Hay dos personas privadas de libertad en el Centro Nacional de Quemados y tres en centros de salud, después de un incidente en el módulo 10 de la Unidad 4 Santiago Vázquez, que comenzó con una pelea y terminó en un incendio. Además de estas cinco personas, hubo otra que debió ser atendida en la enfermería del Comcar y que ya fue dada de alta.
En 2023 la situación de hacinamiento general en las cárceles empeoró dos puntos porcentuales con respecto a 2022, dice el informe anual de la situación del sistema carcelario y de medidas alternativas, que fue presentado este miércoles por la Oficina del Comisionado Parlamentario (OCP), en el edificio anexo del Palacio Legislativo, con presencia del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, el senador del Partido Nacional Carlos Camy y la diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz.
Actualmente, hay 16.005 personas privadas de libertad, indicó en la presentación el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza. En ese sentido, el informe elaborado por la OCP apunta que desde 2019 hasta la actualidad, el volumen de la población carcelaria “crece en promedio en casi 1.000 personas por año”. En 2020 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 12,6%, en 2021 de 10,3%, en 2022 de 5,2% y en 2023 de 3,9%. “Si bien el ritmo de aumento parecía decrecer en los últimos años, los datos de mediados de 2024 indican una tasa de crecimiento que se ubicará en el entorno de 7%”, señala el documento.
El informe concluye que “las condiciones generales de rehabilitación no han mejorado sustantivamente” y que en varias unidades penitenciarias “han desmejorado debido al resultado negativo del balance entre cantidad de personas presas y recursos para las respuestas programáticas, donde es claro que existen mucho más presos y menos recursos”.
En ese sentido, respecto del presupuesto, el informe indica que, a pesar del aumento de la población carcelaria en los últimos tres años, “no se consigna un aumento de los recursos para su atención, no sólo en inversión y gasto sanitario, sino también en gastos de funcionamiento”, los cuales “solventan la alimentación y los peculios de los internos que realizan trabajos”. Asimismo, señala que esto “estresa a todo el sistema ya que debe cubrir necesidades crecientes y apremiantes con menos recursos reales”.
Por lo tanto, para superar esta falta de recursos la OCP recomienda “crear un Fondo Concursable para Actividades Socioeducativas en el sistema penitenciario” para que organizaciones privadas de la sociedad civil “puedan presentar proyectos de diverso tipo prestando servicios de manera continua en régimen de equipos técnicos externos”.
La Oficina del Comisionado Parlamentario recomendó la creación de Centros de Inserción Social
Además de los datos de la actual situación, la OCP hizo 23 recomendaciones para avanzar en una reforma penitenciaria. Se centran en la rehabilitación, la salud mental y ponen el foco en la población carcelaria femenina.
Una de las medidas destacadas por Petit, es la creación de Centros de Inserción Social, que consisten en lugares “donde personas que han cometido delitos con penas cortas o que luego de un buen proceso de progresividad dentro de la cárcel puedan ingresar a un lugar donde deberán permanecer desde la tarde a las primeras horas de la mañana, en régimen controlado, pero que durante el resto del día deberán asistir a actividades de desarrollo personal y capacitación dentro de ese centro o en la comunidad, de manera asistida y supervisada”.
La medida, de acuerdo con el informe, “evitaría el contraproducente ingreso a prisiones por delitos leves y será un estímulo para quienes van cumpliendo una condena más larga pero que pueden tener un pasaje por un centro con “privación de libertad” atenuada pero con una inmersión paulatina en la sociedad”.
En cuanto a la salud, se propone “completar el inconcluso proceso de conectar a las personas presas con el Sistema Nacional Integrado de Salud [...] asumiendo ASSE la cobertura, como prestador único de salud”. Se hace hincapié en la salud mental, en la atención al consumo problemático de sustancias y en servicios de salud comunitarios para las “coordinaciones necesarias para diagnósticos, tratamientos o cirugías”.
Específicamente sobre la atención de la salud mental, recomiendan la creación de un módulo especializado “para personas con trastornos crónicos”, para así contar con “equipamiento adecuado, infraestructura prevista para su situación, atención psiquiátrica, de enfermería, psicológica y social especializada”.
Con relación a la población penitenciaria femenina, señalan que “los delitos que cometen las mujeres poco tienen que ver con las características del delito masculino”. En ese marco, “las políticas penitenciarias para mujeres han sido un mala copia del esquema de prisión masculino”, lo que dificulta las posibilidades de inserción social de las mujeres, que son “afectadas por regímenes muy poco sensibles a la perspectiva de género y generaciones”.
Es por eso que sugieren crear una política penitenciaria para mujeres, “fuertemente distanciada”, tanto para las medidas privativas de libertad como para el régimen de medidas alternativas, y contar con una Subdirección Nacional Técnica para Mujeres, en conexión con la Subdirección Nacional Técnica Masculina, que “establezca pautas y orientaciones específicas con perspectiva de género y generaciones y ampliación de las buenas prácticas actualmente en curso”.
En cuanto a las mujeres privadas de libertad con hijos a cargo, se recomienda que estas puedan “estar en un régimen de prisión domiciliaria asistida con programas de rehabilitación, asistencia y control, a los efectos de evitar que vuelvan a caer en el delito como estrategia de supervivencia”. Sin embargo, subrayan que un avance de este tipo “requiere el fortalecimiento del sistema de medidas alternativas y su conexión con la red de servicios sociales comunitarios”.
Entre otras medidas, plantearon hacer un censo de diagnóstico y progresividad con planes individuales de tratamiento que permita “contar con información diagnóstica de las potencialidades y necesidades de todas las personas” y “formular un Plan de Tratamiento Individual como el recomendado por las “Reglas Mandela”.
A su vez, se formula que el INR “lidere un plan de acciones, con apoyo y participación de varios ministerios, como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para mejorar las condiciones de rehabilitación en los lugares identificados con las peores condiciones de reclusión”, como la cárcel de Canelones, los módulos 3, 4, 10 y 11 de Santiago Vázquez, la Unidad 5 de Mujeres y Las Rosas en Maldonado.
Sobre la educación, la capacitación y el mercado laboral, recomiendan la implementación de una adecuación de los cursos de educación formal a las necesidades reales de las personas presas y que se desarrolle una red de capacitación laboral en “oficios y habilidades laborales adecuada a las necesidades y demandas del mercado”.