El fiscal de Durazno de primer turno, Diego Chaves, citó este lunes al intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, a declarar como indagado, en el marco de la causa que lo investiga por la venta de un campo de su propiedad y una posible conjunción del interés público y el privado.
Luego de la audiencia, Ezquerra se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Según dijeron fuentes del caso a la diaria, el intendente dio su versión de los hechos y en los próximos días su defensa presentará un escrito con documentos. La fiscalía procederá a diligenciar la prueba que propone el intendente y citará a los testigos sugeridos, y pedirán información registral, entre otras acciones.
La causa se reactivó luego de que Chaves asumiera en la fiscalía de Durazno en marzo. El caso había pasado por cinco fiscales previamente: tres en Tacuarembó, que, por distintos motivos, no continuaron con la investigación, y dos en Durazno, la fiscal Gabriela Rusiñol, que se jubiló, y la fiscal suplente Charline Ferreyra, quien tuvo el caso hasta que lo tomó Chaves.
En setiembre de este año el fiscal citó a declarar a ediles del Frente Amplio, del Partido Nacional y de Cabildo Abierto que analizaron el caso en la Junta Departamental de Tacuarembó. También convocó a declarar a Jhon Duhalde, el dirigente del Partido Nacional en Tacuarembó que presentó el caso ante el Comité de Ética del Partido Nacional.
La denuncia fue presentada en agosto de 2024 por el periodista Sebastián Ríos, de la radio Kandela. La Intendencia de Tacuarembó mandó a la Junta Departamental la solicitud para que se declare de interés un proyecto maderero de capitales brasileños, a cargo de la empresa Ballintoy SAS, y, al mismo tiempo, pidió la recategorización del campo de 14 hectáreas del intendente Ezquerra para que pase de rural a suburbano industrial.
El objetivo de Ezquerra era vender su terreno a la empresa Ballintoy SAS, un proceso que finalmente se concretó, y para eso solicitó la recategorización del campo, según consta en la denuncia penal. Asimismo, en el escrito se advierte que el intendente de Tacuarembó vendió el terreno a la empresa por 210.000 dólares, cuando lo había comprado en 2007 por 32.000 dólares. También se señala que en la declaración jurada que el intendente presentó a la Junta de Transparencia y Ética Pública en 2022 se le asignaba a la propiedad un valor de 1.806.000 pesos, unos 45.000 dólares en su momento, una cuarta parte del monto por el que vendió los padrones.
En la denuncia se señaló que en febrero del año pasado el intendente había firmado el boleto de reserva con Ballintoy SAS y la venta se había fijado para el 31 de mayo, “después de que ya había enviado a la junta la solicitud de declararlo de interés departamental. O sea que cuando el intendente pide la declaración de interés a la junta, el padrón todavía era de su propiedad”, consignó el escrito presentado a la fiscalía.
La defensa del intendente, por su parte, ha dicho que quien promovió la declaración de interés fue la empresa y que el intendente se limitó a elevar el trámite a la Junta Departamental, donde incluyó el certificado notarial del boleto de compraventa de su predio, con su firma y la de la empresa.