Organizado por la senadora Bettiana Díaz, del Frente Amplio, se llevó a cabo en el Parlamento un conversatorio sobre salud, trabajo y reforma penitenciaria, que contó con la participación del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; la directora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche; el exministro del Interior y senador suplente Nicolás Martinelli; el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Jonatan Perdomo, y la representante de los trabajadores ante el Banco de Previsión Social, Lorena Luján.
Castillo expuso sobre el trabajo de su cartera en la reinserción laboral de las personas liberadas del sistema penitenciario y se refirió al desafío que representa que 30 personas egresen diariamente de las cárceles –casi 1.000 al mes–, así como al aumento de mujeres en privación de libertad. El jerarca convocó a las cámaras empresariales y a los sindicatos a cooperar para fortalecer el vínculo entre los liberados y el ámbito laboral.
Sostuvo que “las personas liberadas se enfrentan a grandes problemas de acceso al empleo” y, por lo general, “cuando logran insertarse, acceden a un trabajo en condiciones de informalidad”, por lo que “no logran salir de ese círculo vicioso entre precarización laboral, pobreza y vulnerabilidad”. “Las malas condiciones y la falta de oportunidades de acceso al trabajo tienen como consecuencia que la probabilidad de reincidir en el sistema carcelario no disminuya”, señaló el secretario de Estado.
“El empleo no funciona como una válvula de salida de ese estado vulnerable que padecen los liberados”, afirmó, y añadió que, según la información con la que cuenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la reincidencia en las cárceles uruguayas alcanza el 66%. “Es obvio que se requiere una intervención del Estado con una política que logre cambiar la situación, que mueva la aguja y que nos traiga dentro de determinado período a rendir cuentas, para explicar cuánto hemos hecho para cambiar esa realidad”, sostuvo.
Por su parte, Petit dijo en su intervención que la situación de las cárceles es un “problema nacional, por las condiciones degradantes de la población carcelaria y la compleja situación de reinserción”. En tanto, Martinelli se refirió a las políticas de Estado y a los acuerdos multipartidarios, ya que “las causas de los problemas –adicciones, salud mental, reinserción, educación– requieren una mirada de largo alcance”.
Perdomo señaló que hay 16.000 personas privadas de libertad y que el INR atiende a 20.000 personas con 4.000 funcionarios de todos los escalafones. Además, llamó la atención sobre la falta de personal, advirtió sobre “una emergencia en el sistema carcelario” y calificó el trabajo penitenciario como “insalubre”.
Juanche, al hacer uso de la palabra, se centró en los derechos humanos y convocó a consolidar una estructura de salud laboral y de diálogo multinivel. También reclamó resolver la situación de 800 funcionarios que no cumplen funciones por certificaciones médicas, dentro de un total de 3.961 empleados. La directora hizo énfasis en la capacitación de los recursos humanos.