El martes el gobierno británico firmó un nuevo acuerdo con Ruanda para reiniciar el proceso de deportación de solicitantes de asilo en Reino Unido hacia el país centroafricano.
El mes pasado, el Tribunal Supremo británico había dictaminado que el plan original firmado por ambos gobiernos violaba las leyes internacionales de derechos humanos que formaban parte de la legislación local.
El ministro del Interior de Reino Unido, James Cleverly, firmó el acuerdo con su par ruandés, Vincent Biruta.
Cleverly dijo que el nuevo acuerdo “abordaría todas las cuestiones” que planteó el Tribunal Supremo el mes pasado. Por su parte, Biruta dijo que Ruanda todavía está “muy comprometido” con el plan.
Según explicó Reuters, el nuevo acuerdo establece que Ruanda no deportará a los solicitantes de asilo a un país donde su vida o su libertad estarían en peligro.
También habrá un comité de seguimiento ante el que los solicitantes de asilo podrán presentar denuncias, además de un órgano de apelación que estará formado por jueces de diferentes países. Por otra parte, el gobierno de Reino Unido accedió a pagar los gastos de alojamiento y manutención de las personas reubicadas en Ruanda por hasta cinco años.
Cleverly dijo que su esperanza es que la deportación de inmigrantes a Ruanda pueda comenzar en los próximos meses, porque el nuevo acuerdo ya ha abordado todas las cuestiones planteadas por la Justicia.
Sin embargo, según abogados y organizaciones caritativas, es poco probable que los vuelos de deportación comiencen antes de las elecciones previstas para el año que viene.
El Ministerio del Interior también publicó una legislación de emergencia, que se presentará al Parlamento el jueves, que deja claro que Ruanda es un país seguro para los solicitantes de asilo.
La legislación fue publicada con una declaración de Cleverly: “No puedo declarar que, en mi opinión, las disposiciones del proyecto de ley de seguridad de Ruanda (asilo e inmigración) sean compatibles con los derechos del Convenio [Europeo de Derechos Humanos], pero el gobierno desea, no obstante, que la cámara proceda con el proyecto de ley”.
La advertencia significa que las nuevas medidas podrían ser impugnadas legalmente y el Tribunal Supremo podría fallar que violan obligaciones relacionadas con los derechos humanos.
Biruta rechazó las afirmaciones de que Ruanda no es un país seguro y preguntó, después de firmar el acuerdo con Cleverly: “¿Cómo pasamos de ser un país modelo a un país peligroso en sólo cuatro cortos años? ¿Y en qué medida esta percepción está relacionada con las políticas internas de Reino Unido?”, según informó Sky News.
Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para Refugiados de Reino Unido, criticó el plan de deportaciones a Ruanda y dijo: “Sabemos las terribles consecuencias que estos planes tienen para los refugiados con los que trabajamos, que están siendo empujados a situaciones inseguras y peligrosas”, consignó The Guardian.
Agregó: “Muchos evitan el contacto con los servicios esenciales porque temen ser expulsados a Ruanda, lo que aumenta el riesgo de explotación y abuso”.
El miércoles, el ministro de Inmigración, Robert Jenrick, renunció como consecuencia de la gestión gubernamental del plan para Ruanda.
Según explicó Sky News, Jenrick estaba alentando al primer ministro, Rishi Sunak a adoptar la versión más dura de la legislación; sin embargo, Sunak no pudo cumplir con estas demandas por riesgo de causar descontento entre la facción más moderada del Partido Conservador.