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Juan Peirano Basso es conducido a la sede penal de la calle Misiones para declarar ante la jueza Graciela Gatti, el 11 de setiembre de 2008.

Foto: Fernando Morán

Condenaron a Juan Peirano a nueve años de cárcel por el fraude bancario de 2002

3 minutos de lectura
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La sentencia concluyó que los integrantes del grupo Peirano actuaron para “ocultar o hacer desaparecer, total o parcialmente, el patrimonio del Banco de Montevideo”.

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La jueza en lo penal de 23º turno, Isaura Tórtora, condenó a Juan Peirano Basso a nueve años de penitenciaría por un delito de insolvencia societaria fraudulenta en la calidad de autor, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

“A raíz de la crisis argentina de fines del 2001, se llevó a cabo un retiro masivo de depósitos de clientes argentinos del Banco Velox y del TCB. Así fue que en los meses de enero y febrero de 2002, TCB no pudo hacer frente a sus obligaciones y la cadena de pagos se interrumpió”, señala la sentencia.

La investigación penal determinó que pese a las advertencias del Banco Central, el Banco de Montevideo (BM) asistió en varias oportunidades al TCB, el banco del grupo Peirano en las Islas Caimán. “En algunos casos se convencía a los clientes para que adquirieran los certificados de depósito de TCB alegando que TCB y BM conformaban la misma institución así como también mediante compras de certificados por el BM sin conocimiento ni autorización de los clientes”.

“Como consecuencia de la actividad económica, y a partir seguramente de 2001, y agravado por inversiones realizadas en Argentina, los hermanos Peirano se concertaron para realizar un gran número de operaciones fraudulentas; en beneficio del grupo, ocasionando un grave perjuicio a la Economía Nacional, y específicamente un enorme perjuicio a los accionistas, acreedores, inversores, ahorristas y al propio patrimonio del Banco de Montevideo y del Banco Caja Obrera”, señala la sentencia, que detalla que a febrero de 2002 el BM había colocado en el TCB más de 76 millones de dólares.

En la sentencia, Tórtora sostiene que Peirano “con su accionar efectivizó los actos constitutivos del tipo penal imputado a título de dolo directo, dado que medió conciencia de la antijuridicidad de su accionar”, y agrega que en la causa “se contó con el concurso y la participación de los directivos e integrantes del Grupo Peirano en su totalidad, sin cuya acción u omisión no pudieron haberse materializado los diversos actos que conforman la imputación solicitada por el Ministerio Público”.

Tórtora agregó que Peirano “ostentaba diversos cargos de responsabilidad en el Grupo Peirano y tenía conocimiento de las operaciones que él mismo realizaba, teniendo, por lo tanto, el dominio de todas las decisiones adoptadas en el Grupo”.

“Yo era el responsable de nombrar los gerentes generales y representantes de los accionistas en las respectivas compañías y bancos que integraban el Grupo Velox. La magnitud de las unidades (Banco Montevideo, Banco Velox, Banco Alemán Paraguayo, TCB Disco y otras compañías adicionales), una digresión para ilustrar el tamaño de lo que estaba bajo mi responsabilidad, lo que se dice el Grupo Velox, al momento que se produjo la intervención del Banco de Montevideo, empleaba en forma directa y pagaba sueldos todos los meses a 30.000 personas, por tanto el conocimiento de las operaciones de cada una de las unidades era muy limitado por razones de disponibilidad física y de tiempo”, sostuvo Peirano en su declaración ante la Justicia.

Durante el caso de Juan Peirano Basso, en la fiscalía de Juan Carlos Gómez (archivo, enero de 2024).

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Tórtora coincidió con la fiscalía en que “el activo y patrimonio del Banco de Montevideo fue saqueado con intención y voluntad de apoderarse de dichos fondos y transformarlos en su provecho”, y agrega que “en febrero de 2002 se cortó la cadena de pagos de TCB y el Grupo Peirano derivó capital del Banco de Montevideo para prestar asistencia a las empresas financieras del Grupo, contraviniendo las directivas impartidas por el Banco Central del Uruguay y ocasionando la mayor crisis financiera en el país, lo que se acredita con la fundamentación del decreto del Poder Ejecutivo para decretar el feriado bancario el 30 de junio de 2002”.

“Los integrantes del Grupo Peirano realizaron durante los meses previos a la intervención del Banco Central del Uruguay, es más, durante el propio proceso de control de esta institución y habiendo recibido asistencia por parte de la misma, actos dirigidos a ocultar o hacer desaparecer, total o parcialmente, el patrimonio del Banco de Montevideo que determinaron la exposición de dicho banco ante otras empresas del grupo en perjuicio de los ahorristas y del Estado”, agrega el fallo.

Juan Peirano fue detenido el 19 de mayo de 2006 en Coral Gables, Estados Unidos, para ser extraditado por la Justicia uruguaya. El 3 de setiembre de 2008 fue extraditado a Uruguay y procesado con prisión por insolvencia societaria fraudulenta el 11 de setiembre, en una sentencia que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de tercer turno el 20 de julio de 2009.

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