El Partido Nacional (PN) hizo pesar su mayoría en la Junta Departamental de Maldonado para modificar los parámetros urbanísticos del Plan del Eje Aparicio Saravia que involucran tierras del exasentamiento Kennedy. Se trata de una ordenanza para regular las futuras construcciones entre las avenidas Aparicio Saravia y San Pablo, con el argumento de que esto permitirá a la Intendencia de Maldonado (IDM) comercializar a mejor precio las tierras liberadas tras el realojo de familias.
“Lo que estamos buscando hoy es que dentro de poco la tierra se la pueda vender a algún privado que quiera desarrollar y que entonces tenga capacidad constructiva, y mañana, si quiere proponer otra cosa, lo podrá hacer”, argumentó el edil nacionalista Adolfo Varela durante la sesión.
Añadió que la ordenanza “extiende la que ya existe en la zona” para que cuando aparezca un comprador tenga un valor acorde al enclave y que la población “gane dinero”. Según sus cálculos, el terreno en cuestión podrá venderse por más de 40 millones de dólares, diez millones más que los fondos solicitados por la IDM a la CAF para financiar el realojo de las 530 familias.
Varela entiende, además, que la ordenanza habilitará construcciones de nivel, con saneamiento, que pagarán contribución y permitirán a la IDM “seguir invirtiendo en políticas sociales”. La ordenanza, recalcó, toma los mismos parámetros aprobados durante el gobierno departamental del Frente Amplio a unos 400 metros de distancia, en la avenida Aparicio Saravia.
Por su parte, la directora de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, aseguró en diálogo con la diaria que esta opción ha sido “estudiada y analizada desde el proceso de realojo” y que definir los parámetros urbanísticos mediante una ordenanza permite “conocer el potencial del predio” y “dar transparencia” al proceso de venta.
La negativa del FA
El FA votó en contra, en principio, porque su bancada no llegó a tomar contacto con el expediente, que ingresó a la Comisión de Obras del legislativo departamental 24 horas antes de la sesión convocada para tratarlo. La oposición aspiraba a consultar a sus asesores y a las autoridades de la IDM sobre el criterio elegido para los nuevos parámetros normativos.
El edil y arquitecto Jorge Pieri (El Abrazo) insistió en que la ordenanza aprobada para el ex Kennedy debería tomar la normativa de barrio jardín que rige a partir de la calle San Pablo, en lugar de adoptar la que rige sobre Aparicio Saravia, que es más lejana y habilita a construir planta baja más cuatro pisos.
Pieri también advirtió que el plan del Ejecutivo involucra parte del predio del Centro de Convenciones y del parque El Jagüel. “Esto es el camino para la venta del Centro de Convenciones y del predio completo de El Jagüel, ni más ni menos, porque se están sentando las bases para que eso pase”, sostuvo al fundamentar su voto negativo.
Debate sobre el futuro del parque El Jagüel
En la misma sesión, el oficialismo votó un expediente para que el Ejecutivo venda cinco hectáreas en la zona del parque El Jagüel a un precio de 2.660.580 dólares. También esta iniciativa del Ejecutivo fue rechazada por el FA.
En diálogo con la diaria, Pieri remarcó que El Jagüel “siempre fue municipal y estuvo abierto al público y fue de disfrute para pasear o andar a caballo”. Por una visión inmobiliaria, “se le dio normativa y se puso a la venta tasado en 2.600.000 dólares. De las 35 hectáreas de El Jagüel, cinco se venderán dentro de poco”, cuestionó.
Varela, en cambio, dijo a este medio que la venta de cinco hectáreas en esa zona “se autorizó hace tiempo y no compromete al parque El Jagüel”. Aseguró que ese territorio “estaba en ruinas y era un basural”, que luego se acondicionó y fraccionó en cinco hectáreas “que están improductivas”. “Su venta se destinará al Fideicomiso Financiero de Viviendas de la IDM. En conjunto va a ir después la tierra del ex Kennedy”, agregó.
El plan del Ejecutivo es vender esa fracción con destino a la construcción de viviendas. Sin embargo, Pieri opinó que el Fideicomiso Financiero de Viviendas de la IDM “siempre se nutrió de terrenos que estaban sin uso; esta es la primera vez que se usa parte de un terreno que es municipal y público; se le saca un pedazo y se lo vende”. Explicó que se trata de “la parte de atrás” del parque, donde hasta diciembre pasado se alquilaban caballos y se paseaba en ellos.
El edil recordó que cuando se votó el fideicomiso financiero, en 2021, “se decía que era para equiparar las cuentas y que no haya más déficit”; sin embargo, opinó que como la IDM no tiene presupuesto, apeló a esta vía para conseguir recursos.
Para fundamentar tal afirmación, recurrió a un informe del director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, Alejandro Lussich, quien fundamenta la venta y la tasación de las cinco hectáreas en “la necesidad de fondos”. “O sea que lo que precisa Lussich es plata y no hay plata. No hay plata presupuestalmente, entonces se buscan recursos extrapresupuestales”, sostuvo.