Una delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) concurrió este jueves a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para plantear su discrepancia con la decisión de quitar la creación de dos juzgados de primera instancia de la Justicia administrativa, que estaban previstos en el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo, pero fueron quitados durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El TCA es el máximo órgano de la Justicia administrativa y funciona como un órgano independiente del Poder Judicial y de los otros poderes del Estado, con el cometido de definir los procesos de nulidad de actos administrativos dictados por los diferentes organismos de la administración pública.
Ante una resolución administrativa, los interesados pueden apelar al TCA para que este revise si la decisión del organismo fue ajustada a derecho o no, y su actuación se limita a confirmar o anular el acto administrativo, sin posibilidades de reformularlo.
Actualmente, el TCA recibe unas 900 demandas por año, que son analizadas por los cinco ministros que integran el tribunal, Selva Klett, William Corujo, Luis María Simón, José Balcaldi y Rosina Rossi. Se estima que el proceso para resolver una acción de nulidad lleva entre dos y tres años. Cada ministro revisa el expediente por separado y luego se toma una definición por votación en una reunión de acuerdo. La naturaleza del reclamo determina las mayorías que se requieren. Si se trata de acciones de nulidad por lesión de un derecho subjetivo, se requiere una mayoría simple y la resolución tiene efectos exclusivos sobre ese proceso, mientras que cuando el acto de nulidad refiere a cuestiones de regla de derecho o de la buena administración, se requerirá la conformidad de cuatro de los cinco miembros y sus efectos son generales.
El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo planteaba en sus artículos 348 a 354 la creación de dos juzgados de primera instancia de lo Contencioso Anulatorio con un costo de 37 millones de pesos para 2023 y 2024 y contemplaba la posibilidad de crear otros dos juzgados y conformar eventualmente un Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.
Estos nuevos juzgados actuarían en los casos en los que la eventual anulación del acto administrativo cuestionado tenga efectos jurídicos particulares, concretamente calificaciones de funcionarios públicos o de sanciones disciplinarias de observación, apercibimiento o suspensión –siempre que la sanción no exceda los 15 días–, clausuras, prohibiciones, inhabilitaciones o suspensiones de actividades que no superen el término de cinco días y cuando el monto involucrado en la acción de anulación no exceda las 70 unidades reajustables.
El 22 de agosto, luego de aprobado el proyecto de Rendición de Cuentas en Diputados, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por lo que entiende como una “injustificada” decisión de la cámara de eliminar la creación de los juzgados.
“Por primera vez desde el retorno a la vida democrática, el Poder Ejecutivo ejerció su iniciativa legislativa para impulsar la creación de dos juzgados de primera instancia, puntapié ineludible en un proceso de reforma integral que busca sustituir el último régimen procesal aprobado durante los años de la dictadura”, señala el comunicado del CAU en referencia al Decreto-Ley 15.524 de enero de 1984, que estableció la ley orgánica del TCA.
El CAU señaló que la decisión tomada por Diputados “conspira contra la consolidación de una institucionalidad robusta y constituye un pernicioso mensaje a los ciudadanos”, y agregó que “la justicia anulatoria es un mecanismo fundamental para el control de la legalidad de la actuación de la administración pública y de protección de los derechos de las personas frente al poder”.
En esa línea, llamó a revertir la situación durante la discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado y a considerar que “facilitar el acceso a la justicia anulatoria contribuye a mejorar a la Administración pública, a hacerla más eficiente y comprometida con los derechos de las personas, así como a consolidar el clima de confianza de los ciudadanos respecto de sus gobernantes”.
En diálogo con la diaria la presidenta del TCA, Selva Klett, destacó el proceso por el que se concretó la propuesta de creación de los juzgados, que surgió de la Comisión para la Reforma del Sistema Contencioso Anulatorio, que fue creada en diciembre de 2021 por la Ley 20.010 e instalada en abril de 2023. La comisión está integrada por representantes del TCA, la Universidad de la República, las universidades privadas y el CAU.
Klett explicó que la creación de juzgados de primera instancia de lo contencioso administrativo está contemplada concretamente en el artículo 320 de la Constitución de la República, que establece que se podrán crear por ley con “tres quintos de votos del total de componentes de cada cámara” y que la integración de los juzgados será designada por el TCA.
“Tenemos un problema normativo importante, no le estamos haciendo caso a la Constitución. La Ley 20.010 hace unas reformas parciales que son buenas, que han ayudado al procedimiento, y crea la comisión como para marcar un mojón en la historia para hacer la reforma integral. La vicepresidenta de la República instaló la comisión, que despertó mucha ilusión y tal vez no tuvo tanta repercusión en el país, porque la gente no conoce mucho el tribunal”, señaló.
Klett dijo que desde su instalación la comisión se reunió semanalmente para avanzar en la creación de los juzgados para llegar antes del 30 de junio, cuando venció el plazo para que el Ejecutivo entregara la Rendición de Cuentas al Parlamento, y a su vez trabajó en regular el proceso tanto de los nuevos juzgados como del propio TCA, con la nueva estructura del sistema. La presidenta del TCA señaló que en el proyecto original enviado por el organismo que dirige se planteó la creación de cuatro juzgados, pero luego el Ejecutivo, cuando lo envió al Parlamento, lo redujo a dos.
“Es una reforma necesaria, muy poco costosa, es una insignificancia en el presupuesto nacional, que garantiza el acceso a la justicia de los ciudadanos y fundamentalmente de los habitantes del interior del país”, señaló, y agregó que los costos de mantener un proceso en la justicia administrativa en Montevideo muchas veces inhiben a las personas que viven en el interior de continuar con el proceso.
“Cualquier persona que viva en Guichón, Cerro Chato, San Gregorio de Polanco tiene que venir a litigar en Montevideo, sea el monto que sea. Ese es el punto focal de la reforma: nosotros planteamos posibilitar el acceso a la justicia de las personas que habitan los lugares más remotos del país. El acceso a la justicia se hace gravoso si tengo que pagar ómnibus, estadía y timbres”, agregó, y subrayó que la única materia del derecho que no tiene juzgados en el interior del país es la administrativa.
Consultada sobre dónde se instalarían los juzgados, Klett dijo que tendrían sede en Montevideo, pero que el acceso a los habitantes del interior se concretaría por la incorporación de tecnología que permita la litigación por medios telemáticos y, a su vez, la puesta en marcha de un sistema de jueces itinerantes para concretar diligencias que impliquen necesariamente la presencialidad.
Según explicó, los escritos que inician las causas y las respuestas de la administración se podrán realizar por correo electrónico, mientras que las audiencias podrían concretarse en una sala virtual, ubicada físicamente en Montevideo. “La parte escrita del proceso llega a Montevideo desde cualquier lugar del país, nadie se tiene que mover para llevar nada ni gastar en el viático. Los testigos no tienen que ir a declarar”, agregó.
Klett puso como ejemplo el caso de un funcionario a quien le ponen una multa de pequeño monto en el interior del país. “Para esa persona sancionada en un pueblo pequeño, esa multa es una mancha en su legajo. Esa persona difícilmente puede ir a Montevideo para que le quiten la sanción, porque no dan los costos. El acceso no está previsto para el interior; la igualdad entre los ciudadanos se logra si no hay que llevar los escritos, y las audiencias, si son sencillas y no hay que tomar prueba, se pueden realizar de manera virtual”, agregó.
En cuanto a los costos de los traslados de los jueces y su capacidad para trasladarse, Klett dijo que es el gasto de tener un auto a disposición y planteó que, según las estadísticas que lleva el tribunal, sólo en un tercio de los casos –unos 300– se requiere prueba personal, como la declaración de un testigo o un perito, lo cual requeriría que el juez de lo contencioso administrativo se trasladara al lugar.
“No es que todos los juicios van a tener esa prueba y el sistema va a colapsar, porque la mayoría tiene sólo prueba documental. Está estudiado estadísticamente y el sistema lo soporta”, sostuvo. “Tal vez en un primer momento haya un poco más de demanda”, agregó.
Consultada sobre la división del trabajo entre el tribunal y los juzgados, Klett respondió que los tiempos del proceso se reducirán. “Hoy el tribunal tiene en el mismo momento juicios importantes, mediáticos, que están en los diarios, y juicios sobre una multa por un exceso de velocidad o una sanción de un funcionario, una amonestación. No es que el problema del funcionario no sea importante, pero el TCA tiene que dedicarse a esa multa y al mismo tiempo estar con una licitación complejísima”, añadió. “Si nosotros separamos esas causas de pequeño monto y las trata el juez directamente, en una o dos audiencias, este ciudadano tal vez en seis u ocho meses tiene su caso resuelto”, estimó.
Klett explicó que, de aprobarse la reestructura, habrá casos de pequeña relevancia que van a ir a los nuevos juzgados y se agotarán en esa primera instancia, otros casos intermedios que tendrán dos instancias, la primera ante los nuevos juzgados y una revisión ante el TCA, y sólo los casos de mayor importancia serán tratados directamente por el TCA, tal como ocurre hoy con todos los casos.
“Es mucho más célere el proceso. Le sacamos trabajo al TCA porque no va a revisar todas las causas y al descomprimir el TCA también va a ser más eficiente. Por eso es integral, porque miramos todos los puntos de vista de todas las personas y todos los intereses involucrados”, agregó.
Por otra parte, señaló que el proyecto también refuerza la defensoría de oficio del TCA, reservada para quienes no pueden pagar un abogado, que actualmente funciona con una sola defensora. “Es una estructura mínima, con dos defensores de oficio, uno o dos procuradores y algún funcionario administrativo”, planteó.
En diálogo con la diaria el senador del Frente Amplio Charles Carrera, quien redactó el proyecto original de reestructura que fue presentado en el período anterior, destacó la importancia de concretar la reforma para brindar un mayor acceso a la justicia y señaló que no están claras las razones por las que el oficialismo, luego de haber votado la ley que creó la comisión para avanzar en la reestructura, optó por sacar los artículos. El senador dijo que es necesario buscar las formas para resolver la situación, dado que actualmente recaen sobre el TCA todos los casos, sin importar su magnitud.
“Cuando votamos esa ley, que se votó por unanimidad en este período, creamos una comisión de reestructura, porque también es una vieja aspiración de muchos. Nosotros defendemos y creemos que es necesario facilitar el acceso a la justicia. El Frente Amplio va a apoyar que se reincorporen”, expresó.
Durante la comparecencia del TCA, la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín y su par de Cabildo Abierto Guillermo Domenech se comprometieron a plantear el tema en sus respectivas bancadas para revertir la decisión de Diputados y reincorporar los artículos.