Ingresá

Vladimir Putin, durante un servicio ortodoxo de Pascua, el 23 de abril de 2022 en Moscú.

Foto: Alexander Nemenov, AFP

Putin, los jueces y la bomba

4 minutos de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

Cuatro escenarios para la justicia internacional.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

¿George W. Bush y Anthony Blair serán algún día perseguidos por la justicia internacional por haber provocado la invasión a Irak sobre bases engañosas? Al poner en marcha un proceso contra el presidente ruso, la Corte Penal Internacional no sólo pone en juego su credibilidad, sino también su futuro.

Este 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por un crimen de guerra: la deportación de niños ucranianos. Como la Corte no dispone de ningún medio para hacerla ejecutar, esta decisión no tendrá una consecuencia a corto plazo para el implicado. No obstante, lejos está de ser insignificante. En efecto, es la primera vez que esta institución culpa al jefe de un Estado que cuenta con armas termonucleares, que además se encuentra en tiempos de guerra.

A partir de ahora, varios escenarios son posibles. El primero sería el de un fortalecimiento de la justicia penal internacional. Desde su nacimiento en 1998, la CPI padece de importantes límites. Además de que muchos países entre los más poderosos (Estados Unidos, China, Israel, etcétera) no ratificaron su estatuto fundador, no dispone de ninguna fuerza de policía capaz de hacer ejecutar sus sentencias. La Corte multiplicó los procesos que implican a ciudadanos de Estados débiles, en especial africanos, provocando una acusación de racismo por parte de la Unión Africana1. Durante los años 2010, la fiscal Fatou Bensouda, en el cargo de 2012 a 2021, inició, de forma valiente, dos procesos contra Estados Unidos y el Reino Unido por crímenes perpetrados en Afganistán y en Irak. Como respuesta, Washington revocó las visas y congeló los bienes de los miembros de la Corte, hasta que fueron abandonadas las actuaciones judiciales. Londres utilizó argucias jurídicas llevando a la fiscal a poner fin al asunto por voluntad propia. ¿Significa la decisión de inculpar al presidente de una gran potencia militar que ya nadie se encuentra a resguardo, si no de la ejecución de una sentencia, al menos de un proceso, incluso de una condena por contumacia? Esta visión optimista será validada si, en el día de mañana, la Corte inculpa a otros poderosos, por ejemplo, al expresidente estadounidense George W. Bush por su rol en la invasión a Irak en 2003. No obstante, tal desarrollo parece muy improbable.

Mal pronóstico...

Un segundo escenario ve en las actuaciones judiciales emitidas contra el presidente Putin una sentencia de muerte para la CPI. Al tomar tal decisión en un contexto de extrema polarización, la Corte no haría más que instruir un proceso ilegítimo. A los dirigentes de países que le son hostiles y que son cercanos a Moscú les es fácil denunciar su “politización” y una evidente “doble vara”, al igual que a Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino2. Al día siguiente de la emisión de la orden de arresto, el presidente Xi Jinping visitó a Putin. Por el contrario, los partidarios de la CPI y por otra parte adversarios de Rusia, aplauden la audacia de la jurisdicción. No se trataría más que del “comienzo del proceso para conducir a Rusia y a su dirigente a rendir cuentas por los crímenes y las atrocidades que cometen en Ucrania –indicó así Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores–. No puede haber impunidad” (Reuters, 17 de marzo de 2023).

¿Pero qué sucederá si esta decisión no produce ningún efecto penal? Los países del Sur que ratificaron los Estatutos de la Corte se encuentran en algún lugar entre estos dos polos. Su falta de reacción es testimonio de un profundo malestar. Sin embargo, estarían jurídicamente obligados a arrestar al jefe de Estado ruso, en la hipótesis de que éste fuera a su territorio. Por cierto, el problema se presentará el próximo mes de agosto, si Putin participa en la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en Durban. En 2015, invocando su inmunidad diplomática, Pretoria rechazó arrestar a Omar Al Bashir, perseguido por crímenes de lesa humanidad en Darfur, de visita en el país. Mucho tiempo después de los hechos, el 6 de julio de 2017, los jueces de La Haya no pudieron hacer más que expresar una reprimenda formal a Sudáfrica, ya que no se prevé ninguna sanción en caso de no cooperación de un Estado parte.

O incluso peor

El tercer escenario parte de una constatación simple y curiosamente poco tenida en cuenta: Putin tiene un medio seguro de no perder la guerra contra Ucrania y, por lo tanto, de no ir jamás a La Haya: recurrir a las bombas termonucleares. Pocos son aquellos que se toman la amenaza en serio, incluso cuando Moscú anunció el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. ¿Pero qué sucedería si el desenlace del conflicto y la situación interior de Rusia tornaran plausible una extradición hacia La Haya?

Algo es seguro: a corto plazo, la decisión de la CPI aleja aún más la perspectiva de una salida negociada del conflicto en Ucrania. En efecto, existe una tensión entre justicia y diplomacia. La primera se basa en la búsqueda de la verdad; la segunda, en el acuerdo. Si bien no se negocia (al menos de forma pública) con un criminal, los procedimientos penales iniciados en tiempos de guerra también tienen por efecto radicalizar a los acusados y a sus partidarios, estigmatizados o acorralados como en este tercer escenario. En 2003, la oficina del fiscal de la CPI también recomendaba evaluar, antes de actuar, los riesgos “de exacerbar” un conflicto o de “desestabilizar una situación”3. Esta preocupación parece haber sido olvidada, a menos que la Corte tenga en mente un cuarto escenario: tratar de modificar la política de Putin a cambio de un abandono total o parcial de los cargos en su contra.

Por lo tanto, se presenta una paradoja: las actuaciones de la justicia tornan más difícil la búsqueda de una salida del conflicto y aumentan el riesgo de una catástrofe mayor, de la cual los ucranianos serían las primeras víctimas...

Mathias Delori, investigador en Ciencias Políticas del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, Francia) y del Centro Marc-Bloch de Berlín. Traducción: Micaela Houston.


  1. Francesca Maria Benvenuto, “La justicia internacional, del sueño a la realidad”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre de 2013. Véase también William Bourdon, “Quelle loi contre les invasions armées ?”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2022. 

  2. Véase John Feng, “China Says Putin Has ‘Immunity’ From War Crimes Prosecution”, Newsweek, 23-3-2023. 

  3. Corte Penal Internacional, reglamento de la oficina del fiscal, 3-6-03, citado por Henry Lovat, “Delineating the Interests of Justice”, Denver Journal of International Law & Policy, Vol. 35, N° 2, enero de 2007. 

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer, podés hacerlo completando este formulario.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura