Este lunes la alguacil Ana Baeza se presentó en los terrenos entre la ruta 10 y la calle 49 de Balneario Buenos Aires para realizar una inspección judicial y una intimación para detener cualquier obra que se esté llevando a cabo. Los cedulones fueron emitidos previamente por la jueza de paz Maldonado Dina Salim Molina, de 6ta Sección, a solicitud del escribano Ezequiel Zuaznabar, representante de Lenore S.A, una de las empresas que reclama la propiedad de los padrones fiscales 10.108 y 10.109, donde se pretende construir el barrio residencial La Orilla-Punta del Este.
“Por el presente, dando cumplimiento a lo dispuesto y cometido por Decreto Nº653/2021 de fecha 14/9/2021, INTIMO a Ud. a no iniciar obras de ningún tipo en el inmueble de autos, o en su defecto al cese de cualquier tipo de obra que se pueda estar realizando en el mismo”, rezan los cedulones. La intimación es el primer paso, pero Zuaznabar inició un juicio por desalojo a los vecinos, indicó Jorge Romero, vocero de la comisión de vecinos.
Los vecinos que fueron intimados por la Justicia viven en el padrón 5152, propiedad de la Sucesión de Luis Barrios, que compró Lenore SA. Por su parte, Zuaznabar comenzó a comercializar los derechos posesorios de esas tierras y los vecinos ven como una “estafa” el hecho de que haya recibido una cuota mensual correspondiente al pago de los derechos posesorios y ahora comience un juicio por desalojo contra ellos. Por esta razón, la comunidad decidió hacer la denuncia, afirmó Romero.
Según el expediente Nº 299-253/2021, la entrada de las actuaciones comenzó el 13 de setiembre a pedido del escribano. Entre los vecinos que fueron intimados hay quienes comenzaron a pagar derechos posesorios hace más de 20 años, informó el vocero. Agregó que este lunes trabajadores del programa Jornales Solidarios comenzaron obras en calles y veredas próximas a los terrenos.
Los accionistas de Lenore SA son los argentinos Pablo Reynal y Álvaro Cayol, también accionistas de Assets SA y Arwen Inc., las otras dos empresas que reclaman los padrones fiscales de una extensión de ocho hectáreas y un valor estimado de cinco millones de dólares.
El reclamo de las sociedades panameñas por el dominio de los padrones 10.108 y 10.109 comenzó en 2012 durante el gobierno de Óscar de los Santos por la vía administrativa. Luego siguió en 2016 cuando las empresas presentaron una acción de jactancia que, en primera instancia, fue rechazada por el intendente Enrique Antía, quien hizo una demanda en la que declaraba los terrenos como públicos.
En 2016, sin embargo, la Junta Departamental de Maldonado resolvió apoyar un acuerdo entre la intendencia y las empresas que permitió ceder la propiedad de los predios. En respuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó un informe en el que dispuso que los padrones corresponden a terrenos fiscales y acusó a las autoridades departamentales de un “eventual fraude procesal”. No obstante, la Justicia aprobó la renuncia de la IDM a la propiedad de las tierras.
Desde mediados de setiembre los vecinos de Balneario Buenos Aires comenzaron a organizarse bajo la consigna “No a la entrega de franja costera” y se reúnen todos los sábados en la intersección de la ruta 10 y la calle 38. Por su parte, la oposición apela a resoluciones de la Justicia Civil y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que respaldan la defensa de la propiedad pública de los lotes.