzamos una regresión sobre los compromisos y los tratados que han firmado en la ONU, en el sistema interamericano?”. Y en general siempre se trata de la voluntad política de las personas que hacen la política.
¿Tuvo propuestas para hacer política partidaria, para ejercer cargos de gobierno?
Me han invitado a hacer política en Jamaica, a encabezar el sector de derechos humanos en el gobierno de mi país, y la realidad es que me di cuenta de que no iba a durar porque yo no iba a seguir las órdenes de un partido que buscaba continuar en el poder, me iban a echar a los dos días. Por eso decidí seguir protegiendo y denunciando desde afuera, me di cuenta de que para mí lo mejor era ser una activista. Después pasé al sistema interamericano, fui jueza y ahora comisionada y tuve que comenzar a portarme un poco mejor, a cambiar las formas [sonrisas]. Pero es importante entender que los estados deben seguir los tratados, los estándares del sistema interamericano, que es maravilloso, es la envidia de los sistemas en otras regiones del mundo y hay que protegerlo. He hablado con jueces del sistema europeo, por ejemplo, y nos dicen de la envidia que sienten por las órdenes que les podemos dar a los estados para brindar reparaciones ante las violaciones de derechos humanos.
¿Cuál es, a su entender, la situación en general de los derechos humanos en Uruguay?
La situación en general es buena y, de hecho, Uruguay tiene una muy buena reputación a nivel internacional sobre todo, pero obviamente observamos algunos desafíos. Hay algo muy positivo que tiene Uruguay y es su disposición, su voluntad con respecto a los tratados en la OEA, en el sistema interamericano de derechos humanos. Uruguay firma, luego ratifica los tratados y poco tiempo después ya está sacando una ley para implementar esas obligaciones que contrae como Estado ante los sistemas. Sin embargo, he encontrado un desafío tras hablar con funcionarios y funcionarias y con integrantes de organismos de la sociedad civil, que es una gran debilidad de Uruguay, y que tiene que ver con el recabar datos, sobre todo en lo vinculado a las infancias y la deserción escolar, a personas privadas de su libertad, personas mayores, personas que quizás tienen dificultades de acceso a los servicios de salud, a la Justicia. Lo que me llama la atención es que todas estas cosas que he mencionado se van registrando, porque si los chicos dejan la escuela queda un registro de eso y hay datos sobre las personas privadas de su libertad. Faltaría hacer un esfuerzo para sistematizar cómo se recolectan estos datos e ir cruzándolos. Porque si no de nada sirve la buena voluntad de firmar el acuerdo, ratificarlo, sacar la ley. Todo eso se termina perdiendo si después no sabemos para quiénes estamos trabajando y cómo proteger sus derechos.
Trabajo en derechos humanos desde hace más de 60 años –tengo 80 años ahora– y a veces me pregunto por qué cosas que logramos parece que fueran a desaparecer.
Presentó un informe sobre los derechos humanos de las personas mayores. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen en Uruguay? ¿Qué recomendaciones hacen desde la CIDH para superarlos?
Este informe nos llevó bastante tiempo, pero por suerte pudimos contar con un gran abanico de fuentes, con datos que vinieron de 20 países, con gente de los organismos de la sociedad civil, personas funcionarias y de diferentes ámbitos profesionales. Lo interesante es que no tratamos con personas mayores como si fueran un solo grupo, sino que también con base en diferentes escalas, porque tenemos, por ejemplo, de 60 a 70 años que van teniendo diferentes necesidades. Este instrumento busca ilustrar lo que necesitan para llevar una vida mejor en términos de salud, de pensiones. En muchos casos los trabajos de las personas fueron informales y entonces no hicieron contribuciones al sistema y no tienen una jubilación suficiente, por lo que no pueden adquirir comida o no pueden ir al médico cuando lo necesitan. La idea es ser conscientes de todo lo que necesitamos para satisfacer las necesidades que tenemos los seres humanos en la vida, y el Estado está obligado a velar por esta protección para que se satisfagan estas necesidades. Si una persona mayor quiere estudiar deben estar dadas las condiciones para que pueda hacerlo, que tenga acceso a la Justicia para proteger sus derechos si lo necesita, para que se respeten su propias decisiones y tenga su autonomía para decidir lo que quiera hacer con su vida y con el final de su vida, a menos que de algún modo estén afectadas sus facultades mentales. Y en el caso de alguien con demencia, por ejemplo, que también exista un protocolo a seguir para que todas las personas podamos vivir una vida digna, sin sufrir la pobreza ni enfermedades, saber usar las tecnologías, que es algo cada vez más importante para una vida mejor. Y repito: para poder hacer todo esto necesitamos datos. Una de nuestras grandes ambiciones con este informe y con nuestro trabajo es terminar con la discriminación estructural que se da en todos los países de las Américas, esta actitud estructural que vemos respecto del edadismo, de que el viejo es malo, inútil y no sirve más. Eso tiene que cambiar.
La situación de la población afrouruguaya –la principal minoría del país y que registra indicadores sociales peores que el resto de la población en casi todas las áreas relevantes– ha sido mirada con especial atención por la CIDH. ¿Cuáles son las principales observaciones y medidas que consideran necesarias?
Algo que vemos en todos los estados respecto de las personas afrodescendientes y que nos preocupa mucho es que, por lo general, salvo en los países del Caribe, donde los líderes, quienes gobiernan, son personas negras, en el resto de América Latina, Canadá y Estados Unidos las personas que lideran suelen ser blancas. Estamos hablando de sociedades donde se vive una discriminación racial histórica, sistemática y estructural muy arraigada en todos los sistemas, en el gobierno, la sociedad y la cultura. Nuestra relatoría intenta trabajar con todos los estados de la región para erradicar este tipo de discriminación. La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación y Formas Conexas de Intolerancia fue ratificada por seis países, primero Costa Rica y después Uruguay, lo mismo que la convención sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y con la ratificación de Uruguay entró en vigencia. Es muy importante tener en cuenta que en particular las personas mayores afro la pasan incluso peor que otras personas mayores porque tienen más necesidades. Entonces el gran desafío son los datos: si no tenemos información sobre las necesidades de estas personas, ¿cómo vamos a satisfacer sus necesidades, cómo vamos a velar por la protección de sus derechos?
En Uruguay se está realizando un censo nacional en este momento. ¿Qué recomienda?
Es importante que el o la censista, si va a ir a una zona donde hay habitantes afrodescendientes, sea una persona que esté al tanto de sus necesidades, porque hace falta que haya una relación de confianza, que sepa cómo tratar a la persona que va a contestar. Estamos hablando de población afrodescendiente acostumbrada a ser invisibilizada, discriminada, lo más probable es que se sienta reacia a contestar y que si contesta quizá no dé datos totalmente reales por vergüenza o por miedo. La persona que va a contestar debe poder sentirse cómoda con el censista, porque si no llegamos a ningún dato seguimos invisibilizando a estas poblaciones.