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Medida cautelar de la justicia civil impide fusión de Búsqueda y Galería

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El proceso de compra del Grupo Magnolio derivó en una demanda civil en la que el empresario Arturo Vargas acusó a Francisco de Posadas por “incumplimiento contractual” y reclamó el pago de una multa de cinco millones de dólares.

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El juez en lo Civil de 16° Turno, Hugo Rundie, dictó medidas cautelares que, en los hechos, impiden los planes de fusión de Búsqueda y Galería que tenían previstos llevar adelante los actuales dueños del Grupo Magnolio. En el dictamen, al que accedió la diaria, se le ordena al empresario Francisco de Posadas “que se abstenga de realizar o consentir, directa o indirectamente” cualquier acto o resolución que implique “un cambio significativo en el giro o valor de cualquiera de los medios comprendidos en el negocio”. Como por si acaso, el juez Rundie explicitó que esa medida alcanza “en particular” a Búsqueda y la “anunciada transformación y relanzamiento de dicho medio”, que incluía la fusión con Galería.

La decisión fue tomada a solicitud del empresario Arturo Vargas, quien compró el 90% de las acciones del grupo. Rundie ordenó a De Posadas que se abstenga de “iniciar, continuar o concretar” cualquier “tipo de negociación” con terceros que esté vinculada al proceso de compraventa del 90% de las acciones de las cinco radios (FM Del Sol, Radio Disney, Azul FM, radio El Espectador y Urbana FM) y el 100% del semanario Búsqueda, incluyendo a la revista Galería.

El 27 de noviembre de 2024, los empresarios De Posadas y Vargas firmaron un contrato de compraventa del Grupo Magnolio. En concreto, De Posadas le vendió a Vargas el 90% de las acciones de las cinco radios que pertenecen al grupo (FM Del Sol, radio Disney, Azul FM, radio El Espectador y Urbana FM) y el 100% del semanario Búsqueda (incluyendo a la revista Galería). El precio total acordado para dicha operación fue de 7,3 millones de dólares, según documentación a la que accedió la diaria.

Vargas pagó como adelanto la suma de 2,4 millones de dólares y De Posadas le entregó la carta de pago correspondiente. En el contrato, además, acordaron un mecanismo que establecía cómo se debía abonar el saldo de 4,9 millones de dólares, con lo cual se completaba la operación.

Casi un mes después, el 17 de diciembre de 2024, ambas partes firmaron una adenda del contrato en la que se establecieron determinadas “condiciones suspensivas”, ante eventuales incumplimientos. Una de ellas era que el vendedor (De Posadas) se comprometía a entregar toda la documentación solicitada por el comprador (Vargas) para completar el proceso de “due diligence” (debida diligencia), un trámite habitual en este tipo de transacciones, en el que se ponen sobre la mesa todos los aspectos legales, financieros, operativos y comerciales de la empresa.

Tras varios meses de sellado aquel compromiso, el empresario Vargas considera que De Posadas no entregó la información requerida para finalizar la “due diligence” y por esa razón su abogado, Ricardo Olivera García, activó dos acciones judiciales en la órbita civil. El 20 de junio, presentó un escrito ante un Juzgado de Conciliación en el que se relata, justamente, que De Posadas incumplió con la adenda del contrato. No respondió los pedidos de información que le enviaron en los primeros meses de 2025, por correo electrónico y por telegrama colacionado. A raíz de esta situación, Vargas reclamó el pago de una multa por cinco millones de dólares, una cifra que ambas partes habían establecido, por mutuo acuerdo, en la ya mencionada adenda del contrato.

El 16 de julio, por otra parte, los abogados de Vargas presentaron un segundo escrito ante el juzgado en el que solicitan la adopción de una “medida cautelar de no innovar”. Este pedido apuntaba más concretamente a la reciente decisión del Grupo Magnolio de transformar, a partir de setiembre, al semanario Búsqueda en una revista, una medida que fue criticada por los trabajadores, ya que implicaría “absorber” a Galería y perder fuentes de trabajo.

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