¿Zelenski, el último oligarca?

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Cuando fue elegido con el 73 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 2019, Volodímir Zelenski prometió “un cambio de era”. Tras décadas de una política nacional fagocitada por los intereses de la oligarquía, esta nueva figura tenía algo a su favor: la imagen del candidato accidental e íntegro que encarnó en la exitosa serie televisiva El servidor del pueblo (2015). Ahora, seis años más tarde, se enfrenta al escándalo de corrupción más grande que ha sacudido al país desde la invasión rusa de febrero de 2022. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por su sigla en ucraniano latinizado) reveló a mediados de noviembre la existencia de un sistema de cobro de sobornos a subcontratistas de Energoatom –el operador público del sector nuclear civil– por montos estimados en más de 100 millones de dólares. Este sistema de corrupción contribuyó a debilitar una red de producción eléctrica que es atacada con regularidad por los bombardeos rusos y ya fragilizada por una gobernanza opaca.

Tal revelación les costó el cargo a los ministros de Justicia y de Energía. Unas semanas más tarde, fue el turno del influyente jefe de la administración presidencial y de la delegación ucraniana para una eventual negociación de paz, Andriy Yermak, quien presentó su renuncia. Su destitución debilitó aún más la posición ya precaria de Kiev en las negociaciones. El país, que debe hacer frente al avance lento pero continuo del ejército ruso en el Donbass, también enfrenta un agravamiento de la crisis de reclutamiento. Asimismo, se encuentra bajo presión por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos: Washington amenaza con desentenderse del asunto si no se alcanza un compromiso sobre la base de un plan ruso-estadounidense que los europeos, marginados, no lograron modificar. Trump y su círculo más cercano incluyen ahora la corrupción dentro de su abanico de argumentos para justificar su intención de apartarse de un conflicto que considera lejano e imposible de ganar.¹ Si bien una mayoría bipartidista del Congreso estadounidense aprobó el 11 de diciembre de 2025 un nuevo paquete de ayuda, su monto sigue siendo simbólico. La mayor parte del apoyo a Ucrania recae ahora en otros Estados aliados, cuya confianza podría verse erosionada por el escándalo de corrupción.

Sin embargo, las recientes destituciones no amedrentaron a la cúpula gobernante, que persistió en su intento de ubicar a los órganos de lucha contra la corrupción bajo la tutela del fiscal general y de la Oficina del Presidente con el fin de obstaculizar el trabajo de los investigadores. A finales de julio de 2025, gracias a las manifestaciones de varios miles de personas en Kiev y en otras grandes ciudades, se pudo evitar que el poder lograra su cometido. El descrédito siguió pesando sobre el primer círculo presidencial y la situación empeoró aún más cuando, el 5 de diciembre de 2025, una investigación del periódico The New York Times reveló que el Ejecutivo ucraniano también había obstaculizado la lucha anticorrupción en los consejos de administración de grandes empresas públicas receptoras de ayuda extranjera.²

Poder oligarca, primera parte

La generación política que encarna Zelenski pretendía poner fin a la influencia de un puñado de multimillonarios sobre el aparato estatal y a las prácticas prevaricadoras derivadas de ese dominio. Es por ello que, para comprender la crisis política actual y las consecuencias que podría tener sobre la posición internacional de Ucrania, es necesario remontarse al curso de la historia reciente de la democracia ucraniana, tironeada entre la captura del Estado por grupos privados y las aspiraciones reformistas, muy a menudo frustradas.

La consolidación del poder de los oligarcas se articuló en tres etapas. La primera, la de la emergencia, se remonta a la segunda mitad de la década de 1980, cuando dignatarios soviéticos aprovecharon las oportunidades que ofrecía la Perestroika para lanzarse al emprendimiento privado. Se trataba, en su mayoría, de directores de fábricas, responsables de komsomoles (organizaciones juveniles) o administradores de koljoses (cooperativas agrícolas), que se involucraron en la importación más o menos legal de bienes de consumo occidentales y en otros pequeños negocios. Al momento de la implosión de la URSS en 1991, estos dignatarios fueron los primeros en apropiarse del control del aparato productivo soviético.

Eso fue lo que ocurrió con Yevhen Chtcherban, director de una mina en Donetsk, quien conocía de primera mano las necesidades cruciales de las empresas de su región. ¿Un complejo metalúrgico sufría escasez de metales pesados? Le conseguía un proveedor. ¿Una industria tenía dificultades para abastecerse de gas? Se encargaba de gestionar las entregas desde Rusia. ¿Un restaurante buscaba bebidas alcohólicas? Llamaba a un conocido en Moldavia, gran productor de vino, y negociaba los envíos. Como sus clientes no podían pagar por falta de fondos, Chtcherban les cobraba con productos industriales –que luego revendía al mejor postor– o con participaciones en sus empresas.

A medida que su fortuna crecía, Chtcherban ganaba cada vez más autoridad moral en el Donbass, desde donde elogiaba las virtudes de un capitalismo salvaje. “Ya estuve a punto de morir tres veces en las minas, pero sobreviví porque no aceptaba morir pobre –se lo ve explicar en un video de archivo durante una charla con jóvenes graduados–. Por supuesto, el camino para alcanzar una riqueza semejante puede ser ilegal. Pero, en una sociedad tan debilitada como la nuestra, es fácil para alguien como yo”.³ Siendo jefe de la región más industrial del país, Chtcherban no tardó en inmiscuirse en la política nacional. Con una fortuna estimada en 500 millones de dólares, una cifra colosal para la época, se convirtió en el primer oligarca de Ucrania.

En simultáneo, exdignatarios soviéticos y simples oportunistas siguieron trayectorias similares. En Dnipropetrovsk,⁴ el joven ingeniero Íhor Kolomoiski apostó por la industria del hierro y del petróleo, así como por el sector bancario. Yulia Timoshenko, quien luego fue una figura emblemática de la Revolución Naranja de 2004, fundó su prosperidad en el control de lucrativos flujos de gas. La “princesa del gas” también se hizo conocida por haber creado una de las primeras sociedades offshore en Chipre, una de esas miles de entidades ficticias que permitieron a la primera generación de capitalistas sacar del país bienes mal habidos hacia paraísos fiscales. Por su parte, Petro Poroshenko se apropió de la mayor parte del capital de confiterías y chocolaterías a cambio de entregas de azúcar y cacao; en 2014 fue elegido quinto presidente de Ucrania tras las manifestaciones y disturbios conocidos como “Euromaidán”, que derrocaron a su predecesor, Viktor Yanukóvich.

Los clanes

A lo largo de la década de 1990 fueron surgiendo clanes oligárquicos –unidos en torno a una o varias figuras tutelares y por intereses económicos y financieros comunes– que ejercían su influencia sobre una gran aglomeración industrial y sus alrededores. En un primer momento, la rivalidad entre Donetsk y Dnipropetrovsk dominó el panorama político ucraniano, atenuada en cierta medida por el clan de Kiev. En las otras regiones del país también emergieron nuevas oligarquías, aunque más locales y con escasa influencia a nivel nacional.

El surgimiento de esta nueva élite se produjo en un contexto de empobrecimiento brutal de la población. La escasez, la inflación galopante y el colapso de los programas sociales empujaron a la pobreza a gran velocidad a millones de ciudadanos postsoviéticos.⁵ Las artimañas y el contrabando pasaron a ser la norma. El producto interior bruto (PIB) se desplomó un 40 por ciento entre 1991 y 1994. La intelligentsia, que había depositado grandes expectativas en la Perestroika y en la independencia, se vio arrasada, impotente ante la brutalidad de los cambios y la generalización de la violencia en las calles. Según los datos del Banco Mundial, la tasa de homicidios saltó de 4,96 por cada 100.000 habitantes en 1990 a 9,67 en 1996. Debido a los intereses económicos que se concentraban en Donetsk, el Donbass se convirtió en uno de los epicentros de esta criminalidad que no perdonaba a nadie. En noviembre de 1996, dos sicarios disfrazados de policías asesinaron a Yevhen Chtcherban y a su esposa cuando bajaban de su jet privado.

Tras este hecho, que nunca pudo esclarecerse y que dio inicio a una oleada de ajustes de cuentas, Rinat Ajmétov emergió como el amo indiscutido del Donbass y el hombre más rico del país. Siempre ha negado cualquier tipo de implicación en los asesinatos en serie. De hecho, sólo se conocen fragmentos de su juventud. En una extraña conferencia de prensa, en 2006, los periodistas le preguntaron cómo había ganado su primer millón y su respuesta fue: “Me resultaría más fácil contarles cómo gané mi primer billón...”.

En Kiev, el Estado respondió de modo tardío a la anarquía reinante. La Constitución fue adoptada en junio de 1996. La moneda nacional, la grivna, que fue introducida en setiembre de ese mismo año, permitió lograr un control progresivo de la inflación. Las relaciones exteriores del país se normalizaron tras la firma del Memorándum de Budapest de 1994 y del Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Ucrania y Rusia de 1997. No obstante, esta consolidación del nuevo Estado independiente –que fue posible gracias a que Rusia y las demás grandes potencias reconocieron sus nuevas fronteras– se vio obstaculizada por los contrapoderes oligárquicos surgidos en la primera mitad de la década de 1990.

Poder oligarca, segunda parte

El presidente Leonid Kuchma (1994-2005) desempeñó un papel decisivo en la segunda etapa de la formación de la república oligárquica ucraniana: la de la normalización de estos grupos de origen criminal. Con el fin de restaurar una apariencia de autoridad, Kuchma selló un pacto informal con los principales clanes y, en lugar de llevarlos ante la Justicia, fomentó su implicación en la esfera política. Además del reconocimiento de sus fortunas mal habidas, estos grupos económico-criminales obtuvieron acceso a los negocios públicos, a las privatizaciones y a los distintos recursos del Estado. Uno de los actos fundacionales de esta estrategia fue el nombramiento, por recomendación de Ajmétov, de un tal Viktor Yanukóvich como gobernador de Donetsk; este gesto no sólo contribuyó a pacificar la región, sino que también consagró el control del hombre de negocios sobre ella.

Los dueños de las grandes fortunas de Ucrania aprovecharon la oportunidad que les ofrecía Bankova –nombre de la calle donde se encuentra la sede de la administración presidencial– en Kiev. Los clanes invirtieron en candidaturas para las elecciones legislativas de 1998. Se estima que, en aquel momento, una banca de diputados costaba hasta cinco millones de dólares, desde la difusión de propaganda electoral y la compra de votos hasta la corrupción de miembros de las comisiones electorales. En paralelo, empezaron a emerger imperios mediáticos centrados en la reina de la época: la televisión. Ya influyentes en la política y en los medios, los empresarios postsoviéticos se convirtieron en oligarcas de pleno reconocimiento.

La instauración progresiva de un sistema de este tipo condujo a que los empresarios con intereses económicos tuvieran una participación casi total en las instituciones del Estado, lo que multiplicó una corrupción ya endémica y favoreció el nepotismo. La consagración de monopolios industriales, convertidos en territorios de dominio de determinados grupos oligárquicos, desalentó la modernización de las estructuras de producción. Los beneficios fiscales y las subvenciones del Estado contribuyeron a perpetuar una economía de renta. La transposición de las querellas empresariales de la calle al ámbito político despojó de sentido a la vida pública.

No obstante, la competencia entre distintos grupos de envergadura comparable permitió evitar la instauración de una autoridad vertical. Las rivalidades oligárquicas, vehiculizadas por los medios de comunicación, instauraron incluso una cierta cultura del debate y de la investigación. La alianza con los oligarcas respondía también a otro objetivo de Leonid Kuchma: la necesidad de proteger al mercado ucraniano de los inversores extranjeros, tanto rusos como occidentales. El politólogo Mykola Ryabtchuk le reconoció el mérito de haber defendido la frágil soberanía nacional: aun a costa de “vender” el país a las grandes fortunas, Kuchma prefirió priorizar a los compatriotas.⁶

El jefe de Estado se posicionó como árbitro. Hizo uso de las amplias prerrogativas que le confería el régimen presidencial instaurado por la Constitución de 1996, en particular el control de los órganos de seguridad, de las nuevas instituciones de regulación y también de la lucha contra la corrupción. A través de estos resortes y de la influencia que ejercía sobre el Comité antimonopolio y sobre la administración fiscal, Leonid Kuchma logró preservar el equilibrio entre los distintos grupos y asegurarse de que ninguno adquiriera una influencia excesiva. De este modo, el presidente permitió que su yerno, Viktor Pinchuk, creciera hasta figurar entre las cinco personas más ricas de Ucrania, aunque sin intentar destronar a Ajmétov. Luego, cuando el primer ministro, Pavló Lazarenko, se mostró demasiado voraz, fue empujado a huir del país, antes de ser detenido en Estados Unidos por el blanqueo de 114 millones de dólares.

Revolución Naranja

Este edificio político tuvo que afrontar una primera prueba hacia el último tramo del segundo mandato de Kuchma, a finales de 2004. Su sucesor designado, Viktor Yanukóvich, contó con el respaldo de la gran mayoría de los multimillonarios, en particular de Ajmétov y Pinchuk, frente al opositor Viktor Yúshchenko, a quien se intentó asesinar envenenándolo con dioxina durante la campaña. Este último era apoyado por un frente de millonarios y empresarios medianos, que reclamaban su parte del pastel, así que cuando se revelaron los fraudes electorales que habían favorecido a Yanukóvich, estos actores se situaron en primera línea para organizar las protestas que desembocaron en la Revolución Naranja. La movilización ciudadana fue considerable, ya que la clase media había recuperado cierta confianza tras la estabilización económica de finales de los años 1990. Sin embargo, fue el compromiso de los “pequeños” oligarcas el factor decisivo para el éxito del movimiento, que condujo a la anulación de las elecciones y a la victoria de Viktor Yúshchenko tras una nueva votación.

Durante su campaña, el nuevo presidente prometió meter “a los bandidos en la cárcel”. Además, para mostrar la voluntad de privar a los oligarcas nacionales de los monopolios industriales mal adquiridos, Yulia Timoshenko, nombrada primera ministra, anuló la privatización de un gigantesco complejo metalúrgico en Krivói Rog, en el centro del país. Ajmétov y Pinchuk lo habían adquirido por 800 millones de dólares. La jefa de Gobierno organizó una subasta televisada y revendió los altos hornos por 4.810 millones de dólares a una multinacional extranjera, el gigante Mittal Steel Company, futuro ArcelorMittal.

A pesar de ese caso tan mediático, la “desoligarquización”, concepto ya presente en el debate de aquella época, no tardó en convertirse en una consigna vacía. El mandato de Viktor Yúshchenko (2005-2010) se vio obstaculizado por sus antagonismos con Timoshenko, que terminaron por traducirse en recomposiciones de alianzas incesantes y en resonantes escándalos de corrupción. El presidente, convaleciente tras su envenenamiento, buscó en los resortes del sistema oligárquico los recursos para hacer frente a su rival. Decidió apoyar al magnate del gas Dmytro Firtash para contener las ambiciones de Timoshenko, y buscó consejo en Ajmétov y Pinchuk, quienes obtuvieron a cambio ventajas sustanciales, empezando por una inmunidad judicial. En este contexto, los oligarcas continuaron su estrategia de normalización concentrando sus activos en grandes grupos o invirtiendo en obras benéficas y culturales. La Revolución Naranja desembocó, paradójicamente, en una edad de oro de la república oligárquica.

Poder oligarca, tercera parte

Una vez que recuperó fuerza gracias a la inestabilidad política y a los arreglos entre los grupos oligárquicos, Yanukóvich ganó la elección presidencial de 2010 y dio lugar a una última transformación de la república oligárquica. En revancha por la Revolución Naranja, el clan de Donetsk estableció su dominio sobre la vida pública ucraniana. Timoshenko fue condenada en 2011 a siete años de prisión. Asimismo, los resultados de las elecciones legislativas de 2012 dieron cuenta de la pérdida de influencia de los clanes de Dnipropetrovsk y Kiev.

La concentración de la totalidad de los recursos en manos de un círculo cada vez más reducido puso en entredicho el funcionamiento competitivo del régimen. A partir de 2012, Yanukóvich se refugió en “la Familia”, un grupo –cuya denominación, de resonancia mafiosa, expresaba muy bien su naturaleza– a menudo denunciado por periodistas y opositores. Uno de los dos hijos de Yanukóvich, Oleksandr, dentista de formación, se convirtió en multimillonario en tiempo récord, al igual que su amigo Serhiy Kurchenko. Este último, identificado como el “monedero de la Familia”, multiplicó las inversiones en el sector del gas, en los medios de comunicación y en otros ámbitos a cuenta de beneficiarios opacos.

Al abandonar el papel de árbitro que se espera de un presidente, Yanukóvich y su entorno se infiltraron en todos los ámbitos para obtener beneficios con más facilidad. El monto de las sumas desviadas por el jefe del Estado se llegó a estimar en 40.000 millones de dólares.⁷ El control ejercido por este grupo de iniciados se volvió asfixiante para el resto de los oligarcas. El propio Ajmétov se sintió perjudicado. Así, a finales de 2013, cuando estalló la protesta ciudadana como respuesta a la violencia policial, a la corrupción sistémica y al rechazo a firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, Yanukóvich se quedó rápidamente sin aliados ni respaldo.

Si la Revolución Naranja podía calificarse de “revuelta de millonarios contra multimillonarios”, este segundo Euromaidán se caracterizó por ser una movilización amplia y más popular, en especial en el oeste y en el centro del país. La desconfianza hacia los partidos políticos patrocinados por oligarcas se volvió visceral. Estos últimos, ausentes de la organización de las concentraciones, se manifestaron sobre todo a través de una cobertura mediática favorable a los revolucionarios y de deserciones respecto del poder central. A finales de febrero de 2014, Viktor Yanukóvich se exilió tras una matanza perpetrada en el marco de las protestas, cuyos detalles aún se desconocen.

La Revolución de la Dignidad, nombre oficial del movimiento, decapitó el poder presidencial y puso freno al ascenso de los oligarcas. No supuso, sin embargo, el fin de su influencia, sino más bien un retorno a la situación más competitiva que caracterizaba a la era anterior a Yanukóvich. Liberada del monopolio de “la Familia”, la república oligárquica renació. Las elecciones de octubre de 2014 devolvieron a los distintos clanes al Parlamento y a las instituciones del Estado. Poroshenko, él mismo un magnate de primer orden, ganó las presidenciales en parte gracias al apoyo de Firtash. Este último, aunque estaba bajo arresto domiciliario en Viena a petición de Estados Unidos desde mediados de marzo, conservó en realidad una influencia remarcable.

Ajmétov instrumentalizó su Donbass natal para presionar a Kiev. Según numerosas fuentes, habría estado en el origen de las primeras desestabilizaciones antigubernamentales en Donetsk. Tras perder el control de la situación, su gente de confianza debió ceder el lugar a los grupos separatistas –respaldados por mercenarios y fuerzas especiales rusas– y abandonar la región. Sin embargo, el hecho de haber perdido la partida no le impidió al “amo del Donbass” mantener un estrecho control de sus fábricas situadas en el este de Ucrania, al menos hasta 2017.

Por su parte, otros magnates financiaron milicias armadas surgidas del Euromaidán, capaces de emplear la fuerza contra los batallones prorrusos respaldados por el Kremlin, desde Odessa hasta Járkov, pasando por el Donbass. Así, entre 2014 y 2015, el oligarca ucraniano-israelí Ihor Kolomoïsky forjó una reputación de salvador de la Nación al implicarse personalmente en la defensa territorial y convertirse en el tesorero del batallón Aidar y del regimiento Azov, que incluían elementos radicales y neonazis. Estos “hechos armados” marcaron el mandato de Petro Poroshenko (2014-2019). Sin embargo, sus veleidades de imponerse como primus inter pares acentuaron su rivalidad con Kolomoïsky y llevaron a la nacionalización del buque insignia de este último, PrivatBank, a finales de 2016, así como a la salida del oligarca de Ucrania.

Deseos de renovación

A partir de 2014, los reformadores comenzaron a poblar las instituciones del Estado. Sus iniciativas contaban con el impulso de una sociedad civil mejor estructurada que en 2005, así como de socios extranjeros convertidos en financiadores de fondos tras una crisis económica dramática. A las expectativas de la revolución se sumaron el impacto de la anexión de Crimea y la poderosa movilización voluntaria frente a la guerra del Donbass. La administración fiscal y la contratación pública fueron saneadas, se puso en marcha una descentralización territorial y algunos sectores del servicio público entraron en la era digital; además, como en cada reforma, se tenía el objetivo manifiesto de reducir las oportunidades de corrupción. Sin embargo, ámbitos clave como la Justicia, la seguridad o las aduanas sólo experimentaron cambios superficiales.

La candidatura de Volodímir Zelenski capitalizó este sentimiento de inconclusión, pero también el cansancio generalizado por la guerra con Rusia. Humorista, no magnate, rusófono y proeuropeo, Zelenski encarnaría por sí solo la “desoligarquización” de la vida política, la superación de las divisiones lingüísticas y políticas, y la posibilidad de un acuerdo con Moscú. Sin embargo, al cabo de unos meses, las reformas se estancaron, y las negociaciones con Moscú, también. El nuevo presidente y su gabinete fueron criticados por su amateurismo y quedaron paralizados ante las concurrentes influencias de los grupos de interés. Al inicio de la pandemia de covid-19, el jefe de Estado generó revuelo al recurrir a los principales oligarcas del país para pedirles su contribución al esfuerzo financiero. Al hacerlo, los legitimó como filántropos respetables. Los vínculos entre su equipo y diversos magnates vinieron asimismo a empañar la renovación de la cultura política y la transparencia que el excomediante se jactaba de encarnar.

Un giro se produjo a principios de 2021. Joe Biden se instaló en la Casa Blanca como nuevo presidente de Estados Unidos e incluyó a Kolomoïsky, exproductor de la serie que llevó a la fama a Zelenski, en su lista de sanciones. Debido a la presión ejercida por Washington, se estudió en la Verkhovna Rada (Parlamento) una ley sobre la “influencia excesiva de personalidades económicas o políticas en la vida pública (oligarcas)”. Esta legislación establecía cuatro criterios que debían cumplirse de forma simultánea para ser designado oficialmente como “oligarca”: ejercer influencia sobre un medio masivo de comunicación, poseer al menos una empresa en situación de monopolio, disponer de un capital superior a un millón de veces el salario mínimo de subsistencia (capital que, en aquel momento, equivalía a 77 millones de euros) y participar en la vida política. Sin llegar a prohibir la concurrencia de estas cuatro condiciones, el texto pretendía disociar las grandes fortunas de sus actividades políticas y mediáticas. Sin embargo, esta ley nunca llegó a aplicarse a plenitud dado que, al momento de su adopción, en noviembre de 2021, las tropas rusas ya se concentraban en las fronteras del país.

“Desoligarquización” por las bombas

La invasión rusa de 2022 obligó a los hombres de negocios a elegir un bando. Pinchuk se movilizó abiertamente a favor del esfuerzo por hacer frente a la guerra. Otros, a quienes los periodistas de investigación bautizaron como el “batallón Mónaco”,⁸ optaron por el exilio hacia las soleadas costas de la Costa Azul o Dubái. Una tercera categoría, sospechosa de sostener opiniones o acciones prorrusas, sufrió las crecientes presiones de la Justicia ucraniana o de jurisdicciones occidentales. Entre las personas que conformaban esta última categoría se encontraba Víktor Medvedchuk, principal mediador entre el gobierno y los separatistas durante la crisis de 2014. Luego de haber quedado bajo arresto domiciliario por traición y del cierre de sus tres canales de televisión en 2021, fue finalmente detenido en abril de 2022 y enviado a Rusia cinco meses después en el marco de un intercambio de prisioneros.

La diversidad de estas trayectorias individuales se inscribe en el contexto de un debilitamiento estructural de la oligarquía ucraniana, ocasionado por las destrucciones, la ocupación rusa y las sanciones. Ajmétov vio cómo los bombardeos rusos de la primavera de 2022 arrasaban su planta Azovstal de Mariúpol. Por su parte, el grupo Interpipe, propiedad de Pinchuk, aunque siempre se mantuvo en actividad, sufrió trastornos en su producción de tubos de acero y materiales ferroviarios a causa de los bombardeos. A esta “desoligarquización” por las bombas se suma la ley marcial, que impuso una comunicación de guerra en la televisión y dejó a los magnates sin uno de sus tradicionales instrumentos de influencia. Además, Zelenski, cuyo mandato debía concluir en mayo de 2024, aplazó las elecciones hasta que cesaran las hostilidades, lo que implicó el congelamiento del engranaje electoral que los oligarcas solían utilizar para medir sus fuerzas relativas y repartirse los sectores del aparato del Estado.

Por lo tanto, la república oligárquica ucraniana se encuentra en una encrucijada. Aunque las lógicas de enriquecimiento personal no son comparables a las que prevalecían durante la era Yanukóvich, la guerra ha vuelto a reproducir el fenómeno de concentración del poder en manos de la presidencia. Los escándalos que salpican la actualidad dan cuenta de una corrupción que sigue profundamente enraizada,⁹ pero también se observa una respuesta cada vez más sistemática de los servicios anticorrupción. Estos han logrado defender su independencia frente al Poder Ejecutivo, al tiempo que responden a una demanda de la sociedad civil y de financiadores extranjeros que han contribuido a imponerlos en el juego político local. En este sentido, la apertura de Ucrania a los capitales extranjeros, sobre todo estadounidenses, resulta casi ineluctable, como lo demostró la firma en mayo de 2025 del acuerdo con Washington sobre la explotación de minerales raros o las cláusulas de participación estadounidense en los beneficios que Trump intenta imponer a Ucrania en los futuros proyectos de inversión en el marco de la reconstrucción del país. Esta tendencia debería debilitar, a largo plazo, el poder de influencia de los magnates nacionales. No obstante, en ausencia de una reforma profunda del sector judicial, las lógicas preexistentes podrían recuperar toda su fuerza, máxime cuando la guerra ha favorecido la emergencia de nuevos grupos de interés, articulados en torno al gabinete presidencial, pero también al complejo militar-industrial o a la agroindustria. ¿Estaremos frente a una nueva generación de oligarcas?

Sébastien Gobert, periodista. Autor de L’Ukraine, la République et les oligarques, Tallandier, París, 2024. Traducción: Paulina Lapalma.