Por orden de la Justicia, la Policía Federal lanzó en la mañana de este jueves la fase 11 de la operación Lesa Patria, como se conoce al conjunto de investigaciones dirigidas a investigar a los participantes, financiadores y organizadores de los actos golpistas protagonizados por militantes bolsonaristas el 8 de enero.
En la operación policial del jueves, el objetivo apuntó contra los financiadores de los ataques golpistas y fue en ese marco que con las órdenes emitidas por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, se produjeron 22 allanamientos en los estados de San Pablo, Mato Grosso do Sul y Paraná.
Según informó el portal Metrópoles, los blancos de los allanamientos fueron coleccionistas de armas, tiradores o cazadores deportivos, pero la mayoría de los inmuebles allanados pertenecían a empresarios del rubro del agronegocio oriundos del interior del estado de Paraná.
Pero una de las acciones policiales más comentadas del jueves fue la incautación de dinero en efectivo que se produjo en la casa del empresario Geraldo Cesar Killer, de 58 años, en la ciudad de Baurú, en el interior paulista. Killer es un ejecutivo de bienes raíces que se desempeña realizando consultorías de gestión empresarial, además de trabajos de inmobiliaria y de loteo de terrenos.
Según datos que figuran en el sitio web del Tribunal Superior Electoral (TSE), Killer donó 10.000 reales -algo más de 2.000 dólares- para la campaña presidencial de Jair Bolsonaro, candidato del Partido Liberal en las elecciones del año pasado y otros 10.000 para la campaña al Senado de Marcos Pontes, exministro de Ciencia y Tecnología, también integrante del Partido Liberal.
Además, en otro de los allanamientos en la casa del empresario Adoilto Fernandes Coronel, en la ciudad de Maracaju, en Mato Grosso do Sul, la Policía encontró un arsenal con armas de todo tipo. Fernandes Coronel, un connotado partidario del expresidente Bolsonaro, es propietario de una tienda de materiales de construcción en Maracaju, localidad situada a 150 kilómetros de Campo Grande, la capital de Mato Grosso do Sul.
El nombre de Adoilto Fernandes no es nuevo para la Justicia: figuraba como presunto financiador de actos terroristas en una lista divulgada por la Fiscalía General de la República en febrero. Además de él, 52 personas naturales y siete personas jurídicas tuvieron sus activos bloqueados a pedido de la Fiscalía en ese momento.
Tras el episodio, Adoilto emitió un comunicado negando haber estado en Brasilia el 8 de enero. Además, el empresario bolsonarista aseguró que el material difundido que incluía su nombre eran “relevamientos preliminares, sin ninguna certeza”.
En el marco de la operación realizada este jueves, el ministro De Moraes también ordenó el bloqueo de bienes y valores de los investigados hasta un tope de 40 millones de reales (aproximadamente ocho millones de dólares) para cubrir y reparar los daños causados a la propiedad pública el 8 de enero.
Los hechos investigados constituyen, en teoría, los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación delictuosa, incitación al delito, destrucción y deterioro o destrucción de bienes especialmente protegidos.
Según informó la Policía Federal, las investigaciones continúan y la operación Lesa Patria está activa de manera permanente, con actualizaciones periódicas sobre la cantidad de órdenes judiciales emitidas, personas capturadas y quienes están prófugos.