Imágenes de cientos de presos descalzos, vestidos con apenas un pantalón corto, con la cabeza rapada, esposados y engrillados fueron difundidas el fin de semana por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El gobernante del país centroamericano dio a conocer así el traslado de 2.000 personas privadas de libertad hacia una nueva cárcel, inaugurada este año por su gobierno y presentada como la mayor prisión de América Latina.
En el video los presos corren agachados, con las manos esposadas a la espalda. Se sientan en el suelo en fila, uno junto al otro, antes de ser llevados a sus celdas. Son algunos de los miles de detenidos bajo el régimen de excepción que rige desde hace casi un año en El Salvador en el marco de la “guerra” que el gobierno declaró a las pandillas.
“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo”, tuiteó Bukele. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, agregó.
“Vean a estos terroristas... ¿Ya no dan miedo, verdad? ¡Exacto!”, expresó el presidente. “Los criminales no causan ningún temor, una vez que son despojados de la protección del Estado y de los políticos corruptos y organismos internacionales que los financian y los defienden”, afirmó el mandatario de 41 años.
La nueva cárcel se suma a las políticas de seguridad de Bukele, que han conducido a la detención de decenas de miles de sospechosos de integrar pandillas y que recibieron críticas de organismos de derechos humanos por la falta de garantías para los detenidos. El complejo fue construido en apenas siete meses en una zona rural cercana a la localidad de Tecoluca, a unos 75 kilómetros de San Salvador. La prisión está rodeada por un muro de 11 metros de altura y por una alambrada electrificada. Según dijo Bukele al inaugurarlo, es “la cárcel más grande de toda América” y “sería imposible que salga un reo” de allí.
Al igual que los otros componentes de la “guerra” declarada por Bukele a las pandillas, la nueva cárcel ha sido cuestionada. La organización Amnistía Internacional manifestó su “profunda preocupación” por este nuevo centro que “podría suponer la continuidad y el escalamiento” de los “abusos” que implica esta política, como las detenciones masivas y arbitrarias. Organizaciones de derechos humanos salvadoreñas, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han recibido más de 7.900 denuncias de abusos de ese tipo.
Irene Cuéllar, investigadora de Amnistía Internacional para América Central, dijo a la Deutsche Welle que desde el inicio del régimen de excepción su organización “ha logrado documentar casos y ha recibido reportes y denuncias que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos”, entre las que mencionó “tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas detenidas y muertes bajo custodia en diversos centros penales”. También señaló que, al inaugurar la nueva cárcel, “las autoridades penitenciarias mostraron y describieron ciertas condiciones en las que planean mantener a las personas recluidas en dicha instalación, algunas de las cuales son contrarias a los estándares internacionales”.
Por su parte, la organización Socorro Jurídico Humanitario denunció el fin de semana que cuatro hombres detenidos en el marco de esta política aparecieron muertos en una fosa común, informó la agencia Europa Press. “Iniciamos la sistematización de las personas inocentes que el Estado capturó, metió en prisión, mató y enterró en fosas comunes sin dar aviso a familiares. Ninguno está perfilado como pandillero”, denunció la organización.
Según su denuncia, uno de los fallecidos es Henry Eleazar Joya Jovel, de 45 años, que murió el 8 de mayo de 2022 y fue enterrado con otro nombre en una fosa común. La familia se enteró de su muerte el 19 de setiembre, después de que el hermano de Henry hiciera averiguaciones y pidiera a Medicina Legal ver fotos de los cadáveres enterrados en el cementerio La Bermeja, de San Salvador, y allí fue reconocido. Otro caso es el de Rafael López Castellón, de 53 años. También él fue detenido bajo el régimen de excepción, acusado de pertenecer a pandillas, el 21 de abril. Murió el 1º de junio de 2022 en el hospital Zacamil, y luego fue enterrado en una fosa común en La Bermeja. Su familia se enteró dos meses después.
También tuvieron que pasar meses para que la familia de Rosa Avilés, de 76 años, supiera que había sido enterrada en una fosa común. Mientras tanto, los familiares seguían llevándole paquetes a la prisión, señaló Europa Press. Un cuarto caso es el de Marvin Antonio Benítez, de 23 años. Su familia supo de su muerte seis meses después de que ocurriera. Como los demás, había sido detenido bajo el estado de excepción.
Pese a la gravedad de las denuncias, la política de Bukele todavía cuenta con apoyo entre la población, y las autoridades atribuyen a este abordaje la caída en los homicidios, que en 2022 fueron 496, 57% menos que en 2021, según cifras oficiales.