La Policía Militar del Distrito Federal logró detener el sábado a un hombre que había colocado un artefacto explosivo debajo de un camión de combustible al que iba hacer detonar en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Brasilia.
De acuerdo a lo que informó el portal UOL, el hombre identificado como George Washington de Oliveira Sousa, un empresario de 54 años oriundo del estado de Pará, situado en el extremo norte del país, confesó haber puesto la bomba, que tras la denuncia del conductor del camión que la llevaba logró ser desactivada por técnicos especializados de las fuerzas de seguridad.
Según informó la Policía en un comunicado que se hizo público este domingo, Oliveira Sousa afirmó que planeó su acción junto a otras personas que, al igual que él, participaron durante varios días en los campamentos improvisados que se ubicaron delante del cuartel general del Ejército en Brasilia, reclamando un golpe de Estado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva el 1º de enero.
En su confesión, el seguidor del todavía presidente Jair Bolsonaro dijo que pretendía instalar explosivos en al menos dos lugares de la capital federal para “iniciar el caos” que llevaría al “decreto del estado de sitio en el país”, lo que podría “provocar la intervención de las Fuerzas Armadas”.
De acuerdo a la confesión, además de la explosión en las cercanías del aeropuerto estaba planificado instalar explosivos en postes de energía cerca de una subestación de distribución en la ciudad de Taguatinga, ubicada en el Distrito Federal a menos de 20 kilómetros de la capital.
Las investigaciones policiales lograron determinar que Oliveira Sousa se trasladó desde el estado de Pará al Distrito Federal a principios de noviembre para participar en el campamento frente a la sede del Ejército, donde desde el triunfo electoral de Lula se estaban desarrollando actos antidemocráticos.
En el momento de ser detenido por la Policía en el apartamento que había alquilado en un barrio de clase de alta de Brasilia, Oliveira Sousa tenía en su poder dos revólveres, dos escopetas, tres pistolas, cinco emulsiones explosivas, municiones y uniformes de camuflaje.
Las averiguaciones posteriores determinaron que el empresario tenía porte de armas y todas ellas estaban registradas a su nombre. Sin embargo, no tenía autorización para llevarlas libremente de un lugar a otro. “La situación se agrava porque viajó de Pará a Brasilia sin el documento de autorización de transporte necesario”, explicó a medios brasileños Robson Cándido, director general de la Policía del Distrito Federal, que es el funcionario que encabezó la investigación.
Oliveira Souza, quien desde su arresto se encuentra detenido en forma preventiva en una dependencia policial de Brasilia, será imputado por un delito contra el Estado democrático y un delito de portación y tenencia de arma de fuego, según lo determinado durante una audiencia preliminar por la jueza Acácia Regina Soares de Sá, del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios.
Además, la Policía informó que ya tiene identificadas a otras personas que están involucradas en los planes de los atentados. “Tenemos información preliminar y en el transcurso de la semana es posible que se detenga a más involucrados. El detenido confesó la participación de otras personas en el intento de detonación del explosivo”, explicó Cándido.
Mientras el domingo el presidente Bolsonaro en su cuenta de Twitter ignoró por completo el episodio ocurrido en Brasilia y se limitó a publicar en las últimas horas un saludo de Navidad, por la misma vía de comunicación el futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Lula, Flávio Dino, fue sumamente crítico con la situación. De acuerdo a lo que consignó Agência Brasil, Dino expresó el domingo que el caso del atentado frustrado por la Policía demuestra que los campamentos antidemocráticos frente a los cuarteles se convirtieron en una “incubadora de terroristas”.
“Los graves hechos de ayer en Brasilia prueban que los llamados campamentos ‘patrióticos’ se convirtieron en incubadoras de terroristas. Se están tomando medidas y se ampliarán lo más rápido posible”, dijo Dino, abogado de 54 años exgobernador del estado de Maranhão entre 2015 y este año e integrante del Partido Socialista Brasileño. “El armamentismo genera otras degeneraciones. Superarlo es una prioridad”, agregó el futuro ministro.
Dino señaló que las investigaciones sobre el caso continuarán y que Andrei Rodrigues, futuro director general de la Policía Federal en el gobierno de Lula, viene dando seguimiento al tema en nombre del equipo de transición. “Ningún pacto político es posible, ni habrá amnistía para los terroristas, sus partidarios y financiadores”, enfatizó Dino.