Este martes la intergremial de los funcionarios judiciales se reunirá con el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, para plantear las “problemáticas de seguridad” en las oficinas judiciales. La intergremial está integrada por la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju), la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), la Asociación de Informáticos Judiciales (Asiju) y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU).
“La situación social ha cambiado, la violencia ha escalado, esas cosas también nos impactan y no hay una respuesta”, apuntó Pablo Elizalde, secretario de AFJU. En concreto, el representante gremial detalló que la semana pasada hubo una serie de episodios “graves” que confirmaron la falta de presencia policial en las distintas sedes judiciales. “Creemos que hay necesidad de reforzar la seguridad en las oficinas judiciales en todo el país”, remarcó.
El primer hecho de violencia fue en Rocha, donde en el horario de trabajo una persona ingresó al centro de mediación y maniató a una compañera, no pasó a mayores por algún milagro”, comentó Elizalde. Horas después, según detalló, en una audiencia penal en la ciudad de San José una persona se “desacató” y el único efectivo policial presente en el lugar no logró “controlar la situación” y tuvo que “intervenir” un trabajador judicial.
“Nosotros vemos que en muchos lugares no hay la suficiente custodia policial para garantizar la seguridad no sólo de los trabajadores, sino que del público en general”, subrayó Elizalde. “Creemos que muchas veces hay falta de policía en los juzgados penales, en los juzgados de violencia doméstica, en muchos edificios del Poder Judicial, como podrían ser los equipos multidisciplinarios”, agregó el secretario de AFJU.
Elizalde también se refirió a la situación que enfrentan los funcionarios que deben trabajan en la calle, como lo son los asistentes sociales, los psicólogos o los oficiales alguaciles. “En más de una ocasión ha solicitado personal para que lo acompañen a hacer una diligencia a los alguaciles y los departamentos policiales dicen que no tienen gente, que no tienen móviles”, apuntó el representante gremial.
Elizalde agregó que más allá del número de personal, el Ministerio del Interior no atiende “de la mejor forma” las oficinas judiciales dado que en ocasiones designa, al menos en Montevideo, a funcionarios policiales que “están desarmados por procedimientos administrativos”, algo que desde su punto de vista “no puede pasar”. Por último, el secretario gremial dijo que estos planteos también se le hicieron a la Suprema Corte de Justicia y agregó que luego de la instancia del martes se analizará, según el resultado, que “otras medidas” se pueden implementar.