El impacto de la privación de libertad no sólo recae en la persona que está presa, sino que se ramifica y llega a sus familias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el martes pasado una resolución que toma esta realidad como punto de partida y llama a los estados de América Latina a revisar las políticas penitenciarias para garantizar los derechos de las familias y las personas cercanas.
En la resolución se advierte de diversas consecuencias del encarcelamiento. Por ejemplo, se menciona que la “ruptura de lazos de protección” y las dificultades para “mantener un contacto adecuado ocasionan que las personas bajo el cuidado de aquellas detenidas queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono”. Esa ruptura puede, al mismo tiempo, tener consecuencias a largo plazo para los familiares, “tales como el involucramiento en organizaciones criminales o, incluso, la institucionalización”.
El informe señala que, según estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, “cada detención afecta directamente a cinco personas del entorno cercano de la persona privada de libertad”. A su vez, la mayoría de estas personas son niñas, niños, adolescentes y mujeres, y en el caso de las personas mayores o con discapacidad, se destaca que “sufren un impacto diferencial por encontrarse desprovistas de dichos cuidados y, en ocasiones, por la imposibilidad de visitarles en prisión debido a la falta de adecuación de los espacios”.
En el caso de las mujeres privadas de libertad, se señala que la mayoría “están a cargo de hogares monoparentales y son las únicas cuidadoras de sus hijas e hijos”. De hecho, el informe señala que 87% de las mujeres presas son madres y que el encarcelamiento puede llevar a que los niños y niñas queden a cargo de un familiar cercano, pero también puede “derivar en la institucionalización”.
Las infancias con padres y madres presos también “sufren estigmatización, discriminación y tienen menos oportunidades para desarrollarse integralmente, y, derivado de lo anterior, si no reciben el apoyo necesario, ellos mismos pueden llegar a cometer delitos o involucrarse con el crimen. Además, se enfrentarían a una expectativa de vida más baja que otras niñas y niños”, se señala en la resolución.
En una entrevista con la diaria, el comisionado y relator para Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Stuardo Ralón, dijo que la única manera de “poder atacar” los problemas que genera el encarcelamiento en la persona y sus seres queridos es “estableciendo lineamientos o recomendaciones” para que los estados incluyan el cuidado de estos vínculos en el esquema de rehabilitación. Con esta resolución, por “primera vez en la historia se pone sobre la mesa el derecho de los familiares y personas cercanas como algo que debe protegerse dentro del modelo de gestión de los centros penitenciarios”.
Ralón explicó que la intención es que los gestores de la política penitenciaria pongan como centro la “protección de ese vínculo familiar” y que eso ocurra “en un marco de seguridad, dignidad y protocolos”. “Todo lo que se venía manifestando sobre las personas privadas de libertad era enfocado en el Estado como custodio de las personas detenidas, pero se estaba invisibilizando la obligación del Estado que recibe en sus centros de detención a personas no detenidas, que son personas cercanas o familiares, que merecen también ser tratadas con un protocolo de respeto, dignidad y seguridad”, indicó.
Visitas en lugares dignos, requisas no intrusivas y cercanía
La resolución establece, entre otras recomendaciones, que los estados deben asegurar que la información de las personas privadas de libertad incluya “indicadores sobre la composición familiar” al momento de la detención. En particular, se sostiene que se debe prestar especial atención a las personas que tienen “hijas e hijos menores de edad fuera de prisión o son responsables del cuidado de otras personas”.
Según establece el documento, los estados deben implementar políticas “orientadas al mantenimiento de los vínculos familiares”, que deben “enfocarse en respetar el derecho a mantener vínculos familiares contra toda interferencia arbitraria; garantizar que las personas sean alojadas en sitios de detención cercanos al hogar de sus familiares y otras personas bajo su cuidado; facilitar visitas; asegurar las condiciones apropiadas para la realización de visitas destinando espacios adecuados a tal fin, que sean universalmente accesibles y adecuados para personas de todas las edades; y asegurar que las visitas se realicen, por lo menos, con la periodicidad, modalidad y duración señaladas en los reglamentos penitenciarios”.
Ralón hizo hincapié en que las personas detenidas deben estar en un centro de reclusión lo más cercano al hogar de sus familiares para que el contacto y el vínculo se mantengan. Se debe, además, brindar acceso a la información de una manera fluida de las condiciones de salud y de reclusión de la persona, así como generar canales de denuncias que “puedan prevenir cualquier acto de violencia o discriminación”.
Asimismo, no sólo se debe garantizar un programa de visitas, sino que existan “espacios adecuados, accesibles para personas de todas las edades, para que haya un mínimo de una atención digna y como corresponde a los familiares que visitan a las personas detenidas”.
El informe también busca “prohibir, sin excepciones, los registros intrusivos vaginales y anales a las personas visitantes” y establece que, en cambio, “se deben emplear medios alternativos de registro y equipos tecnológicos no invasivos basados en el pleno respeto de los derechos humanos, así como capacitar al funcionariado para su uso”. Al respecto, Ralón señaló que la visita no solamente tiene que tener facilidades y ser “totalmente respetuosa”, sino que tiene que estar prohibido “cualquier acto de registros intrusivos de las personas visitantes, así como cualquier acto de estigmatización, de hostigamiento, de violencia”.
El comisionado agregó que muchas veces las familias están en una “condición totalmente vulnerable y, si los guardias no están debidamente capacitados, se encuentran con personal agresivo, con armamento, que abusa de su autoridad y termina muchas veces abusando físicamente, verbalmente y sexualmente”.
También se refirió a la necesidad de que los espacios estén acondicionados para las infancias. “Puede ser muy traumático para un menor llegar a un centro de detención”, por lo que se tiene que pensar en infraestructura en la que “se pueda compartir y un niño pueda correr y saludar a su ser querido en un ambiente que le sea agradable y no traumatizante”, apuntó.
Las familias como pieza clave de la reinserción
Ralón precisó que todas estas recomendaciones tienen un objetivo claro: garantizar la reinserción social. A lo largo de los seis años que lleva como comisionado ha visto innumerables veces que las personas quedan detenidas en un lugar muy lejano a donde vive su familia, cuyos integrantes no pueden coordinar para ir a la cárcel ni pagar el transporte. El encarcelamiento de una persona también impacta en la economía familiar. “Ese núcleo sufre un desbalance y la prioridad de supervivencia hace que se tengan que enfocar en ver cómo resuelven ese enorme desafío”, detalló.
En ese sentido, planteó que existe sobre todo un impacto más grande en las mujeres porque “se quedan muchas veces sin el acompañamiento de la persona que coadyuva y que daba un complemento muy importante, no sólo en la dinámica del núcleo familiar, sino en aspectos económicos”. “Ellas tienen que convertirse en personas que están a cargo del cuidado, de las visitas y de sostener desafíos económicos nuevos”, sostiene. Si bien esa afectación se da en los familiares en general, en el caso de “las mujeres se da un impacto diferenciado aún mayor”.
“Hay una desconexión que también hace muy difícil que pueda haber una posterior reinserción social, porque después de que se cumple una condena, si no hay un programa de reinserción, que es otro de los grandes faltantes en todos los modelos de gestión de la región, ni siquiera pueden acudir a las personas más cercanas porque ya no hay comunicación, porque rehicieron su vida, porque [la persona que sale] se volvió una persona ajena”, señaló.
Para Ralón, es muy difícil que una persona pueda reincorporarse a la sociedad, buscar un trabajo y salir adelante si perdió el contacto con su familia mientras estaba en la cárcel. “Entonces, una parte importante de cualquier modelo de gestión que tenga como enfoque la reinserción social es el mantenimiento del vínculo familiar, que va a ser un punto de apoyo fundamental para esa reinserción”, concluyó.