El sangriento despertar de Bangladés

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A fines de junio, estudiantes bangladesíes se manifestaron contra un sistema de contratación de funcionarios. En pocas semanas, el movimiento se hizo masivo y obligó a huir a la indomable primera ministra Sheikh Hasina. Desde las protestas iniciales hasta el levantamiento popular, ¿qué pasó? ¿Y qué esperanzas puede tener el pueblo de Bangladés para el futuro?

Una extraña calma reina sobre Daca, la capital, en la mañana del 5 de agosto. Vehículos militares y policiales están estacionados en los cruces más importantes de la ciudad, con camiones que bloquean los principales puntos de entrada para impedir la afluencia de participantes de la “larga marcha hacia Daca” lanzada por el movimiento popular que sacude al país desde hace tres semanas.

El apagón de internet impuesto por el gobierno se levantó hace una semana, pero las redes sociales bullen de especulaciones sobre lo que ocurrirá a continuación, después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Waker-uz-Zaman, anunciara que se dirigiría a la nación en respuesta al pedido de dimisión de Sheikh Hasina, primera ministra desde 2009.

Cuando el general tomó finalmente la palabra a las 16.00, el rumor de que Hasina había abandonado el país ya se había extendido como reguero de pólvora. Con gafas oscuras, el rostro del oficial de alto rango delataba su febrilidad ante las cámaras y, detrás de sus lentes, a una nación que contenía la respiración. El hombre confirmó que la jefa de gobierno había huido. Dos horas antes, se había subido a un helicóptero militar con destino a India.

En las calles, la población estaba exultante, mientras una multitud eufórica irrumpía en el Ganabhaban, la residencia oficial de Hasina. Algunos tomaron sus saris, otros los cisnes del lago del palacio, mientras otros se tomaban fotos echados en la suntuosa cama de la fugitiva. En la televisión, el general continuaba su discurso, llamando a la calma y a la moderación. Prometió una reunión con los principales dirigentes de los partidos de oposición al día siguiente. En agenda sólo había una pregunta, la misma que nadie se había atrevido a formular durante 15 años: ¿quién gobernará el país ahora?

Así terminó el “julio sangriento” de Bangladés. Un mes marcado por una represión brutal, múltiples desapariciones forzadas llevadas a cabo por los servicios de seguridad del Estado; pautado también por un movimiento de masas que nada pudo detener. Un movimiento que provocó la caída del régimen de Hasina y del partido gobernante, la Liga Awami. Dirigido durante mucho tiempo por el padre de Hasina, Sheikh Mujib, la Liga Awami había presidido la liberación de Bangladés (entonces sólo la mitad “oriental” de Pakistán) en 1971, antes de convertirse en un instrumento de opresión para el mismo pueblo al que había pretendido emancipar tras su regreso al poder en 2009.

Incendio inextinguible

Nada hacía pensar que Hasina estuviera a punto de ser destituida cuando comenzaron las protestas el pasado julio con el resurgimiento del Movimiento para la Reforma de los Cupos. Este movimiento, que apareció por primera vez en 2013, denuncia un sistema de asignación privilegiada de puestos en la función pública. Concebido en 1972 con el fin de facilitar la reinserción de los civiles que habían participado en la guerra de liberación nacional, el mecanismo reservaba entonces el 30 por ciento de los puestos de la función pública a estos “combatientes por la libertad” y a sus hijos; el 10 por ciento a las biranganas (mujeres agredidas sexualmente por el ejército pakistaní); el 40 por ciento a las personas que vivían en distritos habitualmente infrarrepresentados en el sector público; y el 20 por ciento a los nombramientos basados sólo en el mérito. El sistema evolucionó a lo largo de los años, y las adjudicaciones por mérito pasaron del 20 al 40 por ciento en 1976, hasta que en 2010 el gobierno decidió incluir a los nietos de los “libertadores” en el 30 por ciento reservado a los excombatientes. Combinada con el aumento del desempleo juvenil, la decisión desencadenó las primeras manifestaciones en 2013.

A pesar de la represión a manos de la Policía y del ala estudiantil de la Liga Awami –la Bangladesh Chhatra League (BCL), una estructura de tipo paramilitar–, la movilización no cesó a lo largo de los años. En 2018, Hasina tuvo que responder. Intentó una provocación con la que esperaba desacreditar el movimiento de protesta: abolir todo el sistema de cupos. Fue un error: la población aplaudió. Tres años después, sin embargo, los hijos de los “combatientes por la libertad” presentaron una demanda ante la Corte Suprema donde consideraban que la abolición de los cupos era inconstitucional. En julio de 2024 la Corte les dio la razón y restableció el sistema.

Las protestas estallaron en algunas universidades públicas, pero las filas de los manifestantes estaban dispersas. Hasta que dos acontecimientos atrajeron hacia ellos la corriente del descontento: la publicación de una investigación periodística que demostraba que los exámenes de ingreso a la función pública (de los que dependía el 44 por ciento de los puestos de trabajo en esta etapa) habían sido filtrados a personas próximas al gobierno; y, por sobre todas las cosas, una aparición televisada de Hasina durante la cual calificó a los manifestantes de rajakars, un término cargado de sentido cuya comprensión requiere retroceder en el tiempo.

En 1971, cuando Bangladés todavía formaba parte de Pakistán, Islamabad perpetró un genocidio cuyas estimaciones, aunque varían, cifran el número de muertos en cientos de miles. Las masacres duraron nueve meses y contaron con la ayuda de colaboradores bengalíes, conocidos colectivamente como rajakars. Para un ejército que no sabía qué aspecto tenían los mukti bahini (“combatientes por la libertad”) y que apenas conocía el terreno, estos rajakars fueron un recurso determinante para identificar al “enemigo”: indicaban a los soldados pakistaníes qué casas quemar, qué familias castigar (por la participación de un hijo en los mukti bahini) y a qué mujeres violar, cuando no participaron directamente en estos actos por celo religioso, codicia o venganza personal. Hasina no podía ignorar el efecto que produciría.

Su elección de palabras y el revuelo causado por la investigación periodística sobre el fraude en los exámenes obligaron a la Corte Suprema a modificar el sistema de cupos el 21 de julio. Desde entonces, el 93 por ciento de los puestos se adjudican por mérito, el cinco por ciento a los “combatientes por la libertad”, el uno por ciento a adivasis y el uno por ciento a discapacitados y “tercer género” (personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres). Pero la decisión de la Corte Suprema llegó demasiado tarde. El incendio ya había comenzado, y con gran intensidad, porque, a la espera de la chispa que la encendiera, la pradera bangladesí hacía tiempo que se había secado.

El desprecio por la clase obrera

El largo reinado de Hasina se caracterizó por el auge de una forma de capitalismo clientelista carente de cualquier moderación. El sector bancario estaba a merced de un puñado de magnates industriales lo suficientemente cercanos al gobierno como para considerar que no tenían que devolver sus préstamos. En caso de dificultades, las autoridades no dudaban, por ejemplo, en modificar las normas del Banco Central para facilitar la extorsión y la malversación.

Lejos de las bacanales de beneficios reservadas a las altas esferas de la sociedad, la Liga Awami había transformado el país en una fábrica que producía al mismo tiempo textiles baratos y trabajadores pobres. En 2010, el gobierno aprobó una ley destinada a desarrollar unas 100 “zonas económicas privadas” para respaldar las “zonas económicas especiales” (públicas) en su tarea de privar a los trabajadores de secciones enteras de la normativa que regula el trabajo. En 2021, más de 500.000 trabajadores de la industria de la confección empleados en estas zonas no tenían derecho a afiliarse a un sindicato. También les estaba prohibido participar en negociaciones colectivas. Tras el trágico incendio de Rana Plaza en 2013¹, el país vivió varias huelgas en el sector textil, a las que el gobierno respondió con violencia: balas de goma para las multitudes; desapariciones y asesinatos para los líderes sindicales. En 2022, la Confederación Sindical Internacional (CSI) situó a Bangladés entre los diez países donde la situación es más crítica para los trabajadores². Mientras que el 30 por ciento de la riqueza producida es acaparada por el cinco por ciento de los hogares más acomodados³, en agosto de 2022, miles de trabajadores del té –la mano de obra peor remunerada del país– iniciaron una huelga salvaje de tres semanas para exigir salarios dignos. El gobierno los obligó a aceptar un aumento irrisorio: de ganar el equivalente a 1,20 dólares estadounidenses pasaron a 1,70, todavía por debajo de la línea de pobreza de 2,15 dólares.

El desprecio de Hasina por la clase obrera se extendió más allá del ámbito nacional. Las trabajadoras migrantes, glorificadas como “guerreras de las transferencias”, eran un producto de exportación esencial para Bangladés. Sin embargo, el gobierno guardó silencio, en el mejor de los casos, sobre los abusos que sufrían. Cuando en 2019 se repatriaron 119 cadáveres desde Arabia Saudita, el ministro de Asuntos Exteriores, Abdul Momen (2019-2024), señaló que el número de estas muertes era insignificante en comparación con el número de mujeres bangladesíes que trabajaban en Arabia Saudita. En 2022, 3.838 mujeres regresaron muertas del extranjero⁴.

Esta situación ha resultado ser un terreno fértil para los movimientos islamistas. Alimentados por el regreso de los bangladesíes que habían luchado con los muyahidines afganos en los años 1980 y por el oportunismo de los partidos islámicos tradicionales, diversos grupos extremistas han atraído a trabajadores de las zonas rurales. La afluencia de fondos de los países de Medio Oriente y del Golfo, en particular de Arabia Saudita, ha permitido a estas organizaciones colmar las lagunas educativas y laborales dejadas por el Estado y reclutar de forma masiva en las madrasas.

El Estado bangladesí no podría haber deseado un mejor adversario, ya que declaró su apoyo a una forma de islam “moderado” en el contexto de la “guerra contra el terrorismo”. Cuando en 2013 la Liga Awami prohibió toda actividad política del partido moderado Jamaat-e-Islami Bangladesh (JIB), sopló el viento de las velas de toda una serie de organizaciones mucho más radicales, cuya represión puede orquestar con libertad. En 2013, por ejemplo, el grupo Hefazat-e-Islam organizó una manifestación en el distrito financiero de Daca para exigir una ley contra la blasfemia. Hasina lanzó fuerzas policiales y paramilitares contra los manifestantes. En una forma de obcecación cuyos efectos no habían previsto, la izquierda y los progresistas del país aplaudieron entonces el “coraje” de las autoridades, sólo para pagar los vidrios rotos unos años después, cuando se llevó a cabo una represión similar contra toda persona que se manifestara de manera pública en contra del gobierno.

En los últimos años se han multiplicado las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. En 2022, el sitio web Netra News reveló la existencia del centro de detención secreto Aynaghor (“la habitación de los espejos”), dirigido por los servicios de inteligencia militar y que había sido objeto de rumores durante mucho tiempo⁵. Durante las protestas por la seguridad vial de 2018, cuando los estudiantes salieron a la calle para exigir rutas más seguras y mejores normas de transporte, el gobierno dejó marchar a las fuerzas de seguridad y a los dirigentes de la BCL. Cuando el fotoperiodista Shahidul Alam informó sobre estos acontecimientos, fue encarcelado durante 107 días en virtud de la Ley de Seguridad Digital, con el pretexto de que habría fomentado complots “antinacionales”⁶.

Hasina aplicó esta política en nombre de la “liberación nacional”, la misma por la que había luchado su padre y de la que ella se presentaba como garante. Oponerse a la Liga Awami significaba obrar contra la emancipación del país, incluso cuando el gobierno sometía a Bangladés a los deseos de su vecino indio.

Buenos vecinos

India rodea completamente el territorio de Bangladés, con la excepción de su apertura al océano Índico. Nueva Delhi es, por tanto, un interlocutor clave para Daca. Aunque India siempre ha gozado de ventajas comerciales con su vecino tras su liberación, en los últimos 15 años estas se han transformado en privilegios que ilustran un vínculo de sumisión. Un ejemplo es la central eléctrica de carbón de Rampal, cerca de los Sundarbans –uno de los mayores manglares del mundo, que se extiende a ambos lados de la frontera–; se construyó en 2016 con inversiones indias y se alimenta de carbón indio importado, mientras que Bangladés, uno de los países más expuestos al calentamiento global, absorberá por sí sola el impacto medioambiental. En 2017, el gobierno de Hasina firmó un acuerdo con la empresa india Adani Power, propiedad de Gautam Adani, vinculado de modo estrecho al primer ministro de India, Narendra Modi, en virtud del cual Bangladés tendrá que pagar por una electricidad que no utilizará⁷.

Aunque el Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi y la Liga Awami han trabajado codo a codo, la brecha entre ambas poblaciones se ha ensanchado. Se anima a los indios a ver a los bangladesíes como potenciales inmigrantes ilegales, pidiendo limosna de forma constante a pesar de la pretendida benevolencia de India y el rol decisivo que desempeñó en la liberación de su país. Los bangladesíes, por su parte, denuncian la violencia contra los musulmanes en India y los injustos acuerdos comerciales firmados entre ambos países. En Daca no es raro oír rumores sobre la presencia de agentes de los servicios secretos indios en el ejército y la Policía, o sobre el hecho de que se haya nombrado a indios para altos cargos del gobierno. No hay pruebas de ello, pero pocos bangladesíes se sorprenderán al descubrir que todo es cierto. El sentimiento antiindio alcanzó su punto álgido en junio, cuando el gobierno de Hasina concedió a India el derecho de utilizar de manera gratuita el sistema ferroviario de Bangladés para que sus trenes pudieran circular de Bengala Occidental a Assam⁸. En Bangladés ha surgido un movimiento de boicot a India.

A pesar de ello, Hasina confiaba en acallar a los manifestantes. A mediados de julio, tras cinco días de manifestaciones, se impuso un apagón de internet y un toque de queda. Escuadrones de la muerte formados por líderes de la Liga, policías y otras fuerzas paramilitares patrullaron las calles. Manifestantes, transeúntes y niños fueron asesinados, a veces en sus propias casas. Se estima que murieron al menos 1.000 personas, basándose sólo en el número de cuerpos que llegaron a los hospitales⁹.

A esas alturas, Hasina podría haber optado por responder a las nuevas reivindicaciones formuladas por los estudiantes a la cabeza del movimiento, que incluían la exigencia de justicia y de que las autoridades rindieran cuentas por los heridos y los muertos. En lugar de ello, optó por redoblar la apuesta. Mientras continuaban las protestas en todo el país, los líderes de la Liga Awami salieron a los medios de comunicación para afirmar que estaban siendo fomentadas por elementos “antiliberación”. Como resultado, las reivindicaciones de los manifestantes se unieron en una sola: la salida de Hasina, una bandera que congregó a multitudes cada vez más numerosas dispuestas a desafiar los toques de queda y la represión. Pocas horas antes de su huida, Hasina pidió de manera repetida a los militares que dispararan contra los manifestantes, a lo que el jefe del Estado Mayor, el general Zaman, se negó¹⁰.

¿Quién gobernará ahora?

En las horas y los días que siguieron a la “segunda independencia de Bangladés”–como llaman ahora los bangladesíes a la huida de Hasina–, la turba se hizo con el poder. La alegría y el alivio pronto se transformaron en rabia y cólera. Hubo informes de violencia comunal y robos¹¹. Pero la población se organizó para proteger propiedades, templos e iglesias. Mientras una campaña de desinformación dirigida por la organización supremacista hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), en concierto con la Liga Awami, exageraba la violencia comunal contra los hindúes, mensajes de Whatsapp y conversaciones telefónicas filtrados revelan que militantes de la Liga planificaron ataques contra templos hindúes para sembrar el caos¹².

El gobierno provisional, presidido por Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz en 2006 y celebrado por los medios de comunicación como el “banquero de los pobres”¹³, prestó juramento el 8 de agosto. Yunus, cuya ideología neoliberal encanta a Occidente, goza de cierta credibilidad entre la población, en parte por su reputación internacional, pero, sobre todo, por el odio que le tiene Hasina. Hasina consideraba que ella debería haber recibido el premio en su lugar, por haber firmado los acuerdos de paz que, en 1996, pusieron fin a la guerra civil de varias décadas entre los adivasis y el gobierno de Bangladés en los Chittagong Hill Tracts (al sudeste del país). Por ello, gran parte de los bangladesíes aplaudieron la elección de una figura percibida como no perteneciente ni a la Liga ni al principal partido de oposición, el conservador Partido Nacionalista (BNP).

La elección de Yunus para formar gobierno no deja lugar a dudas sobre la orientación neoliberal de sus planes: antiguos generales, ministros y embajadores, todos ellos fervientes partidarios de una mayor privatización de los recursos e industrias nacionales. Pero el equipo también incluye a Adilur Rahman, activista de derechos humanos, y a Rizwana Hasan, abogada especializada en justicia medioambiental. Por primera vez en la historia de Bangladés, dos estudiantes del movimiento contra la discriminación han sido nombrados para ocupar cargos ministeriales. Un tercero, Mahfuz Abdullah, descrito a menudo como el teórico del movimiento, ha sido nombrado asistente especial del principal asesor de Yunus. Bidhan Ranjan Roy y Supradip Chakma, que representan respectivamente a las minorías hindúes y adivasis, también han sido nombrados como asesores.

Por el momento, el gobierno de Yunus no ha anunciado ninguna medida política importante, ni ninguna agenda, aparte de un pedido de extradición de Sheikh Hasina a India. Pero el panorama político no deja de cambiar: el Partido Nacionalista aprovecha el vacío dejado por la caída de Hasini para ocupar el terreno, en particular asumiendo las actividades de tráfico gestionadas por la Liga (aunque dé mucha importancia a ciertas purgas internas supuestamente destinadas a limpiar sus filas); se ha levantado la prohibición del grupo islamista JIB y su ala estudiantil, Chhatra Shibir, refuerza su presencia en los campus universitarios. También ha estallado la polémica entre los estudiantes: algunos piden la retirada de los partidos políticos de los campus (donde suelen gobernar) y otros promueven una forma de acción política “apartidista”, cuya eficacia se desconoce. El Partido Nacionalista y el gobierno provisional han presentado varias propuestas para reescribir o modificar la Constitución, con el objetivo declarado de impedir cualquier vuelta al autoritarismo.

Si la “gran noche” no parece estar a la vuelta de la esquina, es porque sería un error interpretar que el levantamiento bangladesí extrae sus esperanzas de la “izquierda”. Los líderes estudiantiles provienen de diversos ámbitos, con una inclinación por la democracia liberal, incluso cuando acompaña al neoliberalismo. Y lo que es más importante, los partidos progresistas tradicionales –el Partido Comunista de Bangladés (PCB), el Jatiya Samajtantrik Dal (Partido Socialista Nacional) y el Partido de los Trabajadores– brillaron por su ausencia en las protestas, entre otras cosas porque formaban parte de la coalición gobernante junto con la Liga. Estos partidos y sus líderes no brillaron por su denuncia de la corrupción y el autoritarismo de la primera ministra. En algunos casos, incluso han reforzado estos fenómenos. Cuando el ala estudiantil del PCB, el Bangladesh Youth Union, y otras organizaciones estudiantiles de izquierda, como la Bangladesh Student Federation, participaron en las protestas y se enfrentaron a la violencia estatal, los líderes progresistas no condenaron públicamente las atrocidades. Esta actitud no es de extrañar dado el debilitado estado de sus formaciones: sus bases tradicionales –los sindicatos– están corrompidas o reprimidas, y sus alas estudiantiles, que sufren la sombra del BCL en los campus, se dedicaron a la lucha contra los islamistas en nombre del laicismo. Una lucha que la propia Hasina lideró, en virtud de las raíces progresistas de su partido.

Fuera de los partidos, las fuerzas de izquierda bangladesíes se agrupan principalmente en torno al Comité Nacional para la Protección del Petróleo, el Gas, los Recursos Minerales, la Energía y los Puertos. Pero esta organización carece de líderes en el terreno capaces de construir una fuerza política. La situación actual quizás le ofrezca un espacio para desarrollar su base aliándose con los trabajadores de la confección y del té, participando en la transformación de los sindicatos (o, por lo menos, de aquellos que no han sido completamente cooptados por los principales partidos políticos). Todo ello supondrá, al menos de momento, abandonar el término “socialismo”, asociado a Mujib y, por extensión, a Hasina.

Bangladés es actualmente escenario de manifestaciones organizadas por diversos grupos hoy de interés, y por diversos motivos: los cargadores de carretillas pousse-pousse privados de sus derechos, los médicos cuyos lugares de trabajo fueron saqueados durante las recientes manifestaciones, la fuerza paramilitar Ansar cuyos miembros son leales a la Liga, los policías que se han negado a volver al trabajo, etcétera. Aunque estas manifestaciones han suscitado el temor a una contrarrevolución o a la intervención de fuerzas reaccionarias, también son signo de una nueva libertad en Bangladés: la libertad de expresarse. Con la excepción de un breve momento en 1990 (cuando cayó el dictador Hussain Muhammad Ershad), el país nunca había vivido algo así. El precio de esta libertad ha sido alto, pero el sangriento renacimiento ha despejado un horizonte que llevaba mucho tiempo bloqueado. Corresponde al pueblo bangladesí determinar el camino que seguirá de ahora en adelante.

Nafis Hasan, autor e investigador bangladesí, editor de la revista Jamhoor. Traducción: Emilia Fernández Tasende.