El pasado 15 de febrero Marcelo Tinelli recibió una multa del Ministerio de Ambiente (MA) de 200 unidades reajustables y fue intimado a que “acredite la cesión de terrenos para la vía pública de los primeros 150 metros desde la línea de la ribera” en José Ignacio, Maldonado, según informó El País.
La infracción, en este caso, consiste en la falta de habilitación por parte del MA para la realización de obras. En 2002 se le concedieron a Tinelli autorizaciones para la construcción de una vivienda en la faja de defensas de costas sobre la ruta 10, en el kilómetro 175,200. Sin embargo, el conductor de televisión argentino también construyó una cancha de fútbol y un gimnasio en su mansión, que no habían sido contemplados en los permisos.
Mateo Peña, integrante de la Red Unión de Grupos de la Costa y estudiante avanzado de la Licenciatura en Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional Este, manifestó a la diaria que la multa económica es insuficiente ya que “para gente con mucho dinero o grandes empresas, es simplemente un costo más asociado que pueden pagar y no tiene mayores consecuencias”.
“Marcelo Tinelli tiene infracciones y multas por andar en cuatriciclo en la playa desde 2015, y lo sigue haciendo”, recordó. “Sube fotos a las redes sociales”, lamentó, y concluyó que “para él, la consecuencia de pagar una multa no significa nada”.
El artículo 50 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308), de 18 de junio de 2008, establece que “se procurará la accesibilidad pública a la ribera y su libre tránsito peatonal”, una de las limitaciones que provoca el uso de vehículos de gran tracción sobre la duna, además de la erosión de la costa.
En ese sentido, el artículo 7 inciso C de la misma ley dispone el “deber de proteger el medio ambiente y la diversidad”: “Todos los propietarios quedarán sujetos a las normas sobre protección del ambiente, los recursos naturales y el patrimonio natural, absteniéndose de cualquier actividad perjudicial para los mismos”.
Peña explicó que las presiones que se ejercen en cuanto a las construcciones sobre la faja de defensas de costas “están asociadas al desarrollo inmobiliario” y que, como consecuencia, “pone en riesgo la propia existencia de la playa”, lo que contradice la intención estatal de sostener el “turismo de sol y playa” como un recurso económico pilar para la economía.
Según Peña, hay playas de Maldonado, como el balneario Santa Mónica -contiguo a José Ignacio hacia el oeste- que “se la comió el mar” debido a la erosión. “La playa es un ecosistema dinámico donde se necesita que circule la arena entre el mar, la playa y las dunas”.
La Red Unión de la Costa ve como una dificultad que en las cercanías a Santa Mónica y en el mismo balneario “las privatizaciones o proyectos para seguir haciendo obras sobre la franja costera acumulen impactos sobre un ecosistema, que cada vez va teniendo menos respuesta a los eventos climáticos extremos”, argumentó el vocero de la red.
Lo que se denomina “zona litoral activa” determina el espacio en dónde se hace el movimiento de arena, antes del mar. Ese espacio se denomina franja de defensa costera y está protegido por la Ley 19.722 de Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata, de 2019, que surge de una modificación tras la Ley de Urgente Consideración de la Ley 18.308, de 2008.
En tanto, la Junta Departamental de Maldonado aprobó el 27 de abril 2010 el Decreto 3.807 “Sobre ordenamiento territorial y categorización del suelo en Maldonado”, que define “Zonas de Prioridad Patrimonial y Ambiental” en la totalidad de la faja costera, dentro de ellas, “el ámbito de la península de José Ignacio”. “En estas zonas, se restringirán las intervenciones, extremando los cuidados para las nuevas actuaciones de edificación”, establece el decreto.
“Para los padrones rurales no potencialmente transformables, ubicados entre el Río de la Plata – Océano Atlántico y la Ruta Nacional Nº 93 o Nº 10 (ubicada más cercana a la costa), se admitirá uso residencial”, pero condicionado a que se obtenga la “cesión de faja costera de 150 metros de ancho para los frentistas a la costa”, señala el decreto. También, como es el caso de la propiedad de Tinelli, si se encuentra en la faja de defensa de costas “requerirá el cumplimiento de la normativa vigente referente a Autorización Ambiental Previa”.
“Necesitamos que cuando en los temporales el mar con su oleaje retire arena, la playa vuelva a recuperar arena de las dunas. Cuando se rompe ese ciclo, se empieza a perder la playa, algo que ya nos ha pasado en Aguas Dulces, en Rocha. En su momento, en el centro de Piriápolis también [sucedió] por este problema que se conoce como erosión costera”, expuso Peña.
Otra de las preocupaciones de la Red Unión de Grupos de la Costa es el cambio climático, puesto “que hace que el nivel del mar suba, y al mismo tiempo cada vez son más intensos y más frecuentes los eventos climáticos extremos como temporales, entonces necesitamos tener una franja costera que esté sana y protegida”. Esto se explica porque la erosión provocada por el abuso en el uso costero evita que la arena se componga en su ciclo natural y permite el avance de las aguas.
La Red Unión de Grupos de la Costa no hace demandas legales por las violaciones a las normativas vigentes; sin embargo, envía al MA informes técnicos con aportes sobre el estado de las costas de Maldonado y Rocha que, según Peña, “no son recibidos o no se responde a los aportes presentados”.
En 2021 presentaron un manifiesto a quien entonces era el ministro de Ambiente, Adrián Peña, firmado por todos los colectivos y por la arquitecta y docente del CURE Isabel Gadino, entre otros, en el que presentaban como principales problemáticas en el accionar gubernamental la “falta de participación ciudadana”, la “incongruencia de la gestión pública” y “altas problemáticas en los canales de realización de denuncia ambiental por parte de la ciudadanía”.
El texto se presentó ante Peña con el interés de conformar una Mesa Nacional Ambiental integrada por la ciudadanía organizada, la academia y los guardavidas. “Consideramos que los temas ambientales se encuentran en una situación de emergencia, es por esto que no sólo nos presentamos a hacer críticas sino que como Red Unión [de Grupos de la Costa] de varios colectivos llevamos propuestas concretas, independientes de los ámbitos que hoy puedan existir y también podamos formar parte. La protección del ambiente es la defensa de la salud humana”, dice el documento.