Una comisión integrada por 16 diputados y 16 senadores se instaló el jueves en el Congreso de Brasil para investigar los ataques contra las sedes de los tres poderes del Estado, cometidos el 8 de enero por miles de bolsonaristas. La comisión investigadora, cuyo trabajo se extenderá por seis meses, estará presidida por el diputado Arthur Maia, de Unión Brasil, un partido que integra la alianza de gobierno. En el cargo de relatora –que tiene entre sus tareas definir el plan de trabajo que seguirán los integrantes de la comisión– fue designada Eliziane Gama, una senadora centroderechista que también es aliada del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Consultada sobre si la comisión convocará al expresidente Jair Bolsonaro a declarar, Gama evitó anticipar una decisión. “Si el expresidente Jair Bolsonaro será convocado o no es un debate que podrá darse a lo largo del proceso. Creo que anticipar ahora quién será convocado es temerario. Estamos en una primera fase del proceso y en esa fase de investigación se necesita determinar el punto fundamental que es la búsqueda de los autores intelectuales y financiadores”, dijo, de acuerdo con la revista Carta Capital. “Las pruebas que van a llegar nos darán un parámetro de la necesidad de convocatoria o no”.
Si bien quienes asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal eran partidarios de Bolsonaro, fue la extrema derecha la que propuso la instalación de esta comisión investigadora. Según informó la agencia Efe, lo hizo con la expectativa de instalar la idea de que el gobierno de Lula fue “omiso” frente a la acción de los atacantes y que facilitó su actuación para generar una reacción de “solidaridad” con el presidente.
El jueves el diputado Rogério Correia, del Partido de los Trabajadores, dijo que tiene la convicción de que la comisión “desmontará las mentiras” del bolsonarismo, que “acusa” del golpe a “la víctima”, que fue “la democracia brasileña”.
El 8 de enero en la Justicia
El Supremo Tribunal Federal inició el martes el proceso contra 131 involucrados en el asalto a los tres poderes. Con ellos, suman 1.176 los procesados por esos ataques, informó la Agencia Brasil. En total, la Procuraduría General de la República presentó cargos contra 1.390 personas. La principal acusación que enfrentan los involucrados es la de incitación al levantamiento de las Fuerzas Armadas contra el poder constituido.
Por esos hechos fue detenido el martes un oficial de la Policía Militarizada de Brasilia, el mayor Flávio Silvestre de Alencar, quien el día de los ataques dirigía un batallón responsable por la seguridad de la sede del Congreso. Según la investigación de la Policía Federal, De Alencar ordenó a las tropas que se retiraran y así facilitó el avance de los atacantes. Se lo acusa de un delito de omisión.
Los detenidos por esos ataques llegaron a ser 2.000. Ahora quedan en prisión unos 300 y los demás esperan en libertad el final de su proceso, en algunos casos con medidas cautelares. Esa es la situación del exsecretario de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres, que era ministro de Seguridad del gobierno local de Brasilia durante el asalto. Se sospecha que Torres ordenó reducir la seguridad en la capital antes del asalto, pese a tener información sobre los riesgos. Por cuatro meses estuvo en prisión preventiva, pero luego quedó en libertad con la condición de entregar su pasaporte, usar tobillera electrónica y no entrar en contacto con otros involucrados en la causa.
En la casa de Torres se encontró, además, el texto de un decreto golpista, que disponía la anulación de las elecciones de octubre en las que Lula ganó la presidencia, otro elemento que apuntaría a su responsabilidad y que involucra a Bolsonaro. El expresidente ultraderechista tiene 24 expedientes abiertos en la Justicia y se investigan, entre otras conductas, su eventual participación como instigador en los ataques del 8 de enero.
Expedientes contra Bolsonaro
Mientras Bolsonaro fue presidente, contaba con fueros que lo protegían de varias investigaciones. Pero desde que dejó el cargo puede ser juzgado por jueces de primera instancia y no sólo por el Supremo Tribunal Federal. De todos modos, algunos casos fueron abiertos durante su presidencia, entre ellos, varios vinculados con fake news, como la causa abierta sobre milicias digitales que atentaban contra la democracia. A Bolsonaro se lo investiga también por haberse reunido con embajadores extranjeros durante la campaña electoral para transmitirles información falsa sobre la fragilidad del sistema de votación brasileño. “Hablamos sobre el sistema electoral brasileño, buscando transparencia, nada más”, dijo la semana pasada a la revista Veja.
También se lo investigó por la acusación del exjuez Sérgio Moro de que intentó interferir en la actuación de la Policía Federal cuando él era ministro de Justicia. En este caso, la Procuraduría General pidió el archivo por falta de pruebas.
Hubo novedades el viernes en otro expediente, cuando el Tribunal de Justicia del estado de San Pablo ratificó una condena que obliga a Bolsonaro a pagar 50.000 reales, unos 10.000 dólares, por “daño moral colectivo” contra los periodistas por sus reiterados ataques a la prensa. El caso se abrió por una denuncia presentada por el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de San Pablo.
Cuando se cometieron los ataques del 8 de enero, Bolsonaro estaba en Estados Unidos, a donde viajó dos días antes de terminar su mandato para evitar entregarle el poder a Lula, cuya victoria nunca llegó a reconocer abiertamente. A su regreso al país, el 30 de marzo, tuvo que declarar por los ataques del 8 de enero y otras dos investigaciones judiciales.
Una de estas indaga si el expresidente manipuló su certificado de vacunación, junto con los de familiares y asesores, para ingresar en diciembre a Estados Unidos, pese a las restricciones vigentes por el coronavirus. Al declarar ante la Policía semanas atrás, Bolsonaro negó haber falsificado el certificado y volvió a decir que no se vacunó contra la covid-19. El expresidente fue uno de los gobernantes que difundieron desinformación e hicieron campaña en contra de la vacunación de la covid-19, enfermedad que dejó cerca de 700.000 muertos en su país.
Otro caso judicial por el que tuvo que declarar desde su regreso al país fue el de las joyas saudíes, en el que es investigado por sospechas de haberse apropiado de un regalo de Arabia Saudita que en realidad era para el Estado brasileño. “¿Son joyas caras?”, dijo Bolsonaro en marzo ante la prensa, y agregó: “Sí, queridos, y es por la amistad que tuve con el mundo árabe”.