El Partido Demócrata italiano (PD), la mayor formación progresista del país, presentó este lunes en ambas cámaras del Parlamento una moción para declarar ilegales los movimientos neofascistas, luego de las violentas manifestaciones del sábado en Roma contra el pasaporte sanitario que será obligatorio a partir del 15 de octubre en todos los puestos de trabajo en Italia, protestas que tuvieron como principales promotores a grupos ultraderechistas.
Desde agosto en Italia se pide el pasaporte para entrar a varios espacios sociales y culturales, como museos, eventos deportivos o restaurantes. Este certificado se entrega cuando el ciudadano tiene una pauta de vacunación completa, un test negativo reciente o un documento que justifique haberse curado de la covid-19. Para el personal de la salud ya es obligatorio y la idea del gobierno es que también lo sea para todos los puestos de trabajo.
La moción presentada este lunes exhorta al gobierno de coalición que preside Mario Draghi a “seguir el dictado constitucional que prohíbe la reorganización del disuelto Partido Fascista” adoptando las medidas que sean oportunas. El pedido refiere en particular al movimiento Forza Nuova, que lideró una manifestación en la capital italiana en la que se calcula que participaron unas 10.000 personas que se manifestaron en contra del pasaporte sanitario. En la concentración se generaron muchos incidentes, e incluso los manifestantes llegaron a irrumpir en la sede del mayor sindicato del país, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL). La manifestación terminó con 38 policías heridos, y 12 manifestantes detenidos, entre estos el líder nacional de Forza Nuova, Giuliano Castellino.
Además, una treintena de manifestantes atacaron el área de urgencias del hospital Umberto I e hirieron a cuatro personas –dos enfermeras, una con un botellazo en la cabeza, y dos agentes de seguridad–, según informó el consejero de Sanidad de la región del Lacio, Alessio D’Amato, a la cadena RAI.
“Todas esas formaciones que se identifican con el fascismo deben ser disueltas. Es el momento de decirlo claramente”, indicó el líder de la CGIL, Maurizio Landini. El domingo el sindicalista aseguró que la invasión de la sede de la entidad que preside fue “un ataque a la democracia” y “una ofensa a la Constitución”, y convocó a una manifestación nacional que tendrá lugar el sábado bajo el lema Mai più fascismo (Nunca más fascismo).
Las firmantes de la moción presentada por el PD en el Parlamento, Simona Malpezzi y Debora Serrachiani, portavoces del sector en la Cámara Alta y en Diputados, respectivamente, pidieron a “todas las fuerzas políticas auténticamente democráticas” que firmen el pedido para que sea aprobado a la brevedad.
El jefe de la Liga, Matteo Salvini, uno de los socios del gobierno de la variadísima coalición que lidera Draghi –que incluye a partidos de izquierda, de derecha y de centro–, repudió las expresiones violentas que se registraron el sábado en Roma. No obstante, apoyó a “los trabajadores que defienden pacíficamente sus derechos y su libertad”, porque también está en desacuerdo con la obligación del certificado. Por su parte, la presidenta del partido ultraderechista Fratelli di Italia (Hermanos de Italia), Giorgia Meloni, calificó de “delincuentes” a los que desataron el caos que vivió Roma el sábado.
El lunes de tarde, la Fiscalía de Roma ordenó a la Policía el bloqueo de la web de Forza Nuova, lo que algunos analistas interpretaron como un primer paso en el sentido propuesto por el PD.
La ilegalización de este tipo de formaciones está prevista por una ley de 1952, que permite disolverlas mediante la vía judicial o por decreto del Ejecutivo, modalidad que nunca fue utilizada. El presidente Draghi no se ha pronunciado al respecto, pero fuentes del Ejecutivo explicaron a El País de Madrid que “en este momento sería complicado y podría generar el efecto contrario”. Hasta el momento sólo dos partidos de este tipo –Ordine Nuovo en 1973 y Avanguardia Nazionale en 1970– fueron ilegalizados, pero ambos por la vía judicial.