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Estancia María Dolores. (archivo, mayo de 2025)

Foto: Alessandro Maradei

Denuncia penal por compra de estancia María Dolores fue asignada al fiscal Alejandro Machado

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En una primera instancia se especuló con la posibilidad de que tomara el caso la fiscal Sandra Fleitas, pero no se concretó.

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La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado, tendrá a su cargo la investigación tras la denuncia penal contra el Instituto Nacional de Colonización (INC) que presentaron el Partido Colorado, el Partido Nacional e Identidad Soberana por la compra de la estancia María Dolores. Machado fue informado de esta novedad este martes, según informaron a la diaria fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia se presentó ante el Poder Judicial el 11 de setiembre. Un día después comenzaba el turno de la fiscal de Delitos Económicos de 2° turno, Sandra Fleitas, y por eso se manejó la posibilidad de que el caso le fuera asignado. Sin embargo, al no tratarse de un eventual delito en flagrancia, el sistema aleatorio le asignó el caso al fiscal Machado. El titular de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno investiga otros casos de alta exposición pública, entre ellos las estafas de dos fondos ganaderos (Grupo Larrarte, República Ganadera) y la eventual destrucción de documentos públicos vinculados al caso Marset.

La denuncia de los dirigentes opositores por la compra de la estancia María Dolores apunta a la “aparente comisión” de los delitos de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público. En ese sentido, se solicita que “se inicie investigación penal sobre las personas que hayan participado en dicha operación”.

El presidente del INC, Alejandro Henry, dijo que no encuentra los motivos por los que blancos, colorados e Identidad Soberana se presentaron ante la Justicia, y remarcó que los informes jurídicos con los que cuenta Colonización son “contundentes”. La denuncia que se presentó el 11 de setiembre también generó una controversia vinculada a la conveniencia de aprobar una comisión investigadora en el Parlamento con un caso ya judicializado.

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