En noviembre del año pasado, Jonathan Mastropierro atropelló a dos personas que iban en una moto. Tras casi un año, fue condenado a diez meses de prisión por dos delitos de lesiones culposas graves. Deberá cumplir su pena en la cárcel. El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 1º Turno, que es liderada por la fiscal Graciela Peraza.
Desde agosto que Mastropierro tenía puesta una tobillera electrónica por este caso, por seguridad para las víctimas. Esta decisión se tomó luego de una audiencia en la que el joven concurrió acompañado por dos guardias de seguridad privado que mantuvieron actitudes intimidantes con las víctimas.
La defensa de las víctimas estuvo a cargo del abogado Eduardo Sassón. Las víctimas manifestaron disconformidad con la actuación de la Fiscalía.
Un familiar de una de las víctimas dijo a la diaria que están “enojados con la actuación fiscal en varios aspectos, muchos al límite de la incapacidad en el uso de los elementos visibles como pasar por alto que Mastropierro en declaración dijo haber usado un auto de un desconocido porque eso era común en el círculo que frecuentaba. en ‘juntadas’ ni siquiera llevaba libreta de propiedad del coche, pero en el lugar del hecho, interrogado por Policía, admite que era alquilado y da información”. Para ellos, el intercambio de vehículos debería ser “mínimo investigado” y opinan que “la fiscal al omitir estas cosas resta importancia a un estilo de vida transgresor”.
Desde la familia lamentando que Mastropierro fue “incapaz de caminar treinta metros para acercarse a los pibes gritando de dolor”. En cambio, “permaneció en el auto, se puso un tapabocas” e hizo llamadas telefónicas. “En varias ocasiones dijo que quería resarcir con 40 mil dólares, una cifra en cuotas ofrecida por un estafador, se llenó la boca en los medios diciendo esas mentiras”, señalaron, y resaltaron que “durante la investigación, Mastropierro dio 7 direcciones diferentes”, incluso algunas en lugares en los que nunca estuvo, algo que critican que la fiscal haya pasado por alto.
Por otra parte, tras hacer la consulta a un médico legista privado, llegaron a la conclusión de que las víctimas habían recibido lesiones “gravísimas” y no “graves”, como fueron tipificadas, algo que la fiscal pidió que sea certificado por un escribano, algo que la familia “no quiso soportar y la fiscal dio marcha atrás”.
Además, remarcaron que cuando fue el primer abogado que los representó, que no fue quien llevó la defensa hasta el final, le dijo que “no mediatizaran porque eso no le gustaba y nos podía perjudicar”. “Le marcó la cancha y a Mastropierro le permitía vanagloriarse de su estatus y tergiversar los hechos”, indicó. “No queríamos mediatizar en ese momento porque había una especie de operaciones para enchastrar a los fiscales, pero hoy considero que si un fiscal comete errores, es indolente y tiene sobrada desidia y desapego por las víctimas, ya no lo dejo pasar”, sentenció.